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Asamblea del Profesorado.- Estimados alumnos y alumnas:
La Consejería de Educación, a la vez que nos insulta, miente a la ciudadanía canaria sobre nuestra profesionalidad y sobre nuestras demandas. Por ello, creemos necesario mantenerles informados y aclarar, por si no lo hemos hecho suficientemente, los motivos que nos han llevado a más del 80% del profesorado canario a mantener una lucha por la que considera una reivindicación justa.
El Presidente del Gobierno de Canarias y la Consejera de Educación no dejan de pregonar que somos los docentes canarios los terceros mejor pagados del Estado, que somos unos “peseteros”, que somos los responsables de que se resienta la calidad de la enseñanza pública, etc., etc. Estos embustes, que acompañan de amenazas, no tienen otra finalidad que la de desprestigiarnos ante la sociedad y la de conseguir que ésta no entienda ni comparta nuestra causa. Nos presentan, ante el resto de trabajadores y trabajadoras de Canarias, como un grupo insolidario cuyas demandas están injustificadas. No se les cae la cara de vergüenza sabiendo que, en el año 1991 el Parlamento de Canarias, por unanimidad de todas las fuerzas políticas presentes, reconoció que el profesorado estaba deshomologado con respecto al resto de funcionarios de igual titulación y categoría y que ocupa puestos bases en la Administración autonómica; y que, por tanto, el Parlamento aprobó la ley de Homologación del Profesorado No Universitario, mediante la cual se homologaban las retribuciones de los funcionarios docentes; y sabiendo que desde 1995 la ley no la han aplicado y que ahora mismo cobramos entre 380 y 400 € mensuales menos; asimismo, sabiendo que cobramos, a partir de los 12 años trabajados, 5.000 € menos al año que la media de los docentes del resto de las Comunidades Autónomas del Estado; y, por último, conociendo que en los últimos 15 años hemos perdido más del 15% de nuestro poder adquisitivo ya que cada año se nos aumenta el sueldo por debajo de la subida del IPC.
Mientras, los miembros del Gobierno Canario y, entre ellos, la Sra. Consejera de Educación, se aumentan el sueldo de forma desmesurada y se suben hasta un 10% las dietas. En realidad, con su forma de actuar y de hacer política educativa (recortando gastos), lo que pretenden es ahogar la enseñanza pública canaria, de gran tradición en el archipiélago, para conseguir la privatización de este servicio, por lo que cada año beneficia a los centros de enseñanza privados y concertados, aumentando las ayudas y subvenciones a los mismos. Debe reconocerse que el sistema público de enseñanza de calidad requiere estar dotado de los recursos necesarios y de un profesorado justamente remunerado. Por esto, continuaremos defendiendo la calidad de la Enseñanza Pública, nuestras condiciones laborales y nuestros salarios.
La huelga es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras y el último recurso que se utiliza cuando no hay disposición por la otra parte a cumplir con lo firmado, a escuchar y a negociar. Pero, también, nos hemos visto obligados a adoptar otras medidas de presión como la suspensión de las actividades complementarias que se realizan fuera de los Centros (visitas, excursiones, viajes…) puesto que sabemos que alrededor de éstas se mueven muchos intereses económicos. Por ello, lamentamos no poder ofrecerles la organización y realización de las mismas en tanto la Consejería no atienda nuestra reivindicación. Finalmente, queremos solicitar de ustedes su apoyo e invitarles a nuestros actos y acciones para que este conflicto se resuelva lo antes posible y de forma justa, comprometiéndonos todos con la defensa de este servicio público que es el único que garantiza la igualdad ante el derecho a la Educación.
Cordialmente,
La Asamblea del Profesorado
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