Antes de dar la palabra a una dubitativa y poco centrada Concejala de Patrimonio, Esther Sarrautte, Don Miguel Zerolol hizo un extraño y sinuoso recorrido por las miserias del edificio de la c/ General Antequera y las negociaciones sindicales, hasta que fue "llamado al orden” por Guillermo Guigou y a la concejala de Patrimonio no le quedó más remedio que revelar lo que parecía imposible: con cargo al contrato de mantenimiento de edificios municipales se hizo un pago con fecha 10 de enero de 2007 por la cantidad de 1.742.210,31 € y posteriormente otro de fecha 22 de enero de 2008, por 3.261.484,07 €.
Guillemo Guigou contestó... “
me quedo absolutamente perplejo de que algo que empezó como una obra menor, ahora estemos hablando de casi 1.000.000.000 de pesetas los gastos que se han efectuado, y en propias palabras del Señor Alcalde, para algo que no se planificó porque no cabía todo el personal que tenía que trasladarse” y “
cuando se gastaron los casi seis millones de euros como contrato de obra menor, lo reitero, porque me parece verdaderamente increíble, ya se sabía además que la planificación no obedecía a ningún tipo de rigor técnico porque no cabían todos los empleados municipales”. Según continuó diciendo
Esther Sarraute, ambos pagos fueron reparados por la Intervención General y las discrepancias fueron levantadas por decreto del Sr. Alcalde.
Guillermo Guigou insistió en que “no se han traído las actas de la comisión de investigación, que son del mandato anterior, que no se han ratificado en pleno los acuerdos de la Comisión de Investigación, en la que ningún político del grupo de gobierno, ningún técnico del ayuntamiento, accedió a declarar, la única persona que accedió a declarar fue la denunciante, la entonces compañera de mi grupo municipal, Doña Odalys Padrón.”
Finalmente añadió “me parece que tras haber hecho una comisión por los primeros 300.000 euros, que hoy se nos diga aquí que se han pagado casi seis millones de euros, reparados por la intervención, cuando se está en un proceso judicial” y “le tengo que comunicar con pena y con tristeza que mi grupo municipal se reserva las acciones judiciales que emprenderá en el futuro”.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.
Como se recordará, la entonces concejala Odalys Padrón tuvo acceso a dos informes contradictorios de los Servicios Jurídicos, cuya titularidad correspondía a D. Luis Prieto, quien hoy además ocupa el cargo de Secretario de la Corporación tras la reciente jubilación del anterior Secretario D. José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala.
Los informes venían firmados por D. Domingo Larraz Mora (personal laboral del organismo autónomo de cultura que no se sabe muy bien como hacía las funciones de un puesto reservado en la RPT a personal funcionario de la Asesoría Jurídica) y por el propio D. Luis Prieto.
Ambos informes jurídicos, utilizando la misma jurisprudencia, llegaba a conclusiones distintas para “matizar” un reparo de la Intervención General, que veía inviable la figura de contrato por “obras menores”, siendo el primero de los informes favorable a la tesis de la intervención e incluso más fundamentado en derecho que el propio reparo, y el segundo, firmado el mismo día, ahora citando la misma jurisprudencia “matiza” el reparo de la intervención municipal, hasta casi posicionarse en su contra.
Como se recordará, la filtración a la prensa de ambos informes dio lugar a la creación de la primera comisión de investigación de la democracia presidida por el concejal del PSOE José Ángel Martín Bethencourt, que se cerró en falso tras una votación “ponderada” de sus miembros, y sin que hasta la fecha se hayan firmado las actas de la citada Comisión, ni sometida a aprobación del Pleno sus conclusiones, lo que ha motivado las quejas reiteradas de Guillermo Guigou, portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz.