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¿La alcaldesa de Granadilla acepta la construcción del Puerto? Imprimir E-Mail
lunes, 14 de abril de 2008

ImageCarmen Nieves Gaspar, actual alcaldesa de Granadilla, se ha ganado un sólido prestigio por su oposición al destructor Puerto de Granadilla. Posiblemente deba la alcaldía a la coherencia con que se ha opuesto a que se destroce aún más la costa de su municipio.

Por ello ha sorprendido sobremanera unas declaraciones que ha realizado de las que parece deducirse que Carmen Nieves pudiera dar por inevitable el manifiestamente ilegal comienzo de las obras de dicho puerto.

Éstas son las palabras textuales de las que les hablamos:

“...SI FINALMENTE SE ACOMETE ESTA OBRA, Y AL PARECER ASÍ VA A SER, NOSOTROS DESDE LUEGO LO QUE VAMOS A TRATAR ES DE QUE NUESTRO MUNICIPIO TENGA ALGÚN BENEFICIO TAMBIÉN DE ESTA INFRAESTRUCTURA...”

SB-Noticias espera poder hablar con ella en el programa “La Trapera”, con el objetivo de aclarar el tema.

Recordamos que en una entrevista recientemente concedida a Radio San Borondón manifestó que exigiría que se cumpliera la legalidad, y parece del todo evidente que por múltiples motivos el comienzo de esta obra sería ilegal. Para quienes no hayan seguido el tema con detalle, les remitimos a las recientes declaraciones de Pedro Anatael Meneses y Cándido Quintana, significados miembros del movimiento ciudadano de la isla.

Así, Pedro Anatael Meneses, portavoz de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz y ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, aseguraba en una de sus últimas declaraciones que el inicio de las obras de construcción del Puerto de Granadilla sería absolutamente ilegal, pues se estarían contraviniendo distintos puntos de los dispuesto en la Comisión de la UE. “Es demencial que se abra la página de algunos periódicos afirmando que las obras van a comenzar” y, como gran conocedor del tema, comenta: “Las obras podrán empezar, sin lugar a dudas, pero ilegalmente”.

“Algunos parece que están propiciando que se haga el Puerto”, comenta Meneses sin ocultar su indignación por la entidad otorgada a la noticia del inminente comienzo de las obras. Analizando el Dictamen de la Comisión europea sobre el proyecto de Granadilla, observa que éste es claro y que no deja margen alguno a dudas o distintas interpretaciones.

Así, señala que este Dictamen, vinculante y de obligado cumplimiento, propicia en efecto la creación de la fundación pública Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, antes de que den comienzo las obras y con carácter permanente, con el fin de controlar el estado de las tendencias de la biodiversidad local, fundamentalmente. Especifica, además, que los posibles cambios futuros de la fundación no reducirán su independencia ni sus competencias, ni su permanencia, y que toda modificación de sus estatutos deberá ser notificada y aprobada directamente por la Comisión.

En cambio, recuerda Meneses que estos estatutos fueron creados hace bien poco, concretamente el pasado 1 de febrero, por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, sin que hayan sido ratificados por la Comisión de la UE. Apunta, además, que la creación de esta fundación compete a la Administración central del Estado español, pues es el que gestiona las relaciones con la UE. Aunque considera que es un bonito gesto incluir en este proceso al Gobierno de Canarias, asegura que la decisión que adoptó ayer su Consejo de Gobierno respecto de la creación de la fundación, no es de su competencia.

Explica el portavoz de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz que los estatutos no están ratificados por la UE: “No hay por dónde cogerlos...”, comenta. A su juicio, leyendo las normas que la propia Comisión expone acerca de éstos, se llega a la conclusión de que “no son sólo rechazables, sino denunciables”.

Para empezar, éstos ubican la sede social de esta fundación en la sede de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz. Se pregunta Meneses cómo es posible que esta organización tenga carácter independiente y libre, como exige la UE, si incluso su sede social se encuentra en el organismo que hay que controlar.

Destaca, asimismo, que en los estatutos se determina que la fundación tendrá una dotación mínima anual de 200.000 euros para sus gastos. “¿Qué gastos?”, inquiere Meneses, pues comenta que estos mismos estatutos especifican que los patronos de la fundación no cobrarán sueldo. “Pero no habla de dietas...que a veces suelen ser importantes”, dice, añadiendo que, por ejemplo, los consejeros de la Autoridad Portuaria no tienen tampoco asignado un sueldo, pero sus dietas superan los 9.500 euros anuales.

Entiende que no se puede hablar de independencia cuando la composición del patronato de la fundación está compuesto, prácticamente al 100%, por personas con implicaciones políticas. La única excepción es la de un vocal en representación de las asociaciones ecologistas. Pero como ninguna de éstas quiso participar en lo que Meneses califica como “chanchullo”, se admitió “a un señor, que representa unas siglas y un nombre, porque la ley de asociaciones dice que representa también al ecologismo... Van y le nombran, y se quedan tan panchos”, comenta el portavoz de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz.

En cuanto a los fines para los cuales la Comisión de la UE determina la creación de la fundación, asegura Meneses que tampoco se les da cumplimiento. Los mismos establecen que la fundación debe tener capacidad para llevar a cabo un control exhaustivo y, en caso de producirse alguna anomalía, poder actuar con inmediatez. Sin embargo, los estatutos no le dan capacidad de ningún tipo a esta fundación, mas que a título de orientación.

Por último, destacaba Pedro Anatael Meneses que tampoco se ha dado cumplimiento en el proyecto de una parte que la comisión determina como “fundamental”. Se trata del trasvase de arena de norte a sur, con el fin de mitigar las repercusiones previstas de interreducción de los movimientos de arena en las aguas costeras. “Eso no se ha hecho”, señala Meneses, quien además aclara que de hacerse ahora implicaría una modificación sustancial del proyecto, lo que a su vez implicaría la obligatoriedad de llevar a cabo un nuevo estudio de impacto ambiental.

Como voz de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, y haciéndose eco de los deseos de muchos, concluye Meneses: “No queremos el Puerto de Granadilla... a ver si alguien se entera. Y no lo queremos no porque no nos dé la gana; lo decimos con argumentos, y los ponemos sobre la mesa. Hay alternativas a ese proyecto, y no es necesario seguir destruyendo el medio ambiente”.

 

 

 
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