|
 Además, pedirán al Consejo General del Poder Judicial que “dé un toque de atención” al juez de Primera Instancia que llevó su caso al considerar que se mantiene “al margen” del proceso. Por otro lado, dicen estar asombrados ante el “plantel” que han elegido para formar el nuevo tribunal calificador, que consideran politizado.
Los cinco aspirantes a bombero que mantienen un conflicto con el Consorcio de Tenerife desde 2003 piensan llegar a las más altas instancias judiciales al considerar que el Cabildo tinerfeño no ha acatado en tiempo y forma la sentencia que les daba la razón, por lo que rogarán al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que retome su caso. Además, aseguran que la composición del nuevo tribunal calificador que les debe evaluar sigue politizada.
“Los jefes jerárquicos de los componentes son los que están implicados en los diferentes proceso judiciales que tenemos abiertos”, se quejó Alberto Fernández, representante de los bomberos que, para explicar su indignación ante este hecho, hace uso de una gráfica comparación: “Si esto fuera un partido de fútbol, el árbitro se ha ido a tomar unas cocacolas, y el contrario se ha encargado de poner a uno de los suyos de árbitro, dos jueces de línea y hasta nuestro portero”.
Para Fernández, el juez de Primera Instancia (el árbitro) que debe velar por el cumplimiento de la sentencia “está al margen del proceso” y es por eso que piensan llegar hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que le “dé un toque de atención”. Así, anuncian que van a presentar ante el CGPJ un escrito ante la actuación del Juez de Primera Instancia porque consideran que se están violando todos los plazos legales en el acatamiento de la sentencia del TSJC sin que el juez haya tomado cartas en el asunto.
Cabe recordar que la sentencia del TSJC que dio la razón a los bomberos se publicó hace más de seis meses, el 27 de septiembre de 2007, y según la abogada de los afectados, Almudena Biotas, la ley exige que el juez de Primera Instancia tenía que haber ejecutado toda la sentencia a los diez días.
“Al no hacerse, a los dos meses se pide la ejecución forzosa, pero tampoco se hace nada y entonces hemos puesto escritos de quejas al juez porque se violan todos los plazos legales, pero ni siquiera nos contesta, está al margen de todo el proceso”, denunció Fernández.
ILEGALIDADES
Así las cosas, presentarán un recurso de amparo ante el TSJC para que retome judicialmente el tema al considerar que no se ha acatado en tiempo y forma su sentencia. Según los bomberos, el Cabildo, a través del presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Ortega, se ha excusado diciendo que ellos han cumplido los plazos de manera escrupulosa, pero “mienten” porque “saben que los dos escritos que han mandado al TSJC, el de nulidad y de aclaración, no dilatan la ejecución de la sentencia”, lo que consideran una “ilegalidad”.
“La ejecución de la sentencia no se dilata porque presenten esos escritos”, insistió Fernández, que cree que “con esa pasividad que tiene, la Administración está siendo juez parte y verdugo, porque han dicho que unilateralmente forman el Tribunal Calificador”. “Además de esa ilegalidad, van a empezar a tomar las decisiones violando nuestros derechos”, añade.
TRIBUNAL POLITIZADO
Los bomberos aseguran estar asombrados por el “plantel” que han elegido para formar el nuevo tribunal calificador. “El presidente es teniente-alcalde y miembro del Comité Ejecutivo de CC, luego tres vocales y el interventor que son directamente del Consorcio y uno más que es técnico del servicio forestal del Cabildo cuyo jefe es Vladimiro Rodríguez”, explicaron.
“Los jefes jerárquicos de los componentes son los que están implicados en los diferentes proceso judiciales que tenemos abiertos”, insiste Fernández, que lo califica de “ilegalidad extrema”. “Esos mismos que hicieron las ilegalidades ahora nos vuelven a llevar al paredón, o sea que cíclicamente la Administración si podría hacer lo que le viene en gana, y como tenemos un juez que no nos protege”, declaró.
Según Fernández el proceso legal debería ser el siguiente: “El Consorcio puede proponer el juez, y se da aviso a la otra parte, nosotros, que podemos objetar si lo consideramos oportuno y es el juez, que es el árbitro del contencioso, el que decide”. “La Administración no puede ir a su bola y hacer lo que le viene en gana”, concluyó. |
