Tomás González dijo en primer lugar que el espíritu de los vecinos está alto, tienen ganas de dar la talla y la batalla a su problema y explica que la causa de Cho Vito cada día es más sensible no sólo en Canarias sino a nivel internacional, puesto que explica que dos eurodiputados, Nick Griffin y Andrew Brons, ha presentado en el Parlamento Europeo una declaración escrita sobre los problemas relacionados con los bienes expropiados y demolidos en virtud de la Ley de Costas española.

El portavoz vecinal expone que en los considerandos de este escrito oficial se recoge uno de los temas que particularmente le preocupan muchísimo, pero a quien más tiene que preocupar es a los gobiernos del Estado y autonómicos porque en el apartado dos pide a la Comisión que haga “haga uso de sus poderes en aplicación del artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 para suspender el pago de créditos procedentes de los Fondos estructurales a España hasta que se haya resuelto esta cuestión o, en todo caso, por el plazo máximo autorizado con arreglo a dicho articulado”, lo que pone de manifiesto que los responsables de Costas “han meado fuera de bacinilla”.

Este declaración pone de manifiesto la existencia de un movimiento pro Cho Vito muy fuerte en toda Europa, demuestra que hay una serie de políticos que tiene una especial sensibilidad hacia temas humanos y trascendentes como el derecho a la propiedad que no la tienen ni en Costas ni en el Gobierno español.

Tomás González advierte que este documento que han recibido en el día de hoy, lo trabajarán no sólo con los eurodiputados que lo firman, sino que lo harán con todo el arco parlamentario puesto que hablamos que en España hay más de 400.000 propiedades susceptibles a la aplicación de la Ley y, por tanto, afectadas por este problema.

Desde su punto de vista, en caso de seguir adelante con los derribos de las propiedades, el gobierno español podría dejar de recibir los Fondos estructurales, lo que aumentaría evidentemente la crisis del país, al tiempo que advierte que estos europarlamentarios van totalmente en serio con su propuesta, puesto que estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea.

Afirma que el gobierno español, la Dirección General de Costas y el abogado del Estado han medido mal, al tiempo que señala que los vecinos seguirán adelante con su defensa, hasta las últimas consecuencias, puesto que en su intervención en la Comisión Europea se contuvo para no generar problemas al Estado español, pero ahora no habrá contemplaciones, puesto que hay muchos europarlamentarios, de todos los colores políticos, “cabreados” por este abuso que no dudarán en exigir a la UE la paralización de los fondos estructurales para España, lo que significa la retirada de muchísimos proyectos cofinanciados por Europa.

Declaración por escrito sobre los problemas relacionados con los bienes expropiados y demolidos en virtud de la Ley de Costas española

Vista su Resolución de 26 de marzo de 2009 en que pide a España que respete los derechos individuales de los ciudadanos europeos penalizados por la aplicación de la Ley de Costas española,

Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A. Considerando que la aplicación de la Ley de Costas de 1998 ha conducido al embargo y a la demolición de propiedades de ciudadanos europeos, que se han visto expulsados sin indemnización plena ni oportuna,

B. Considerando que el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que “toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos” y que “nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida”,

C. Considerando que la obligación de ceder propiedades privadas legalmente adquiridas sin procedimiento regular y sin indemnización conveniente constituye una violación de los derechos fundamentales de las personas tales como se definen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

1. Hace un llamamiento a las autoridades españolas para que tengan debidamente en cuenta la opinión expresada en su Resolución y paguen sin demora una compensación íntegra a todos los afectados;

2. Pide a la Comisión que haga uso de sus poderes en aplicación del artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 para suspender el pago de créditos procedentes de los Fondos estructurales a España hasta que se haya resuelto esta cuestión o, en todo caso, por el plazo máximo autorizado con arreglo a dicho articulo,

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión.