SB-Noticias.- Ciudadanos de Santa Cruz preguntará en el próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el martes 22 de abril, por la digitalización  contratada hace dos años, cuyo coste asciende hasta los 40 millones de las antiguas pesetas, pues todo indica a que esa digitalización no se ha producido. Señala Odalys Padrón, miembro de esta formación política, que en la mesa de contratación de esta digitalización ya se produjeron ilegalidades, puesto que en la misma se encontraba el concejal de la Corporación Brito Arceo (PP), como él mismo admitiría en declaraciones a la prensa, a pesar de que sostiene una amistad con el responsable de la empresa contratada.

El propio concejal del PP admitía en declaraciones a la prensa que estuvo presente en la mesa de contratación, aún cuando la empresa con que se contrataba es propiedad de un amigo suyo, afirmando además que qué importancia tenía este extremo si en dicha mesa habían más personas. Recuerda Odalys Padrón que la ley es muy clara a este respecto, y prohíbe tajantemente que en una mesa de contratación pueda sentarse una persona a la que le une algún tipo de vínculo con la otra parte, de la índole que éste sea.

Una vez transcurridos los dos años desde la contratación de la digitalización establecidos en el pliego de condiciones, Ciudadanos de Santa Cruz pedirá en el pleno que el martes se celebrará en la institución, por la materialización efectiva de esta contratación. Comenta Padrón que preguntarán en qué lugar se ubican los aparatos que la empresa se comprometía a instalar por 62.000 euros, así como por las dos personas que se contrataban durante un año, por 102.000 euros, que debían realizar la digitalización.

Señala Padrón que, si estas personas fueron contratadas, por qué la concejal Esther Sarrautte establece un convenio con la Universidad de La Laguna para pagar 8.000 euros a cada uno de cinco becarios, para que lleven a cabo exactamente el mismo trabajo que los anteriores. Entiende Ciudadanos de Santa Cruz que se podría estar tratando de “hacer desaparecer” las irregularidades anteriores con este convenio.

Explica Odalys Padrón que el propio interventor es muy claro respecto de este convenio, advirtiendo que es irregular, y que debería ser una contratación, y no tener naturaleza de convenio.