Audio de la charla-coloquio.

El miércoles 9 de abril de 2008, a las 20:30 horas, la diputada socialista Paquita Luengo ofrecio una charla-coloquio en La Laguna sobre la Ley de Dependencia. El acto, se celebro en la Sala San Borondón (esquina de las calles Daute y Cruz de Candelaria), forma parte del Ciclo “Un Proyecto de Futuro para Canarias” y con él se pretendio dar a conocer una de las leyes más importantes de la pasada legislatura del Gobierno de Zapatero, que en algunas Comunidades Autónomas, como en Canarias, aún no se ha hecho efectiva.

La diputada ha sido rotunda a la hora de explicar qué ocurre: el Gobierno Canario desinforma “intencionadamente” sobre la Ley de Dependencia. Pide que éste dicte la normativa autonómica que permita aplicar la ley y deje ya de mentir, manipular y jugar con el sufrimiento humano de los grandes dependientes y de sus familias.

Según Francisca Luengo, Canarias es la Comunidad del Estado que lleva más retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia y los 6.400 grandes dependientes de las Islas —número de personas que debería ser atendido y que fijó el Ejecutivo autónomo— no han recibido aún las prestaciones económicas que tenían que haberse hecho efectivas antes del 31 de diciembre de 2007.

Para atender a este colectivo “es necesario que el Gobierno autónomo publique la normativa que está en tramitación, pendiente del informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional. Sin la publicación de los decretos, no se puede aplicar la Ley de Dependencia”. Por este motivo ya Luengo ha pedido el “cese fulminante” de la Consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, a la que culpa de esta situación.

En la polémica entre Gobierno Canario y Central, el Ejecutivo Canario computa como aportación los fondos que viene destinando a los centros canarios desde antes de la entrada en vigor de la Ley. Sin embargo la diputada socialista aclara que la normativa sobre dependencia fija recursos nuevos y considera un “engaño flagrante” que el Gobierno Canario sostenga que aporta el 95% de la financiación a dicha Ley.

Luengo ha informado que cada Comunidad recibe fondos en función del número de dependientes, y a Canarias le corresponden 7,9 millones de euros. Además, todas las Comunidades Autónomas reciben ayudas por cada gran dependiente valorado, que oscilan entre 250 y 507 euros mensuales.

Estas prestaciones no están siendo entregadas por la falta de la normativa autonómica preceptiva; la Ley de Dependencia establece que los grandes dependientes (de grado III) tienen derecho a percibir prestación vinculada al servicio, por importe de 811,98 euros mensuales, una ayuda para el cuidador familiar de 506 euros —además del alta en la seguridad social— o una prestación económica de asistencia personal, de 811,98 euros.

Estas prestaciones, según Paquita Luengo, no se dan porque el Gobierno, “de una manera intencionada” no proporciona información a la ciudadanía, lo que implica que los afectados no estén solicitando estas ayudas.