Aseguran que la Fiscalía General del Estado "comparte las preocupaciones" expresadas en el informe que se presentó hoy y que "investigará a fondo" los hechos y que en La Esperanza hay una celda de castigo en la que se encierra a los menores varios días sin que puedan salir ni a hacer sus necesidades.

La organización internacional Human Rigts Watch (HRW) reclamó hoy al Gobierno central y al Gobierno de Canarias el cierre de los centros de estancia temporal de menores inmigrantes existentes en el Archipiélago, tras denunciar "serios abusos y maltrato" con carácter "istemático" de los niños que se encuentran en los de Arinaga, en Gran Canaria, y La Esperanza, en Tenerife.

HRW presentó hoy un trabajo de campo realizado en tres de los cuatro centros que se abrieron el año pasado tras la masiva llegada de cayucos, y según la principal responsable de la investigación, Simone Troller, la Fiscalía General del Estado "comparte las preocupaciones" que se expresan en el mismo y "se ha comprometido a investigarlas a fondo".

Sin embargo, la respuesta que habría recibido HRW del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales traslada la responsabilidad al Gobierno de Canarias, que, según Troller les manifestó en días pasados que los menores "son de su competencia" y no del Gobierno central y que, según HRW es "insatisfactorio", porque aunque en España "la estructura administrativa sea compleja", España es uno de los Estado signatarios de laonvenicón de Derechos del Niño.

Troller indicó que, durante el transcurso de la investigación, habían trasladado las denuncias que recibieron de varios chicos, tanto a la Dirección General del Menor como a la Fiscalía en el Archipiélago y que aunque esta última institución sí llevó a cabo una investigación "concluyó que no se podía confirmar ninguna de las denuncias", pero, según HRW en ningún caso se llevaron a cabo "entrevistas privadas" con los chicos de los centros.

Por su parte, la dirección general del Menor del Gobierno regional manifestó a HRW que las denuncias debían realizarse especificando los nombres de las víctimas y de sus autores, algo que la organización internacional no hizo argumentando que sería peligroso para la integridad de los chicos.

El portavoz y consejero jurídico en Bruselas de HRW, Reed Brody, aseguró que en los últimos meses se habían producido en el centro de La Esperanza "palizas generalizadas" en las que "podría estar implicado el personal", así como la existencia de una celda de castigo en el centro en la que algunos chicos son encerrados durante períodos de varios díassin poder salir de allí ni siquiera para hacer sus necesidades "en un clima omnipresente de miedo"

En Arinaga, Brody también dijo que un miembro del personal del centro habría abusado sexualmente de los chicos y que con frecuencia hay peleas entre ellos en las que no sólo "no intervienen" sino que "los animan para que peleen más fuerte".

Según Troller, el principal problema de los centros es "su gran tamaño" y "masificación", así como la "convivencia inadecuada" de chicos de entre 10 y 17 años.

Además, no existen "mecanismos" por los que los chicos pueden efectuar quejas sobre el funcionamiento del centro "de manera confidencial", privándoseles además, en la práctica, de derechos como el de petición de residencia, trabajo o asilo, pues en la práctica "están encerrados" y los establecimientos "son insuficientemente supervisados por las autoridades".

En este sentido, Troller subrayó que tanto el Gobierno de Canarias como la administración central deben "reaccionar" y que deben "analizar el curriculum" de quienes están a cargo de los centros con más detenimiento.