El jueves 17 de abril, vecinos de Altavista y otros barrios de la capital se concentraron en el parque del Canódromo, en Schamann, para pedir la paralización inmediata de las obras de las dos torres de 15 plantas, cuya construcción se ha acelerado en las últimas semanas, pese a la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias del plan especial que las ampara.

Miembros de la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta ‘Avecalta’ se concentraron esta tarde en el parque del Canódromo, en contra de la decisión del Ayuntamiento de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), que anula el Plan Especial de la zona, dando la razón a los vecinos. Para María Ángeles Sánchez, portavoz de la Asociación, el alcalde tiene “miedo a cumplir con lo prometido en su programa electoral, cuando aseguró que no recurrirían sentencias favorables a los ciudadanos de la capital”.

Los manifestantes colgaron en la entrada del parque, junto al puente de Obispo Romo, una pancarta que resume las sospechas y peticiones de los vecinos: “El Ayuntamiento se dedica a taparle las vergüenzas a la Corporación anterior. Que se respete la sentencia del TSJC, basta ya de tanta corrupción”. Los vecinos están convencidos que existen intereses ocultos detrás del recurso del Consistorio, que alega la imposibilidad de hacer frente a la indemnización, en caso del bloqueo de la obra, que asciende aproximadamente a unos 33 millones de euros.

Sánchez exige que se restablezca el edificio de servicio público que existía antes, que se tire lo construido y se planten árboles. Admite que algo debe quedar, la construcción ya había horadado el hueco para los sótanos, “que se pueden emplear en crear plazas de aparcamiento para los vecinos de la zona. Siempre gestionado por el Ayuntamiento”, puntualizó.

EL AYUNTAMIENTO NO PARA LA OBRA

“Lo que no puede ser es que una compre una casa con vistas a un parque y un día, se asome y vea un socavón camino de convertirse en una torre”, lamentó Encarna Morín, vecina afectada. Justamente Morín explicó  que el 14 de abril, tuvo que llamar a la Policía Local porque “eran las 22:30 horas y todavía seguían trabando los obreros. La respuesta del efectivo fue que tenía ordenes de arriba y la obra no se podía parar”.

Los vecinos concentrados, bajo la mirada de dos operarios de la obra, corearon consignas en contra de la construcción de los dos edificios que se esperaba que tuvieran cincuenta metros de altura, cada uno. “Una barbaridad que quita las vistas y nos arrebata un espacio público”, explicó Sánchez. En el suelo donde se construyen actualmente los edificios había una plaza pública y estaba destinado para uso verde deportivo. La desclasificación para convertirlo en residencial, generó el descontento de los habitantes de la zona, llegó a los tribunales y acabó con la imputación por prevaricación de la ex alcaldesa, Pepa Luzardo y el ex concejal de Urbanismo, Felipe Afonso.