Bernardino Ruiz Velázquez La lucha del profesorado canario por la homologación ya trasciende la mera reivindicación retributiva, se ha convertido en una lucha por la DIGNIDAD y el RESPETO. La permanente torpeza y prepotencia de la Consejera de Educación, unidas a la incomprensión interesada del Presidente de Gobierno, a la traición sin paliativos de unas burocracias sindicales poco representativas, a la insensibilidad “subvencionada” de la directiva de la Confederación de APAS y a la manipulación o escaso rigor informativo de algunos medios de comunicación han conseguido unir e indignar al profesorado como nunca. Si analizamos las claves del profundo malestar del profesorado estaremos más cerca de encontrar una salida al conflicto.
1.-LA HOMOLOGACIÓN ES UNA ASPIRACIÓN LEGÍTIMA Las retribuciones del profesorado han perdido en los últimos 12 años un 17´4% de poder adquisitivo. No es de recibo que, tras haber aprobado por unanimidad el Parlamento Canario en 1991 una Ley de Homologación que pretendía acabar con las discriminaciones retributivas entre los funcionarios públicos de la comunidad canaria, el profesorado –que realiza una función social de primer orden-, acumule una diferencia salarial superior a los 400 euros mensuales con los funcionarios que menos cobran con su misma categoría o titulación. Los costes de la ultraperiferia y la insularidad los tenemos todos. El gobierno cuantifica su oferta en 232 millones de euros en cinco años para consolidar 80 millones y el comité de huelga cifra su demanda en 380 millones en el mismo plazo para consolidar 140 millones. Los sindicatos han puesto límites a su demanda. ¿Por qué el gobierno habla de 700 millones? ¿Por qué no se negocia en torno a los límites planteados?.
2.-EL PROFESORADO RECHAZA LOS SEXENIOS
La oferta-trampa de los sexenios ha sido rechazada por el profesorado. En nuestro contexto laboral, no es de recibo que unos incrementen 500 euros y otros 100 euros por el desarrollo de las mismas tareas. ¿Pretendía el gobierno introducir el virus de la desunión y la competitividad en una profesión que requiere la colaboración y el trabajo en equipo?. Si se quiere incentivar nuestro trabajo hay fórmulas más asequibles para no degradar la profesión ni insultar nuestra inteligencia.
3.-LAS “CONTRAPARTIDAS” NO SON EL PROBLEMA
Las contrapartidas que pide el gobierno y que quedaron expresadas en el preacuerdo rechazado masivamente por el profesorado no son un problema en sí. De hecho, la mayor parte de ellas, se vienen realizando de forma generalizada. A lo que se niega el profesorado, por principios, es a asumir la responsabilidad en exclusiva de la mejora del sistema público educativo a cambio de dinero, a autoinculparse de los males que aquejan a la educación y a ser cómplices de un engaño social que pretende ocultar el verdadero problema: el deterioro de las condiciones sociales y los continuos recortes de la inversión pública en beneficio de la privada. En un periodo caracterizado por la presión migratoria, la precarización laboral, la desestructuración familiar y la liberalización a todos los niveles (la guerra de audiencias entre las cadenas televisivas, por ejemplo, sabotea el trabajo educativo de padres y profesores emitiendo, en la franja horaria de protección infantil, una media de 23´7 actos violentos por hora), el Gobierno Canario ha pasado de invertir en 1991 en educación el 6´13% del PIB de la Comunidad, a un 4´23% en el 2007 (casi 2 puntos de descenso). Por contraste, la media europea y de los países de la OCDE se mantiene por encima del 5%. Así mismo, según datos publicados por la revista Magisterio, en el periodo 2000-2005, Canarias fue la comunidad autónoma donde más disminuyó el gasto educativo en relación al PIB por habitante, con un -24´08%. En definitiva, el profesorado no está dispuesto a poner “contrapartidas” si el gobierno y la sociedad no ponen las suyas. El profesorado es plenamente consciente de que las mejoras que la educación necesita dependen de muchos factores y que, gran parte de ellos, son ajenos a nuestra voluntad o esfuerzo. Por eso, nuestros representantes han propuesto un Pacto serio y honesto de todos los sectores implicados para dar un salto cualitativo en la educación. Entendemos, en definitiva, que sería más correcto hablar de “compromisos”. Compromiso para diagnosticar de forma consensuada la situación social y educativa y, por otro lado, compromiso de cada una de las partes implicadas en pactar una serie de objetivos de mejora en sus ámbitos de competencia, con el Gobierno de Canarias a la cabeza.
4.- LA ACTITUD DEL GOBIERNO DE CANARIAS NO AYUDA.
El Gobierno de Canarias ha cometido demasiados errores. Para empezar, nos da ejemplo de austeridad, incrementándose el sueldo en más de un 15% y “homologándose” por decreto con un ministro del estado. Luego, intenta enfrentar a la sociedad con el profesorado con medias verdades y declaraciones demagógicas. A continuación, con la colaboración de ciertas burocracias sindicales, intenta dividir al profesorado con una propuesta-trampa de preacuerdo ampliamente rechazada. Y nos encontramos, en la actualidad, con un fase donde combina la dureza de posiciones –abusivos servicios mínimos-, con manifiestas amenazas –prolongar el final de curso-, ignorando que la sociedad está siendo informada por el profesorado directamente en sus centros de trabajo y conoce las contradicciones del conflicto, entre otras, que se han perdido más horas de clase por los retrasos en los nombramientos de profesores y en la cobertura de sustituciones que por las “legítimas” jornadas de huelga. El profesorado tiene las ideas claras, está como una piña y dispuesto a mantener su lucha el tiempo necesario. Si el gobierno no es capaz de encontrar salidas honrosas para todas las partes, es que realmente no tiene voluntad de acuerdo y se mueve por intereses ajenos a la mejora del servicio público.
(*) Delegado sindical del STEC en la Junta de Personal Docente No Universitario por la provincia de Las Palmas). |
