La Provincia / 2 de febrero de 2008.- El sumario deja entrever que entre los cinco funcionarios imputados en Las Teresitas, algunos fueron presionados para hacer lo que hicieron.

José Luis Roca. Era el interventor delegado de Urbanismo y, por tanto, suscribió junto a Messía de Yraola el informe favorable del convenio urbanístico, pese a las irregularidades que aparentemente presentaba. En su declaración ante la jueza, dijo no conocer la valoración hecha por la arquitecta municipal Pía Oramas y que no le parecía que los trámites se hubieran resuelto con rapidez.

Juan Víctor Reyes. En su condición de secretario delegado de Urbanismo, por sus manos pasaban todos los expedientes de la Gerencia. El 11 de julio de 2001 elabora un informe en el que recoge que el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas habían acordado el precio de 8.750 millones de pesetas con anterioridad a las valoraciones realizadas. Este dato es central para la fiscal en la argumentación de su querella, pues deja bien claro la existencia de acuerdos oscuros entre las partes.

Eugenio de Zárate. El secretario general del Ayuntamiento intenta justificar la operación de compraventa en su informe de 11 de julio de 2001, pero en el mismo señala que "el precio de compra ha sido fijado libremente por la parte vendedora". ¿Y las valoraciones, para qué se hicieron entonces? En su declaración alegó que eso era cuestión de Urbanismo.

José Tomás Martín. Era gerente de Urbanismo y redactó una memoria explicativa y justificada del convenio urbanístico el 17 de julio de 2001. Sin embargo, su actuación, tal y como él mismo ha querido dejar claro, contó siempre con el visto bueno de Parejo.