El Gobierno lamenta la falta de rigor del Informe de Human Rights sobre los centros de menores extranjeros. HRW informó al Gobierno canario un mes después de visitar los centros, y sólo mediante  fax, de los supuestos hechos sin aportar ni una sólo prueba. Canarias solicitó información más exhaustiva para poder investigar, información que le fue denegada por la organización, por lo que lo trasladó inmediatamente a la Fiscalía de Menores para que iniciara el procedimiento de oficio. La Fiscalía no encontró ningún indicio de delito, ni maltrato contra los menores

Desde el Gobierno también se entiende la necesidad del cierre de los centros ya que no son los adecuados para una óptima integración por lo que solicita al Estado el reparto de los chicos, pero exigiendo garantías de integración a través de un Estatuto Jurídico del menor extranjero no acompañado

Ante el informe presentado hoy en rueda de prensa por la entidad Human Rights Watch, desde la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, se quiere puntualizar que, una vez conocidas, vía fax, en febrero de 2007, las denuncias recogidas por esta entidad en su informe, hecho público hoy, los responsables de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia comunicaron de inmediato al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias los mismos, para que iniciara una investigación al respecto, e igualmente, abrió una investigación interna, concluida en abril del presente año, cuyas conclusiones no corroboran ninguna de las afirmaciones vertidas por HRW en su documento.

En este sentido, hay que aclarar que desde HRW se limitaron a informar de la existencia, a partir de testimonios recogidos de los chicos y sin confirmar, de graves hechos, sin que se identificaran en ningún momento a los presuntos responsables de los mismos, todo ello, además, un mes después de conocer los hechos, dificultando la labor de investigación que tanto la Fiscalía como la entidad pública pusieron en marcha de forma inmediata, y faltando, además, a la labor moral suprema de proteger a los menores víctimas.

Hay que tener en cuenta, que durante el último año y medio, un total de 1.144 chicos han llegado a los centros, con lo cual, a pesar de los traslados, los centros siguen contando con gran número de menores.
Antecedentes del informe

En cuanto a los antecedentes del informe de HRW, hay que señalar que durante el mes de enero de 2007, un equipo de Human Rights Watch, liderado por Simone Troller, inició una gira por los Dispositivos de Emergencia para Atención de Menores Extranjeros no Acompañados de las Islas, gestionados por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, con el fin de realizar un informe sobre la situación de estos jóvenes. Durante estas visitas,  el equipo de Human pudo hablar y entrevistarse con total libertad y transparencia con los menores acogidos en estos centros así como con personal educativo de los mismos.

Dentro de esta gira, la investigadora de Human Rights Watch, Simone Troller, mantuvo una reunión en Tenerife con el entonces responsable de la Dirección General de Protección de Menores y de la Familia, José Luis Arregui, sin que le comentara la existencia de alguna anomalía en cuanto a la atención a los menores acogidos en los citados centros.

Sin embargo, con fecha de entrada del 13 de febrero de 2007, se recibe un escrito firmado por la citada investigadora en el fax del dispositivo ubicado en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, en la que se informa, sin dar nombres, de la denuncia, según testimonios de los mismos chicos, en los que se describen “niveles alarmantes de violencia contra los menores, especialmente contra los más jóvenes, presuntamente perpetrados tanto por sus compañeros como por el personal del centro”. 

Ante este hecho, el director general de Protección del Menor y la Familia contacta con la citada investigadora por teléfono y le pide explicaciones, entre otras, de por qué si conocían estas denuncias en enero, se esperó todo un mes para remitir el informe, cuando, además, contaba con vías más directas, como son los teléfonos personales tanto del director como de la secretaria del mismo, para dar cuenta de ello.

Además, preguntada por la identidad de los presuntos autores de los hechos que se relatan, Troller se niega a dar los nombres de los presuntos autores de las violaciones, indicando que no lo hace para evitar posibles represalias a los menores que denuncian, ante ello, Arregui contesta que si no se dan nombres no puede retirar de inmediato a los responsables que podrían haber estado haciendo estos hechos durante todo este tiempo. Ante la negativa de dar información vía teléfono, se solicita de forma oficial la misma vía fax.

Igualmente, el mismo 13 de febrero, el director general remite un escrito al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informando de la denuncia de la HRW y solicitando que se investigue los hechos a la vez que ordena que se abra una investigación interna.

Con fecha 9 de mayo, desde la entidad pública, se remite a la fiscal un informe amplio, que incluye el informe de la investigación interna realizada a raíz de la denuncia. Este informe, fechado el 27 de abril, cuenta con diversas valoraciones entre las que se indica  que no se “detectan la más mínima referencia ni actuación que indique abuso, ni del personal técnico del centro ni entre los menores”.

Por su parte, a finales de marzo, la Fiscal designada visitó el centro de Agüimes, sin que hasta la fecha conste en el centro directivo entrada de un informe de esta entidad.

Igualmente, se quiere dejar constancia de la total transparencia que se ha realizado en cuanto a la gestión de estos centros. De hecho, desde su puesta en funcionamiento, han sido visitados con frecuencia, además de por representantes de diversas instituciones canarias, por representantes de diferentes autoridades tanto nacionales como internacionales, entre ellas, una delegación del Parlamento Federal Alemán; la Presidenta de la asociación de madres y viudas víctimas de los cayucos, Yaye Bayam; el Comisario Europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, y representantes de ACNUR (Alto Comisionado para los Refugiados) y, hace tan sólo tres semanas, representantes de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).

Asimismo, a los centros han tenido acceso más de un centenar de medios de comunicaciones, entre ellos, gran parte de los medios de ámbito estatal, tanto de radio, prensa escrita como de televisión, entre ellos, Antena 3, Tele 5, Televisión Española, El Mundo, El País, ABC, Ser, COPE, Radio Nacional, Agencia Reuters, así como medios de ámbito autonómico como Televisión Canaria, TV3, Canal Sur, Telemadrid, Euskal Telebista, además, de medios de ámbito local y provincial.

A ellos, hay que sumar, los numerosos medios de cobertura internacional procedentes de diversos países como Francia (France 1, 2 y 3, Le Monde, Liberation, Radio Montecarlo, France Radio), Bélgica, Finlandia, Italia, Dinamarca, Alemania, Japón (Televisión NHK), Gran Bretaña (BBC),  Estados Unidos, Portugal, etc…

Estatuto jurídico menor extranjero

Por otro lado, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias quiere dejar claro que, en todo momento, Canarias no ha estado de acuerdo con la apertura de estos centros ya que la mejor fórmula de integración a través de pequeños hogares de no más de 12 chicos por lo que vuelve a insistir la responsabilidad del Estado en el reparto de chicos por el territorio peninsular, pero siempre con las garantías para que se cumplan sus derechos fundamentales, por lo que reclama un Estatuto Jurídico para el menor extranjero no acompañado.

Asimismo, se recuerda que para llevar a cabo esta labor con plenas garantías, hay que contar con recursos no de carácter de emergencia, como los puestos en marcha para poder atender la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, sino que ofrezcan a los menores un plan educativo duradero en el tiempo, donde, además, para que sea efectivo, se lleve a cabo con grupos de menores más reducidos.

En este sentido, se recuerda que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno central, Jesús Caldera, se comprometió en septiembre de 2006 al traslado de estos menores y a su redistribución entre las comunidades autónomas del Estado, con el fin de aliviar la situación que vive el Archipiélago, dejando un total tan sólo 300 menores en las Islas.  Sin embargo, hasta la fecha, se han trasladado tan sólo 385, quedando desde el pasado 24 de mayo paralizados todos los traslados.