La Opinión / 5 de febrero de 2008.- NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE. El colectivo ecologista El Rincón cree que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no tendrá que realizar ni encargar una nueva tasación de los terrenos del frente de la playa para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anulaba la operación de compraventa, sino que tan sólo basta con que aplique la que ya ha realizado dentro del sumario de la causa penal que ahora ha sido parcialmente dado a conocer.

En la tasación se indica que según la delimitación provisional de la línea de deslinde que se aplica como consecuencia de la nueva Ley de Costas, esta pasaría sobre la totalidad de las parcelas así como incluso el vial que se sitúa en su frente. Por ello, el valor de los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento no pasaría de los 11,2 millones de euros, lo que implica un sobrecoste de 41 millones sobre lo abonado en el año 2001 por el Ayuntamiento que ascendía a 52 millones de euros.

Nueva tasación. La portavoz del colectivo que en su momento fue quien promovió la querella que finalmente fue aceptada por el TS, Elena Sánchez, cree que por lo tanto, "ya no hay necesidad de llevar a cabo una nueva tasación puesto que el propio Tribunal Superior ya ha elaborado una suya propia", que además supuso el desembolso de unos 100.000 euros.
Pero es que en caso de que se aplique el deslinde del año 1961, que según Costas es el que está vigente ahora mismo ya que no se ha actualizado aún, el valor de los terrenos ascendería a un máximo de 15,2 millones de euros, lo que implicaría que Inversiones Las Teresitas, tendría que devolver nada menos que 37 millones de euros al Ayuntamiento.
En su momento tanto el colectivo ecologista como el Ayuntamiento propusieron que la nueva tasación la elaboraran técnicos del Ayuntamiento. Sin embargo, ahora El Rincón estima que la realizada por el TSJC dentro de la causa penal abierta por la operación de compraventa de estos terrenos, "puede resultar perfectamente válida".

¿Es firme la sentencia?
En estos momentos aún hay serias dudas sobre si la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y su desarrollo a través de un auto del TSJC son firmes. Y ello debido a que la entidad Inversiones Las Teresitas (ILT) ha presentado un recurso a través del cual considera que la operación de compra venta es totalmente válida y por lo tanto no puede ser anulada. En caso de que la sala 2 de lo contencioso-administrativo rechace este recurso, cabría la posibilidad de presentar otro de casación ante el Tribunal Supremo, alegando que el TSJC no ha sabido dar cumplimiento a su fallo. El problema surge a la hora de continuar o no con las obras que se están ejecutando ene este enclave. Y es que en caso de que la sentencia no sea firme la empresa podría reclamar una indemnización millonaria, por haber autorizado el Ayuntamiento que se trabajaran en terrenos que no eran suyos.