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ILT acusa al TSJC de cometer un error en el 'caso Teresitas' Imprimir E-Mail
martes, 12 de febrero de 2008

La Opinión / 12 de frebrero de 2008.- NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE. La empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) ha presentado un recurso a la ejecución de la sentencia que anula la operación de compraventa de la playa de La Teresitas argumentando que la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) cometió "un error excepcional" con este fallo.

Según las fuentes consultadas, se trata de un recurso "sumamente extraordinario" o, en la práctica, se trataría de una de las últimas posibilidades de que no se llegase a cumplir la sentencia.
En concreto, en más de sesenta folios, los abogados de Ignacio González y de Antonio Plasencia intentan justificar este recurso argumentando que la Sala pidió una prueba que no había sido solicitada por las partes. O lo que es lo mismo, un informe sobre la situación y la adquisición de las parcelas 8, 9, 10 y 11 del frente de la playa, puesto que el TSJC quería saber si efectivamente estos solares se encuentran en dominio público, tal y como, al parecer, algunos informes apuntan que efectivamente ocurre así.
La respuesta de los abogados defensores de la anulación de la compra de la playa es que la Sala tiene derecho a pedir en cualquier momento las pruebas que estime convenientes, como reconoce la ley.

Sentencias firmes. Desde la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se indica que aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el contenido de los recursos presentados por ILT a las tres sentencias emitidas sobre la playa, estas se consideran, en principio, ya como firmes.
En concreto, la empresa ha presentado recursos al fallo que obliga a retrotraer el expediente al año 88, cuando se llevó a cabo la reparcelación de la playa y que significaría que sus promotores, los ciudadanos alemanes, podrían volver a ver como se reconoce la propiedad de sus terrenos que de un día para otro aparecieron a nombre de la Junta de Compensación y vendidos a terceros.
Se ha presentado otro a la anulación de la compraventa por el TSJC y otro al auto que desarrolla el fallo del Tribunal Supremo que igualmente anuló esta operación y que obliga a realizar una nueva tasación de estos terrenos y que sí podría ser objeto de recurso ante el TS.

"Perjudicialidad penal"
Otro de los argumentos utilizados por la defensa de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) para intentar que no se cumpla la sentencia del pasado mes de julio en la que se anulaba la operación de compraventa del frente de la playa es apelar al principio de "perjudicialidad penal" o lo que es lo mismo, que el cumplimiento de este fallo traería consigo un perjuicio a los derechos constitucionales de la empresa. En este caso la respuesta de las otra partes personadas en el proceso es que una empresa, como tal, no tiene capacidad legal ni para cometer un delito, ni tampoco para ver como se afectan sus derechos fundamentales. En la defensa contra los argumentos de ILT también se recuerda el convenio suscrito en el año 1986 entre la Junta de Compensación y el entonces alcalde, Manuel Hermoso por medio del cual se cedían gratuitamente al Ayuntamiento 63.700 metros cuadrados como pago a las obras que la Corporación local había ejecutado en la playa.

 
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