Según el informe 2010 de Amnistía Internacional, que este año se centró en la justicia, las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en España fueron relativas a los límites que la legislación nacional ha impuesto al ejercicio de la legislación universal, así como la ejecución de reformas sociales que “menoscaban” los derechos humanos de inmigrantes y solicitantes de asilo, además de en la falta de medidas para acabar con la presencia del racismo y la xenofobia, “cuyos datos no son difundidos por el Estado”, asegura San Martín.

El representante criticó especialmente “pasos hacia detrás” en los derechos de las personas tras el aumento del periodo de detención a los inmigrantes, las reformas en los procedimientos de solicitudes de asilo o que las mujeres que denuncian violencia de género “puedan ser expulsadas si se encuentran en situación de ilegalidad”.

Precisamente la violencia contra la mujer es, a juicio de Amnistía Internacional, “especialmente preocupante”. Denuncian la situación de las mujeres inmigrantes que sufren violencia en el entorno familiar y las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Según mantiene AI, la respuesta institucional ha sido “insuficiente” a este respecto.

El informe de esta organización humanitaria refleja también que el gobierno español “margina” los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con países como Rusia, China o Colombia, “primando intereses políticos, estratégicos y económicos”.

En España también se han producido algunas mejoras. Amnistía Internacional valora positivamente la postura del Ejecutivo central a la hora de liderar una iniciativa para conseguir una moratoria universal de la pena de muerte en 2015, el “esfuerzo” por combatir la violencia machista en la Unión Europea o el acogimiento a detenidos en Guantánamo.

En lo que respecta al resto del mundo, en los 159 países analizados se detectan violaciones de los derechos humanos. Así, según San Martín, en la “brecha abierta por los gobiernos en la justicia global prosperan la represión y la injusticia y millones de personas se ven condenadas a sufrir violencia, abusos y pobreza”.

Pese a todo, 2009 fue un año “histórico” para la justicia internacional, según IA. Por primera vez, un jefe de estado en activo, el presidente de Sudán, Al Bashir, fue objeto de una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, igual que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, algunos gobiernos siguen sin ratificar el Estatuto de Roma, con lo que, para el representante de IA, “eluden la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

Finalmente, San Martín subrayó que los gobiernos “no toleran bien las críticas y ni se respeta el trabajo ni se le permite trabajar a los defensores de los derechos humanos, que en algunos casos son torturados”.