SB-Noticias.- El STEC-IC acusa a Paulino Rivero de imprudencia temeraria y de desestabilizar la Escuela Pública.

A través de una nota de prensa, el sindicato afirma que la pretensión de suprimir la jornada continua, además de mostrar la ignorancia política del Gobierno de Canarias y de su Presidente, pone de manifiesto un nuevo intento de socavar la Escuela pública, un talante autoritario y una vulneración flagrante de los acuerdos consensuados por el conjunto de la comunidad educativa canaria.

La jornada continua actualmente en vigor fue fruto de un Acuerdo suscrito entre la Administración educativa, sindicatos, alumnado y asociaciones de padres y madres, tras una larga lucha y un amplio debate, hace de esto ya más de quince años.

Las comunidades educativas iniciaron una lucha en defensa de su autonomía, frente a la uniformidad existente en aquellos tiempos, para poder distribuir el horario escolar de la manera que se estimara más conveniente. Esta autonomía de las comunidades educativas respetó en todo momento el número de horas y los contenidos en vigor. Esta lucha paralizó la enseñanza en todos los centros de Infantil y Primaria.

La jornada continua fue pactada al tiempo que se suscribió un Plan Canario de actividades extraescolares, con el fin de que el alumnado tuviera la posibilidad de realizar diversas actividades en horario de tarde, subvencionadas por la Consejería de educación, por los ayuntamientos y diversas instituciones.

El STEC-IC acusa al Gobierno Canario, a su Presidente y a sus responsables educativos de imprudencia temeraria., ya que estamos ante un Pacto social que reconoció la capacidad de las comunidades educativas para decidir la distribución del horario, sin menoscabo de horas, y fue fruto de un consenso. Dicho Pacto ha supuesto una normalización y “paz escolar” desde el año 1992 respecto a un tema conflictivo que se cerró con el acuerdo unánime de todos los sectores de la comunidad educativa. Repentinamente, algo asentado desde el año 1992, es cuestionado por este Gobierno, despachándose a gusto en declaraciones públicas y de manera unilateral, obviando a todos los agentes que participan e intervienen en la Educación.

Este Gobierno y sus responsables educativos pretenden desestabilizar, una vez más,  la educación pública y  los acuerdos alcanzados en otros tiempos donde si se practicaba, al menos en ocasiones, una política de consenso. Este Gobierno no respeta ni la democracia ni los causes democráticos. Una muestra de su autoritarismo se refleja en su negativa a la apertura de negociaciones con los docentes para poner fin al conflicto educativo o en este nuevo intento de alterar las reglas de juego acordadas por la comunidad educativa.

Este sindicato hace un llamamiento urgente al Gobierno y a la Consejería de Educación para que se abran a  la vía del diálogo y de la negociación, evitando el recrudecimiento de la situación conflictiva por la que atraviesa la Educación pública y lograr superar la crisis actual.