En abril de 2001 tres personas estuvieron a punto de morir asfixiadas en otra galería del mismo municipio. Santiago Pérez sostiene que Cabildo y Gobierno de Canarias tienen competencias que no han ejercido.

El presidente del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, Santiago Pérez, afirmó hoy que la tragedia de la galería de Los Silos es un caso “muy señalado de negligencia” de las administraciones insular y autonómica, porque ambas tienen competencias que no han ejercicio y porque seis años antes se había producido un caso casi idéntico.

Santiago Pérez precisó, tras la celebración del pleno de la Corporación que, sin saber en qué proporción, ambas administraciones tienen responsabilidades. Así, precisó que el Cabildo gestiona las aguas terrestres, pero también tiene competencias sobre policías de aguas y de sus cauces que tiene que velar por la seguridad, mientras que el Gobierno canario tiene competencias en materia de minería de aguas “porque el Estatuto de Autonomía lo recoge”.

No obstante, indicó que esas competencias no las han ejercido, por lo que se aplica la legislación estatal sobre minas que establece actuaciones “muy claras en materia de seguridad” en las galerías y en las explotaciones abandonadas”.

Además de las administraciones, Pérez opinó que también tienen una clara responsabilidad los dueños de las galerías.

ACCIDENTE EN 2001

El presidente del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife recordó que en 2001 se produjo un accidente casi idéntico al registrado en febrero de 2007 en la galería Piedra de Los Cochinos que se saldó con la muerte de seis excursionistas. Así, explicó en que abril de 2001 tres personas estuvieron a punto de morir asfixiadas al adentrarse en una galería abandonada de Los Silos, y sostuvo que este hecho demuestra negligencia porque se tenía conciencia de que existía riesgo.

Agregó que en esa fecha se tenía constancia de la existencia en la Isla de casi 900 bocas de minas cuyas condiciones de seguridad, en muchos casos, eran precarias y recalcó la obligación de las administraciones públicas de velar por la seguridad de las mismas.

“Creo que por parte de los responsables del Cabildo y del Gobierno no hay responsabilidades delictivas, pero sí legales que justifican una acción indemnizatoria muy potente”, recalcó Pérez, quien insistió en que se produjo negligencia por parte de las dos administraciones que podrían dar lugar también a la asunción de responsabilidades políticas.