Justicia y Sociedad, asociación de juristas, pretende constituir en el mes de septiembre una comisión ciudadana que vele por la libertad de expresión y la tutela judicial efectiva, un movimiento “de amplia base” que surge como “colofón” tras la decisión del TSJC de condenar al director de ‘Canariasahora.com’, Carlos Sosa, que denunció la presunta corrupción en La Favorita.

El presidente de Justicia y Sociedad, Joaquín Sagaseta, afirmó hoy que la corrupción en Canarias está a nivel de “metástasis”, “una “gangrena que puede terminar con la democracia”. Para Sagaseta, la sociedad se ha adaptado a los derechos fundamentales que “han costado mucho conseguir” y que “si son alterados y hacen aguas, sobra el resto de la Constitución”.

El colectivo de juristas, ante esta “brecha” creará a partir de septiembre una comisión ciudadana que vele por la libertad de expresión y la tutela judicial efectiva, un movimiento “de amplia base” que surge como “colofón” tras la decisión del TSJC de condenar al periodista de ‘Canariasahora.com’, Carlos Sosa, que denunció la presunta corrupción en el caso de ‘La Favorita’ y fue condenado por un delito continuado de calumnias con publicidad.

Es preciso hacer, según la asociación Justicia y Libertad, un llamamiento a la gente para que “no se muerda la lengua” ante situaciones de corrupción, para que se denuncien, pues en estos momentos la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias “no está mirando los intereses comunes y el Poder Judicial está actuando muy por debajo de las circunstancias pues no es que se esté politizando la judicatura sino que se está desjudicializando el delito”.

José Rivera, miembro de la asociación, reflejó la preocupación enorme porque los órganos judiciales en Canarias han actuado "de manera contraria a los valores constitucionales" a raíz de temas como la condena de Carlos Sosa, director de la web ‘Canariasahora.com’ o como la larga duración del secreto sumarial en el caso de ‘Las teresitas’ o el secuestro judicial de la revista ‘El Jueves’.

En cuanto al alargamiento de los secretos de sumario, Rivera apostilló que es una medida que impide la participación ciudadana y el ejercicio de la acción popular que no sólo se lleva a cabo a través de la ley del jurado.

Por otro lado, la asociación criticó el ‘archivo-express’ de la causa en la Sala de lo Penal contra Adán Martín y Berriel, sólo seis días después de la remisión de los testimonios por parte del juez. Rivera pidió que se puedan escuchar ya las conversaciones telefónicas en las que supuestamente Santiago Santana Cazorla, importante constructor canario, solicitaba a Adán Martín la aprobación del número de camas que solicitaba antes de que concluyese la legislatura.

“El archivo de las diligencias se produjo antes de que el Parlamento la aprobase y uno de los beneficiados fue este constructor”, recordó Rivera. Además, expresaron su desacuerdo con las actuaciones en el ‘Caso Eólico’ en el momento en el que uno de los parlamentarios fue denunciado por mentir y tras la denuncia se archivó la causa antes de que se designase magistrado de instrucción, “vulnerando así las garantías del proceso”.

Insistió el colectivo en la necesidad de la libertad de expresión y para ello “no hay que matar al mensajero” y “en el conflicto entre el honor y la libertad de expresión debe primar la defensa del periodista”. Para poder condenar por calumnias a Carlos Sosa “debe darse inexcusablemente que el periodista informase con el conocimiento de la falsedad de la información, y eso, no aparece ni en las actuaciones ni en la sentencia”, aseguran.

Para que la justicia no se convierta en un “simple lema de ironía” debemos exigir un control social sobre las decisiones judiciales”, concluyó Rivera.