Pedro Fernández Arcila dijo que existe un deseo de acción conjunta por parte de todas las fuerzas progresistas de Tenerife para evitar que se consume una obra tan destructiva como el puerto de Granadilla como se constata en el hecho de que en la rueda de prensa estuvieran presentes representantes de Izquierda Unida, Socialistas por Tenerife, Equo Canarias, IR-Los Verdes, Partido contra el Maltrato animal y Sí Se Puede, así como miembro de organizaciones sociales a los que les une la defensa del litoral y que se elimine para siempre la posibilidad de que se construya el puerto de Granadilla.

En este sentido, explicó que las acciones conjuntas de las fuerzas progresistas de la isla hacen una fórmula que ha funcionado muy bien, como se puede comprobar con el caso Las Teresitas, dicho lo cual, entiende que en ambas cuestiones hay dos asuntos que hacen un tándem, por un lado las ilegalidades urbanísticas o medioambientales y las financiaciones irregularidades o pelotazos urbanísticos.

Para el abogado y dirigente político, todo lo ocurrido en torno al caso Las Teresitas se debe en gran parte al hacer de los movimientos ciudadanos y la labor coordinada de las fuerzas progresistas, por lo que entiende como fundamental que esos pasos se den igualmente para evitar la construcción del muelle porque al igual que con el caso Las Teresitas concurren cuestiones legales, medioambientales y urbanísticas, de ahí que junto con los pasos que están dando los colectivos ecologistas, es fundamental llevar a los tribunales las ilegalidades que se están cometiendo con respecto a la construcción del puerto de Granadilla.

Afirmó que al igual que han venido respaldando las movilizaciones sociales y las acciones judiciales para impedir la construcción de ese puerto en los últimos diez años, las fuerzas progresistas de Tenerife muestran públicamente el apoyo a las organizaciones ecologistas en las actuaciones judiciales que promuevan en los próximos días porque entiende que hay razones para “meter en los tribunales” al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, porque también las hay para hacer lo propio con los asesores que están promoviendo la construcción del muelle en instituciones creadas al especto, algunas de ellas por parte de la UE, pero también porque las hay para hacerlo con respecto a los responsables políticos de la comunidad autónoma.

 

Fernández Arcila recuerda que gracias al recurso que interpuso Ben Magec se pudieron paralizar las obras puesto que se iba a cometer una chapuza jurídica como era descatalogar determinados ejemplares de una especie protegida, dicho lo cual advierte que con el inicio de las obras del puerto se quiere hacer algo parecido, puesto que determinadas especies que tienen nivel de protección están presentes en el litoral en donde se quiere ubicar el muelle, las cuales son incompatibles con la obra que se quiere realizar.

En este sentido, dijo que si en aquel momento la Justicia dijo que por las obras portuarias no podían quedar afectadas especies catalogadas como protegidas, ahora la situación no ha cambiado en cuanto a las especies, sin embargo se inician unas obras que les van a afectar considerablemente, algunas de las cuales intentaron eliminarlas con la creación de la Ley de especies amenazadas de Canarias y añade que la verdad es que tanto el anterior gobierno canario como el actual hacen un tándem indisociable entre la improvisación y la mala fé, puesto que si bien en dicho catálogo dejaron fuera a los sebadales, están incluidas otras especies que están presentes en la zona, con lo que la destrucción de ese hábitat supone un delito medioambiental.

Por su parte, Pedro Anatael Meneses dijo que la construcción del puerto de Granadilla es innecesaria se analice por donde se analice a pesar de lo cual los gobiernos canario y estatal han tomado la decisión de seguir adelante con la construcción del muelle, el cual aunque no tiene las dimensiones del proyecto inicial, va a generar un impacto ambiental y una situación nada acorde con las necesidades reales de Tenerife.

Recordó que la Comisión Europea realizó en 2005 un dictamen en el que establece una serie de medidas correctoras que hay que llevar a cabo obligatoriamente en el proyecto que se quiere ejecutar e impone una serie de medidas compensatorias, donde además se reconoce a través de informes del gobierno de España que en caso de construirse el puerto de Granadilla se hará allí porque no existe otro lugar en la isla en donde ubicar la infraestructura, dicho lo cual advierte que no hace falta ser ingeniero de caminos ni biólogo para entender que eso es falso, pese a lo cual es la versión oficial y razón por la que se lleva adelante dicho dictamen.

A partir de ese punto, ha habido una serie de denuncias ante los tribunales de Justicia, alguna de ellas con sentencia y otras aún pendiente de resolución, que han creado un lío impresionante, lo que ha llevado a que el proyecto haya estado parado durante mucho tiempo, aunque las autoridades canarias hayan dicho que han comenzado las obras del puerto, cuando lo único que han hecho es remover tierra, con el objetivo de crear apariencia de que se está construyendo el muelle para facilitar el lucro cesante que en su día haya que pagar como consecuencia de no poder llevar a cabo la obra.

Destacó que las medidas correctoras del dictamen de la CE establecen tres cuestiones cruciales, como es la corrección del proyecto en sí mismo, cosa que no se ha hecho, pero también que una vez que se construye el puerto no habrá posibilidad de fondeo en la denominada zona dos, o lo que es lo mismo, que se habrá construido un muelle en el que no se podrá fondear, lo cual viene a ser como un jardín sin flores.

El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz añadió que lo más grave es que ese dictamen establece la obligatoriedad de construir un bypass de arena, cuestión propuesta por las propias autoridades portuarias españolas, medida que es prácticamente imposible de construir según dice el Observatorio Ambiental de Granadilla, creado expresamente como consecuencia del dictamen, con lo que las medidas correctoras son de difícil, por no decir imposible, cumplimiento.

Sobre las medidas compensatorias que impone la CE, está la cuestión del sebadal, por lo que se está intentando transplantar sebas de la zona de Granadilla en San Adrés, cuando se sabe que científicamente es una operación infructuosa porque no hay posibilidad real de que ese transplante se lleve a cabo con éxito, con lo que se está gastando ingentes cantidades de dinero tontamente.

Pedro Anatael Meneses dijo por último que a día de hoy no ha sido levantada la prohibición del TSJC de realizar obras en la zona de Granadilla, por lo que la suspensión cautelar sigue estando vigente e indica que es posible que comiencen las obras en la mar con el dique talud como han hecho con el transplante de las sebas de Granadilla sin que el TSJC haya levantado la suspensión cautelar que pesa sobre la obra aprovechando el mes de agosto, periodo de tiempo en el que los tribunales de Justicia estarán bajo mínimos por las vacaciones, lo cual indica las intenciones de los gobernantes, pero lo peor no es en sí esas obras, las cuales no cuentan con dinero europeo y no prosperarán, sino que empezarán en la zona más preocupante puesto que hablamos de que se llevarán a cabo allí en donde producirá mayor desastre ecológico.