Justo Fernández Rodríguez.- 

Con algún retraso, he recibido el Barómetro Global de la Corrupción 2007, de Transparency International(TI) y no he encontrado ninguna sorpresa agradable... La encuesta ha sido realizada, en 60 países, con un amplio espectro de información, de 63.199 ciudadanos. Las principales conclusiones del Barómetro Global de la Corrupción, no difieren de las anteriores:

-Los partidos políticos, el poder legislativo-parlamento,  congreso e instituciones con el poder de representar el interés público, continuan siendo considerados como las instituciones más corruptas.

 -Los pobres, tanto de los países en desarrollo como en aquellos altamente industrializados, son las persona más perjudicadas por la corrupción e, incluso, los más afectados por la necesidad de recurrir a los pequeños sobornos para lograr servicios básicos. 

- En muchos países, la policía y el poder judicial, forman parte del círculo de la corrupción, lo que significa que “la corrupción interfiere con el derecho básico de igualdad ante la ley”. TI, durante 2007, publicó un informe que afectaba a las cortes: “jueces y personal judicial aceptan sobornos para demorar o acelerar la resolución de los casos, para permitir o negar una apelación o para incidir en el veredicto final”.

-Las expectativa de los ciudadanos, sobre un descenso de los niveles de corrupción, ha empeorado. En 2003, el 43% de los encuestados manifestaba su esperanza en que la corrupción disminuyera. En 2007, solo un 20% de los entrevistados espera que descienda el nivel de corrupción, en un futuro cercano. Mas del 50% de los sondeados piensan que el nivel de corrupción se va a incrementar en los proximos tres años. Las mujeres son mas pesimistas que los hombres.

-El 50% de los encuestados considera que los esfuerzos de sus gobiernos por luchar contra la corrupción son ineficaces.

-Actualmente, aumenta la consideración del rol de las empresas privadas en los procesos de corrupción política.

Huguette Labelle, presidenta de Transparency Internacional, entiende que, “convertir las promesas en acciones es esencial si se pretende que los esfuerzos anticorrupción tengan algín impacto entre la gente común. Pero, los gobiernos no son los únicos responsables. Necesitamos tambien ver acciones concretas de la sociedad civil y del sector privado”.

Transparency Internacional España(TI), ha elaborado un informe, en el que se denuncia un aumento de la corrupción, como consecuencia de la multiplicación de escándalos, vinculados a la denominada especulación urbanística, incentivada, cuando el gobierno de Aznar, en 1998, declaró urbanizable todo el suelo, excepto, el expresamente protegido que, en buena parte, ha sido aligerado de protección real.

La corrupción adopta múltiples formas. Las más extendidas son la aceptación de sobornos, por la concesión de licencias comerciales; recalificaciones de terrenos rústicos, en urbanizables; privatización de servicios públicos o la concesión de campañas publicitarias a empresas cercanas al poder.

Para conseguir un trato privilegiado de los poderes públicos, muchos especuladores, no dudan en pagar sobornos, comisiones, regalar parcelas, apartamentos, pisos, chalets, plazas de garage, locales comerciales a  políticos desvergonzados e indignos de representar a los ciudadanos, autenticas víctimas de esa política, donde el enriquecimiento de unos, por el sobrecoste de las obras públicas e infraestructuras, muchas veces, no prioritarias o innecesarias, diez veces mayor que el coste presupuestado, tienen desastrosas consecuencias en la calidad de los servicios públicos, educación, sanidad, protección social, seguridad en el trabajo, transporte público o medio ambiente. No pocas veces, importa más el negocio de construir grandes obras, para proporcionar multimillonarias ganancias a los constructores amigos, que los beneficios que, tales obras, puedan proporcionar a los ciudadanos.

Transparencia Internacional(TI), denuncia que, en España, “no existe una oficina o agencia especializada en el control y persecución de este tipo de actuaciones corruptas, aun cuando la Fiscalía Anticorrupción centraliza las investigaciones cuando los delitos tienen suficiente importancia. No obstante hay que reconocer que esta Fiscalía carece de medios suficientes para realizar este tipo de investigaciones.” Tampoco “existen sistemas de protección de los denunciantes de casos de corrupción, en España o en países extranjeros”. En consecuencia, “quien denuncia se puede ver sometido a represalias, sin que la Administración le proteja”…”Nuestro sistema es bastante exigente con la contabilidad empresarial y las auditorías”, pero, “no es nada exigente con la obligación de comunicar cuentas o movimientos sospechosos, con  lo que España es un país donde el blanqueo de capitales es sencillo”.

De acuerdo con fuentes del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, de la OCDE, “las comunicaciones de operaciones sospechosas, en España, son de las más bajas de los países desarrollados y la colaboración de notarios y registradores, es prácticamente nula”. En concreto, de las 2296 comunicaciones sospechosas, en 2005, los notarios y registradores emitieron solo 9.

En España, la influencia política en la justicia es evidente. “Normalmente, los organos de gobierno judicial tienen influencia  y/o composición política y están sometidos a la presión de quienes los nombraron para que actúen con criterios partidistas…Cuando existe corrupción política en puestos de responsabilidad, en la estructura de gobierno de los jueces, se ejerce presión sobre magistrados corruptos o influenciables que pueden presionar sobre los jueces para que sus patrones políticos salgan inmunes de las investigaciones”.

Por todo esto, en España, la corrupción relacionada con la especulación inmobiliaria, el enriquecimiento fácil y la complicidad de políticos deshonestos, se ha incrementado en niveles casi geométricos, sin una reacción adecuada del Gobierno y de la ciudadanía, la gran víctima. Se llega al extremo de, en muchos casos de corrupción, los cargos políticos imputados, concejales, alcaldes o presidentes de diputación o cabildos, son aplaudidos por los ciudadanos o reelegidos en nuevos procesos electorales, sin que los dirigentes autonómicos o estatales, de las formaciones políticas a que pertenecen, tomen ninguna medida disciplinaria, salvo acusar a jueces y fiscales de formar parte de una conspiración política.

Por eso resulta inconcebible que, en el Debate de Investidura de Rodríguez Zapatero, convertido en  sucedáneo del Debate sobre el  Estado de la Nación,  no hubiera ni una sola alusión a la corrupción y mucho menos a medidas para corregirla, cuando mas de 700 cargos públicos, en su mayoría del Partido Popular, especialmente de Madrid, Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Castellón, Baleares, León o Galicia,  están imputados por distintos delitos de corrupción. En Gran Canaria y Tenerife, decenas de casos de corrupción, mantienen imputados a más de medio centenar de alcaldes, concejales y funcionarios públicos, en su gran mayoría del Partido Popular y Coalición Canaria.

Una gran parte de los ciudadanos de estas latitudes, acomodaticios con el poder establecido, no es consciente de las negativas consecuencias sociales de la corrupción política. No son pocos, los que  llegan a decir, “Si estuviera en ese puesto, habría hecho igual”.

Todos somos responsables, en distinta medida, de los indeseables niveles de corrupción, consecuencia de la influencia de determinados sectores económicos en la acción de los dirigentes políticos de  Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos o gobiernos autónomos.  Pero, también está en nuestras manos reconducir la actual situación. ¿Tenemos esa voluntad o preferimos integrarnos en la indeferencia suicida o en el fango clientelar de la corrupción?.

Justo Fernández Rodríguez