El mismo día  que el el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Miguel Sebastián, visitaba  la isla de El Hierro y resaltaba la conciencia ecológica del equipo de gobierno del Cabildo Insular, eran citados a declarar consejeros y funcionarios de la corporación en los Juzgados de Valverde ante la Fiscal de Medio Ambiente, todos ellos imputados por un delito ecológico.

Según manifiesta la asociación cultural en defensa del medio ambiente Ossinisa, el sumario de este caso se inicio en el año 2006 con la denuncia del Complejo Medioambiental de La Dehesa. Sin embargo, a la misma se han unido todos los vertederos gestionados por el Cabildo de El Hierro en la actualidad. Las imputaciones que pesan sobre los consejeros comprenden delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, así como contra la Salud Pública.

 

La toma de declaraciones que estaba prevista en el Juzgado de Valverde para el día 14 de marzo se ha aplazado para el día 1 de abril, dado que ni los abogados de los imputados ni la fiscal pudieron trasladarse a la isla por las inclemencias meteorológicas.

La situación de los vertederos gestionados por el Cabildo de El Hierro es tan grave, que la Administración de Justicia ha tomado medidas cautelares urgentes en varios de ellos. Asimismo, a las Diligencias Previas se suma una nueva denuncia interpuesta por la Asociación Canaria de Desguaces (ASCADE), por un presunto tratamiento inadecuado de los vehículos fuera de uso (VFU). Esta asociación llevó a cabo una investigación al respecto, instando posteriormente al Juzgado de Valverde para que elevara consulta a la Jefatura de Tráfico. La finalidad de este proceso era conocer cómo se tramitaban en El Hierro las bajas de estos VFU sin certificados de destrucción, al no existir un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT). Estas irregularidades hacen que se estudie una posible implicación de funcionarios de las distintas administraciones implicadas.

Ossinisa asevera que desde el 1 de enero de este año, la Jefatura Provincial de Tráfico no admite los certificados de trámite de baja de VFU  expedidos por el Cabildo de El Hierro, ya que no se acredita el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a estos residuos. A su juicio, esta situación supone un problema medioambiental de considerables consecuencias, que unido a la ausencia de nuevas celdas de vertido y a la inoperatividad del Complejo Ambiental Insular, conduce nuevamente a la incineración indiscriminada de todo tipo de residuos. La misma que fue denunciada en 2006.

nuevo emplazamiento de residuos de toda indole proximo al vaso del vertedero la dehesa el hier“La imagen de isla 100% reciclable promovida por el Presidente del Cabildo de El Hierro, D. Tomás Padrón Hernández, como modelo mundial de la gestión de los residuos y avanzadilla de Canarias en esta materia, fue durante muchos años avalada por la prensa nacional e internacional, que actuaron como meros escribanos de las autoridades insulares. Sin embargo, fue la Revista Green (de Greenpeace) la que puso como ejemplo de desastre ecológico los vertederos de El Hierro”, afirman.  

Ossinisa también critica el despilfarro llevado a cabo por la institución insular para mantener la marca de “Reserva de la Biosfera” y “Desarrollo Sostenible”, frente a la cual señala la realidad de una isla sin red de alcantarillado, sin celdas de vertido ni centros de reciclaje, y con un problema grave de contaminación del acuífero. “Se promulga la compra de 1000 vehículos eléctricos anuales, mientras asistimos a una situación de quiebra económica del Cabildo y a las mayores tasas de desempleo en el Hierro”, aseveran.

Finalmente, Ossinisa hace responsable indirecto de la situación de los vertederos al ya desacreditado Diputado del Común de Canarias, a quien presentó varias quejas y alegaciones durante años. Pese a que se le explicó la situación aportando documentación y fotos, éste no actuó, archivando sus quejas y no personándose en la isla para corroborar in situ unos hechos presuntamente delictivos que afectaban a la salud pública de los herreños. “Su pasividad e indiferencia característica nos motivo acudir a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife, quien actuó de inmediato ante la gravedad de los hechos, demostrando una vez más su eficacia y diligencia en la protección del Medio Ambiente”.