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La diputada del PSC-PSOE Francisca Luengo acusó hoy al Gobierno canario de mentir, manipular y jugar con el sufrimiento humano de los grandes dependientes y sus familias, y le culpó de desinformar “intencionadamente” sobre la Ley de Dependencia, al tiempo que le exigió que dicte la normativa autonómica que permita aplicar la ley.
Luengo sostuvo que Canarias es la única comunidad del Estado que lleva nueve meses de retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia y recalcó que las 6.400 grandes dependientes de las Islas –número de personas que debía ser atendido y que fijó el Ejecutivo autónomo- no han recibido aún las prestaciones económicas que tenían que haberse hecho efectivas antes del 31 de diciembre de 2007.
Para atender a este colectivo, señaló, es necesario que el Gobierno autónomo publique la normativa que, según detalló Luengo, está en tramitación, pendiente del informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional. “Sin la publicación los decretos no se puede aplicar la Ley de Dependencia”, subrayó Luengo, que demandó el “cese fulminante” de la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, a la que culpó de esta situación y a la que llamó consejera de "malestar" social.
La diputada socialista justificó el retraso en la “incompetencia e insensibilidad” del Ejecutivo canario, al que también acusó de mentir al afirmar que el Gobierno de Canarias destina el 95 por ciento de los recursos, mientras que el central sólo aporta el 5 por ciento.
Afirmó que el Ejecutivo autónomo computa como aportación los fondos que destina, desde antes de la entrada en vigor de la Ley, a los centros canarios, recordó que la normativa sobre dependencia fija recursos nuevos y consideró un “engaño flagrante” que el Gobierno canario sostenga que aporta mucho dinero.
Luengo explicó que los fondos trasferidos por el Estado a las comunidades se establecen en función de criterios “objetivos”, que son los mismos para todas las comunidades –salvo el de insularidad- y que se acordaron en el Consejo Interterritorial.
Detalló que cada comunidad recibe fondos en función del número de dependiente y a Canarias le corresponden 7,9 millones de euros. Además, todas las comunidades autónomas reciben ayudas por cada gran dependiente valorado que oscilan entre 250 y 507 euros mensuales, detalló.
Estas prestaciones no se están siendo entregadas por la falta de la normativa autonómica preceptiva, reiteró Luengo, quien detalló que la Ley de Dependencia establece que los grandes dependientes (de grado III) tienen derecho a percibir prestación vinculada al servicio, por importe de 811,98 euros mensures, una ayuda para el cuidador familiar de 506 euros –además del alta en la seguridad social- o una prestación económica de asistencia personal, de 811, 98 euros.
Estas prestaciones no se dan porque el Gobierno, “de una manera intencionada” no proporciona información a la ciudadanía, lo que implica que los afectados no estén solicitando estas ayudas, insistió Luengo, quien agregó que se está politizando un asunto que necesita de aplicación. |
