En su discurso de investidura, leído ante el Pleno del Parlamento de Canarias el 10 de julio de 2007, el entonces candidato, Paulino Rivero, enumeró más de una docena de proyectos para su legislatura. Algunos de estos, incluso, serían presentados (según dijo Rivero) "antes de finales de año". Cuestiones como la Ley de Participación Ciudadana, el incremento de los controles parlamentarios sobre el Gobierno, un proyecto de ley sobre órganos consultivos y mayores ayudas a la compra de viviendas se han quedado en el tintero. Sólo han salido adelante el proyecto de Ley de Policía Canaria (que todavía está en su trámite parlamentario) y la creación de una Conferencia de Presidentes de Cabildo. 

Una de las críticas más frecuentes que realiza el Partido Socialista Canario (PSC) al Gobierno presidido por Paulino Rivero, es que éste no ha mandado sino un proyecto de ley para su debate en el Parlamento.

Lo cierto es que los socialistas tienen razón, puesto que tan sólo el del Cuerpo General de la Policía Canaria ha iniciado el trámite parlamentario. Rivero basó su investidura en una serie de propuestas como la de la presentación de una Ley de Participación Ciudadana, la cual pasó sin pena ni gloria en una sesión marcada por el avance del deseo del Gobierno de Canarias de priorizar la contratación de desempleados con tres o más años de residencia en Canarias.

El presidente prometió "traer a la Cámara antes de finales de año una Ley de Participación Ciudadana". Se marcaba así como uno de sus principales objetivos la "profundización democrática que pasa necesariamente porque la participación juegue un papel esencial como mecanismo de articulación territorial y social, de unidad, de cohesión y de fomento de nuestra identidad como pueblo". Sin embargo, de la ley sigue sin saberse nada meses después y pese al nombramiento de quien fuera uno de los fichajes estrella de Miguel Zerolo en su candidatura a la reelección como alcalde de Santa Cruz, el entonces concejal de Cultura Manuel Martínez Fresno, como Dirección General de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana.

Otro de los puntos en los que Rivero incidió fue en el relanzamiento del Estatuto de Autonomía. Pese a que en un primer momento se solicitó al Parlamento un dictamen y que pareció que en el Congreso de los Diputados se desbloqueaba, la propuesta, que salió en septiembre de 2006 de la cámara de Teobaldo Power, fue retirada por sus señorías en diciembre de 2007. Ahora mismo se está esperando que el Gobierno haga una nueva propuesta.

Control parlamentario

El presidente del ejecutivo canario se enfrenta a partir de este miércoles a su primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad con un gran déficit en cuestiones de control parlamentario.

Pese a que anunció en su investidura una batería de medidas para incrementar los controles parlamentarios sobre el Gobierno y para reformar los órganos de fiscalización de la acción del Ejecutivo, poco se ha avanzado. La renovación de muchos órganos parlamentarios, como el Diputado del Común, el Consejo Consultivo de Canarias, el Consejo de la Radiotelevisión Canaria y los auditores de la Audiencia de Cuentas, se encuentra bloquedada.

Rivero propuso a la Mesa de la Cámara "una interpretación generosa del artículo 169 del Reglamento". Éste regula el número de preguntas que el presidente puede responder ante el pleno de la cámara. Sin embargo, el líder de la oposición, Juan Fernando López Aguilar, ha acusado en toda la legislatura a Rivero de no querer debatir ya que siempre pretende cerrar él los turnos y no les da a los socialistas la posibilidad de responder.

Además, tal y como prometió Rivero, el Consejo Económico y Social debería haber elaborado una memoria anual sobre la situación de Canarias con recomendaciones dirigidas al conjunto de las administraciones. Ésta debía haberse hecho y entregado al Parlamento "antes de la celebración del Debate del Estado de la Nacionalidad", sin embargo, como ocurre con la mayor parte de propuestas del presidente, poco o nada se sabe de ella.