Cándido Quintana.- 

Escribo para comentar un sorprendente artículo publicado hoy en La Opinión de Tenerife. Y digo sorprendente pues, tal y como lo da el periódico, la noticia parece que parte de la Dirección General de Costas, esa misma que pretende derribos masivos en Tenerife tan rechazados o la que hoy manifiesta derribos en Los Tarajales, o la que se tendrá que enfrentar a la situación ilegal en Lanzarote de numerosos hoteles de lujo, o esa misma que pretende actuar con un proyecto disparatado y tremendamente impactante en Las Aguas, en el LIC ES7020126 Costa de San Juan de la Rambla, increíble actuación que, además, se llevaría por delante una Casona urbana consolidada de más de 250 años de antigüedad, en muy buen estado de conservación, que acoge un negocio serio que da empleo fijo a por lo menos 6 personas desde hace mucho tiempo.

Leída la noticia de Costas referente al mamotreto, edificación innecesaria, impactante, ilegal y especulativa que perjudica, como ninguna otra en Tenerife, a miles y miles de usuarios de la única playa de posee Santa Cruz, cuya construcción se ha hecho deprisa y corriendo, utilizando una clara política de hechos consumados, para no perder el pelotazo, no deja de sorprender que a pesar de que el Pueblo está solicitando su demolición, militantes socialistas incluidos, pues es lo que procede, aflore ahora una sospechosa protección de la Dirección General de Costas, ¿es cierto? ¿es un malentendido? ¿es una noticia errónea de La Opinión? Porque lo que se dice pactos para conformar mayorías incluyendo esta ilegalidad dentro del paquete, no serían admisibles, después de todo lo rechazable que está sucediendo en esa playa pública, inmersa en una trama de todos conocidas y tutelada ahora mismo por la Justicia. Se presupone que esto no sería posible, máxime teniendo en cuenta que han sido dirigentes del PSOE los que formalizaron la querella, bien vista por muchos miles de Ciudadanos de esta Isla. Solicito una profunda reflexión al PSOE y a Costas, insisto en que esa edificación no se puede considerar, en absoluto, como edificio de servicios anexos a la playa, pues sólo es, repito, un pelotazo en toda regla. Debe debe ser demolida ahora que está aún en fase de construcción y sin empleos creados que destruir. Las Administraciones Públicas tienen que dar ejemplo y utilizar una Justa vara de medir.
 
(c) Cándido Quintana