Advertisement
 

| DESARROLLO | MEDIO AMBIENTE | SALUD | POLITICA | ENERGÍA | EDUCACIÓN | POLÍTICA SOCIAL | CULTURA | MEDIOS |
 

Inicio arrow SALUD arrow Canarias: ¿hacia el modelo estadounidense de sanidad?
Canarias: ¿hacia el modelo estadounidense de sanidad? Imprimir E-Mail
lunes, 31 de marzo de 2008

Máximo Relti.- 

Días atrás, algunos medios de comunicación del Archipiélago daban cuenta de la decisión del Gobierno de Canarias de aumentar el gasto en los conciertos sanitarios con los centros privados. Según esas informaciones, dicho gasto ascenderá a los 233 millones de euros, unos 39.000 millones de ptas. De esa cifra, las clínicas privadas percibirán la friolera de 214 millones de euros, es decir, 35.000 millones de pesetas. Los fondos destinados a estos conciertos se incrementarán alrededor de un 20% con respecto al pasado 2007. (1) Con esta nueva y astronómica asignación de recursos a los consorcios privados del negocio de la salud, el Ejecutivo de CC-PP no hace más que pisar el acelerador en un proceso de privatización de la Sanidad Pública que no tiene lugar exclusivamente en las Islas sino que, con diferentes ritmos, se está imponiendo implacablemente en el conjunto del Estado español.

LA “INEFICACIA” DE LO PÚBLICO Y LA “SOLUCIÓN” PRIVADA

Pese a los nefastos resultados producidos en otros países por el modelo sanitario que hoy impulsa el Ejecutivo autonómico, resulta preciso reconocer que éste ha ido avanzando sin que, simultáneamente, se haya producido una notoria resistencia social. Y esto ha sido posible porque, en buena media, ha existido una aceptación casi generalizada de los supuestos ideológicos que pretenden justificar su aplicación. Uno de estos supuestos, el que afirma la pretendida superioridad del sector privado frente al público, continúa utilizándose como pretexto para desmantelar progresivamente la red sanitaria pública, aunque ha sido desmentido reiteradamente por los sonoros fracasos de las privatizaciones en diferentes lugares del mundo. Aún así, la propaganda oficial del Gobierno de Canarias insiste en que la multimillonaria inversión destinada a los conciertos con la sanidad privada tiene como principal objetivo disminuir las interminables listas de espera que afectan al Servicio Canario de Salud y mejorar la atención a los pacientes. Paulino Rivero, tratando de encubrir la esencia misma del proyecto privatizador, afirmó demagógicamente el pasado veinte de marzo que si “el gasto en la sanidad concertada tuviera que crecer lo haríamos y no pasaría nada, porque este es el gobierno de la gente…y usamos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, tanto los públicos como los privados”. (2)

La primera consecuencia de esta política resulta evidente. Al sustraer los recursos que precisa la sanidad pública para desviarlos hacia el sector privado se consigue que la situación de la primera se torne cada vez más precaria, llegando a provocar un escenario que posteriormente permitirá hablar de su “ineficacia”. Y es que el estado actual de la Sanidad canaria, sus interminables listas de espera, los múltiples conflictos laborales que se reproducen periódicamente, el colapso de las Urgencias, etc., no se puede entender sino como la consecuencia natural de esta infradotación interesada de recursos materiales y de personal. Recientemente, la prensa local se hacía eco de un significativo ejemplo de este “abandono”. Según denunciaba el portavoz de Sanidad de Intersindical Canaria, Bernardo Medina, el servicio de esterilización del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de G.C. no funciona desde hace un año, aunque se inauguró hace tan solo un año y medio. Medina añadía -como un dato que no puede dejar de generar ciertas incógnitas - que la ingeniera responsable de este servicio es la esposa del gerente del Hospital San Roque, en Meloneras, “que tiene una estación de esterilización en perfectas condiciones para asumir el servicio”. Por último, este representante sindical reiteraba una denuncia recurrente entre los profesionales del sector, afirmando que la “Consejería de Sanidad intenta que lo público no funcione para externalizar los servicios”, aplicando “la misma política que lleva a cabo el Partido Popular en Valencia o Madrid”. (3) Y, efectivamente, más allá de casos puntuales como el señalado, el deterioro de la sanidad pública es el primer objetivo de quienes están interesados en su privatización.

Pero, al contrario de lo que podría suponerse al escuchar las declaraciones de los socialistas canarios, que con cierta reiteración acusan al Ejecutivo autonómico - y justamente - de “vaciar la sanidad pública”, (4) este proceso de privatización no fue iniciado, ni mucho menos, por el Partido Popular. El primer intento serio en este sentido vino de la mano del PSOE que, en junio de 1996 y siguiendo las orientaciones del famoso Informe Abril Martorel, modificó la Ley General de Sanidad. Con un decreto del Ejecutivo socialdemócrata de Felipe González se abrieron las puertas a las “nuevas formas de gestión privada de la sanidad pública". Más tarde, ya en la primera legislatura de José María Aznar, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que establecía definitivamente la posibilidad de que la prestación y gestión de los servicios sanitarios pudiera llevarse a cabo mediante acuerdos, convenios o contratos con entidades privadas. En aras de la precisión histórica conviene recordar que esta ley fue aprobada con los votos del PSOE, PP, Coalición Canaria, CIU y PNV. Sólo votaron en contra IU y BNG. Y tampoco conviene olvidar que, posteriormente, la mayoría parlamentaria obtenida por el PSOE en 2004, con los apoyos de IU, BNG y ERC, no realizaría la más mínima tentativa de modificar este nuevo marco legal.

EL RENTABLE NEGOCIO DE LA ENFERMEDAD: ¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO PRIVADO DE LA SANIDAD?

En todos aquellos países donde se ha implantado el modelo de sanidad privada los ciudadanos han podido constatar sus sobrecogedores resultados. Frente a la red pública de sanidad, que debe tener como propósito la búsqueda de la mejora de la salud general de la población, la gestión empresarial de la salud implica la introducción de los criterios propios del mercado como pieza esencial del sistema. La gestión privada de la sanidad conlleva necesariamente la supeditación de un servicio básico a la obtención de beneficios por parte de los hospitales y otros centros privados. En muchas ocasiones, estos beneficios se obtienen mediante una disminución de los costes - reduciendo plantillas o imponiendo condiciones laborales cada vez más precarias - que afecta directamente a la calidad de la atención sanitaria, ya sin más controles que los estipulados por las propias empresas. Tampoco resulta infrecuente que para aumentar las ganancias se incentive la realización de pruebas médicas y operaciones aunque la idoneidad de su prescripción pueda resultar más que dudosa.

A medida que avanza este proceso de privatización las administraciones públicas se convierten en compradores de servicios y los centros privados seleccionan a pacientes y enfermedades en función del criterio de rentabilidad, rechazando a todos aquellos cuya atención requiere mayores gastos sanitarios. Los que carecen de recursos y sufren dolencias que no son “provechosas” se ven condenados, en el mejor de los casos, a una institución de beneficencia prácticamente incapaz no ya de curarlos, sino incluso de aliviar sus padecimientos. La lógica de la rentabilidad se apodera así de forma voraz de todo el sistema sanitario. Solo lo que es rentable cobra sentido en las cuentas del debe y el haber del negocio de la salud, en el que cualquier consideración humanitaria es desechada por su “irracionalidad”.

El Sistema Sanitario de los EE.UU. es el prototipo de este modelo que ahora trata de imponerse en los países de la UE. Los Estados Unidos son hoy la primera potencia mundial. Sin embargo, esta poderosa supereconomía mantiene a 45 millones de personas - de las cuales 9 millones son niños - sin protección sanitaria y posee los indicadores de salud más bajos de entre todas las naciones industrializadas. Su ejemplo, como el de otros países que han seguido el mismo camino, desmiente también el mito de la "eficacia" del sector privado. Aunque el presupuesto que el gobierno norteamericano dedica a la Sanidad alcanza el 16% de su PIB, frente al 7,2% que es la media de la Unión Europea, los beneficiarios de esta enorme inversión son únicamente los propietarios de las grandes compañías privadas de la sanidad y la industria farmacéutica. Para estas empresas la enfermedad constituye un suculento negocio.

En Canarias, aunque en una fase aún incipiente, comienza a suceder algo similar. Apelando a las “necesidades de la gente”, el Gobierno Autónomo está multiplicando los beneficios de empresarios del sector como Pedro Luís Cobiella, dueño del Grupo HOSPITEN, una de las principales redes hospitalarias de España con centros en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Santo Domingo o México. Cobiella, estrechamente relacionado con ATI y dueño también de numerosos hoteles, es uno de los principales beneficiarios del proceso de privatización de la Sanidad canaria.

LA LEAL OPOSICIÓN Y SU POSTURA FRENTE A LA PRIVATIZACIÓN

La última partida de fondos públicos de la Comunidad canaria destinados al “negocio de la enfermedad” ha dado lugar a significativos pronunciamientos por parte de las organizaciones políticas del Archipiélago, que contribuyen a desvelar sus auténticos posicionamientos frente a tan importante tema. Los portavoces de Nueva Canarias, por ejemplo, han puesto de manifiesto una vez más su afinidad ideológica con quienes fueron sus antiguos correligionarios de CC. El partido liderado por Román Rodríguez, perro viejo en los entresijos del negocio de la salud, ha dejado claro para quienes quieran escucharlo que “no se oponen a la concertación con las clínicas privadas”. Su única objeción a la política del Ejecutivo canario viene determinada por el hecho de que “año a año se mantenga el desequilibrio a favor de las empresas de Tenerife”. (5) Dicho de otra forma, para los autodenominados “nacionalistas centro-progresistas” no hay que cuestionar el modelo de corte neoliberal que ya padecemos, sino tan solo que la mayor parte del pastel repartido corresponda al magnate Pedro Luís Cobiella y sus colegas tinerfeños.

Sobre la actitud del PSC basta recordar que - como ya hemos señalado- el “vaciamiento de la sanidad pública” que está efectuando el Gobierno de CC-PP es “legal”, gracias a una ley aprobada con los votos de este partido, después de que iniciativas del propio PSOE en este sentido fueran frenadas por la oposición social. En cualquier caso, y con la ambigüedad que suele caracterizar a esta formación política, el PSC también ha manifestado que “no están en contra del sistema concertado en los servicios sanitarios”, pese a criticar “el deterioro de las prestaciones de la Sanidad Pública”. Sin embargo, la experiencia muestra ampliamente que este sistema, defendido también por el PSOE, no sólo provoca el deterioro de la Sanidad Pública, sino que supone el primer paso para su desmantelamiento y posterior conversión en un precario colchón asistencial para pobres.

Hoy parece evidente que, atendiendo a la debilidad de las organizaciones de izquierda situadas fuera del marco institucional, la única manera de revertir el proceso de privatización en curso consiste en articular una amplia resistencia ciudadana, que agrupe a los usuarios y a los trabajadores de la sanidad, y que sea capaz de reivindicar sin concesiones una sanidad 100% pública, verdaderamente universal y de calidad. Existen ya elementos que permiten afirmar que tal articulación es posible. En cualquier caso, sólo impidiendo que la ley de la oferta y la demanda se imponga en el sistema sanitario se podrá garantizar la consecución de un derecho básico, que jamás podrán proveer quienes se lucran con el sufrimiento humano.

Notas y referencias bibliográficas:

(1) “El Gobierno dispara el gasto en la sanidad privada hasta los 233 millones de euros”. La Provincia. Diario de Las Palmas. 20/3/2008

(2) Ibídem.

(3) IC denuncia que las intervenciones en el Materno ''corren peligro''. Canariasahora.es

(4) “Los socialistas acusan al Ejecutivo de ‘vaciar’ la sanidad pública”. La Provincia. Diariode Las Palmas. 20/3/2008

(5) Ibídem.

Máximo Relti

 
< Anterior   Siguiente >
 
R. San Borondón
Programación
Frecuencias
Emisión por Internet
Fonoteca
Sala S. Borondón
Actividades
Cinemateca
Programación
Publicidad
Humor
LA VIÑETA LA VIÑETA
NOTICIAS Sin Confirmar
Encuestas
¿Qué opinas sobre la designación de Miguel Zerolo como Senador Autonómico?
 
Lo más leído
SERVICIO RSS