Artículo suscrito por 29 profesores del IES Santa Ana (Candelaria, Tenerife).-

“LA GUERRA SUCIA EN EL CONFLICTO DE LA EDUCACIÓN: DE LAS MEDIAS VERDADES, EL ABUSO DE PODER Y LA INFAMIA RAMPANTE”

Todo trabajador posee el legítimo derecho a reivindicar una mejora en sus condiciones laborales. Los profesores de Canarias,- que también somos trabajadores -, llevamos más de un año luchando por la homologación de nuestro colectivo con el resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma del mismo grupo. Lo inédito de este conflicto es la hiriente y ofensiva campaña de medias verdades, tergiversaciones e infamias que venimos padeciendo por parte de nuestra propia Consejería y Gobierno.

La cuestión se torna más grave y adquiere tintes más dramáticos cuando se juega con la ya de por sí devaluada imagen del profesorado. Se ha obrado de manera irresponsable, alimentando una hoguera en la que se conocía que el tópico burdo y la caricatura ramplona de un colectivo de veinte mil trabajadores, ardería con facilidad. Con una opinión pública que ya no nos respeta, fue sencillo colocarnos al pie de los caballos, sólo hubo que ejercer lo que los ciudadanos les otorgamos: poder.

Resulta sorprendente que cuando emiten en la televisión, radio o publican noticias y artículos sobre el conflicto, (en especial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife), no hay ni una sola versión, testimonio o réplica del profesorado. Está el político, opina el periodista demagogo, aparece el padre indignado, pero...¿dónde está el profesor?, al fin y al cabo es el protagonista y algo debe tener que comunicarnos. Alguien se olvidó de nosotros, hace ya demasiados años que nadie nos considera ni tiene en cuenta, siquiera para la enésima reforma educativa que padecemos.

Pero volvamos a las mentiras. No es cierto que seamos el colectivo de docentes mejor pagado del Estado, como se ha dicho, ni mucho menos que ganemos más que los profesores fineses, como la atrevida, mas ignorante voz de un periodista radiofónico rubricó. Tampoco es cierto que la homologación sea jurídicamente inviable, de hecho hubo ya un período de tiempo, desde el año 1991 a 1995, en que estuvimos homologados. No se comprende que el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería, nos señale como exclusivos responsables de los malos resultados educativos. ¿Y dónde queda su gestión?, ¿quién nos ha gobernado a lo largo de más de una década?, ¿es que sólo los profesores podemos mejorar el sistema?, ¿para qué cobra nuestra Consejera un salario “homólogo” al de muchos ministros (81.072 euros)? Por cierto, y ya que generalizamos, alguna responsabilidad tendrán los padres en la educación de sus hijos, ¿o es que ya no se educa en las familias? Cada vez con mayor descaro, se delegan en los docentes funciones propias de los padres y se exige a los profesores que compensemos la orfandad y el abandono que sufren muchos de nuestros alumnos. Nadie nos ha preguntado, nadie nos ha orientado ni proporcionado la formación necesaria y a fe que una gran mayoría de profesionales ejerce con compromiso y buena voluntad todo este nuevo abanico de tareas que el cambio social trajo.

Como se puede ver, los profesores no negamos la gran carga de responsabilidad que nuestra labor implica, pero no es justo ni responde a la verdad que se nos culpe de manera exclusiva del fracaso escolar. ¿Y el éxito escolar?, ¿alguien ha imaginado que la situación aún podría ser peor y que quizá es sólo por el denodado compromiso de este colectivo que el sistema no haga aguas y se hunda? ¿Conoce la Opinión Pública las difíciles condiciones materiales y humanas en que trabajamos? No mendigamos comprensión, exigimos sólo que se nos trate con respeto y ecuanimidad, como se considera a otros trabajadores, ni más, pero tampoco menos.

Hace unas semanas, la Administración volvió a presentarnos básicamente la misma propuesta que rechazó el 80 % del profesorado de Canarias, en el referéndum de enero: ¿no resulta esta actitud despreciativa y antidemocrática? Ya hemos cumplido los seis días de huelga. En las dos últimas jornadas, la Consejería aumentó de manera desproporcionada y unilateral los servicios mínimos acostumbrados: ¿qué temían? Paralelamente, estudiaron la posibilidad de prolongar el calendario escolar para “compensar” los días perdidos por las movilizaciones: ¿pretendían hacernos trabajar las jornadas de huelga que, obviamente, nos descuentan de la nómina? La ceremonia de la confusión alcanza el punto culminante cuando se reúnen con las asociaciones de padres y nos desacreditan en un impostado gesto de preocupación por la educación de sus hijos. La Consejería se preocupa enormemente por la pérdida de tres días de clase durante el presente curso, pero no es capaz de nombrar a un sustituto durante semanas y hasta meses, ¿con qué suerte de hipocresía atacan a sus propios trabajadores?

Alguien nos juzga con doble moral, alguien está usando todo su poder institucional y mediático para dividirnos, desgastarnos y desprestigiarnos aún más, si cabe. La última mentira es que las jornadas de huelga pasadas obedecían a una oscura conspiración, tramada en vísperas electorales, por un contubernio político-sindical. Tales argumentos paranoicos resultarían divertidos, de no constituir una injuria delirante, otra horrenda infamia que actúa como combustible para la hoguera inquisitorial en la que nos quieren ver arder.

Por encima de una Consejera desleal y de un Gobierno manipulador, los profesores seguiremos trabajando y enseñando a sus hijos, si es que asisten a la escuela pública.

(Lo suscriben 29 profesores del IES Santa Ana (Candelaria, Tenerife))