El abogado José Ortega, fundador de la Plataforma nacional de afectados por la Ley de Costas, que engloba a unas 5.000 familias y que tiene como objetivo responder a los “abusos y fraudes” de normativa y luchar contra la injusticia, afirma que la ley de Costas está instrumentalizada para facilitar desembarco de capital hotelero, ladrillero y cementero. Culpa de la situación actual a la Dirección y Subdirección de Costas a la visión “extrema de la ley” de sus titulares.

El portavoz de la Plataforma nacional de afectados por la Ley de Costas, José Ortega, afirmó hoy que la norma se está aplicando a las clases medias, e incluso a las más humildes, y señaló que se está instrumentalizando en puntos concretos del litoral canario “para facilitar el desembarco de gran capital hotelero, ladrillero y cementero”.

José Ortega se manifestó en estos términos en el transcurso de una rueda de prensa para informar de los objetivos que persigue la plataforma, que, aclaró, no pretende presentar discrepancias técnico-jurídicas sobre la interpretación de la Ley, sino responder a los “fraudes y abusos” y luchar contra la injusticia.

La plataforma está compuesta por unas 5.000 familias afectadas de casi todas las comunidades, aunque fue creada, el 7 de enero de 2008, por asociaciones canarias y valencianas. En el Archipiélago, los afectados son de Candelaria (Tenerife), Playa La Punta (La Gomera), El Golfo (Lanzarote), La Bombilla (La Palma) y Puertito Los Molinos y Puerto Lajas (Fuerteventura).

Ortega, que es letrado de muchos de los colectivos o personas afectadas, presentó un informe que recoge los “abusos y arbitrariedades” sobre la aplicación de la Ley de Costas, a partir de los casos que le han sido encargado o sobre los que ha tenido conocimiento profesional, especialmente en relación con el derecho a la propiedad.

En ese informe se denuncia la aplicación diferente de la ley según su destinatario. En concreto, se señala la aplicación “rigurosa” contra los propietarios de viviendas preexistentes, pero no contra los constructores, promotores de obras y empresas en general.

También se expresan quejas relacionadas con la indiferencia ante la regresión de la costa y sus efectos sobre el domingo público y sobre la propiedad, la determinación arbitraria de la línea de deslinde o la tramitación del mismo en secreto, y el abuso de la suspensión de autorizaciones y concesiones en el dominio público durante la tramitación del expediente.

USO ARBITRARIO

El documento, que ha sido remitido al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, al Defensor del Pueblo, al Consejo General del Poder Judicial y los partidos políticos, entre otros, también recoge casos sobre uso arbitrario de concesiones administrativas y la aplicación retroactiva de la ley, así como la negativa a reconocer el derecho de los ciudadanos a una concesión administrativa que recoge la propia Ley de Costas.

Además de la remisión a las más altas instituciones del país, el informe se presentó el pasado 1 de febrero al Comité de Peticiones del Parlamento europeo como queja ante España por la aplicación “abusiva de la norma”. La Plataforma también ha solicitado la creación de comisiones de investigación, tanto en las Cortes Generales que surjan de los comicios de marzo, como en los parlamentos de Valencia y Canarias.

Ortega achacó las arbitrariedades de la aplicación de la ley tanto al Director General de Costas, José Fernández, como al subdirector, Ángel Muñoz, por su interpretación “excesiva” de la normativa. “La idea favorita de Muñoz es aplicar la ley con carácter retroactivo y la de Fernández rescatar las concesiones”, apostilló.

El letrado explicó que según los “rumores” que circulan “ambos cargos no seguirán” aunque gane el PSOE las elecciones, porque, al parecer, los socialistas no están contentos con la forma de aplicar la ley. El hecho de que estas dos personas no continuaran en sus cargos abriría una puerta a la esperanza para buscar “límites razonables” en la aplicación.

Para lograr este fin, Ortega confía más en cambios dentro del PSOE que en la entrada en el Gobierno del Partido Popular (PP), ya que los populares también aplicaron la ley “con mucha dureza”.

FRENAR LA PRESIÓN URBANÍSTICA

Ortiga recordó que la Ley de Costas nació con el objetivo de frenar la presión urbanística y lo que hace en realidad, enfatizó, es facilitar la entrada del capital “ladrillero y cementero”.

Aseguró que la norma se utiliza “como ariete contra los poblados tradicionales” en Canarias, y puso como ejemplo el de los afectados en el Puerto de Las Lajas, en Fuerteventura, donde se quiere construir un paseo de 20 metros de ancho y derribar un caserío de 80 viviendas.

La Ley de Costas, agregó, establece una zona de influencia en la que se establece que en 500 metros no haya más densidad de edificación que en la media del municipio. En Puerto Lajas, aclaró, se está impidiendo esta limitación y lo que se pretende evitar es que la primera línea de vivienda “no sea de casas humildes”.

También habló del caso de La Bombilla, en La Palma, donde se pretende construir una playa “donde nunca la ha habido” y modificar la configuración de la costa para conseguir “un fin distinto a la de la norma”, que, recordó, es el de frenar la presión urbanística.