El secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, anunció hoy que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad a "la única iniciativa legislativa propuesta por el Gobierno de Canarias hasta la fecha como es la creación de la Policía Canaria" porque, a su juicio, es anticonstitucional e innecesaria.

Según López Aguilar, la iniciativa que mañana jueves defenderá el Gobierno de Canarias en el debate de primera lectura en la Cámara regional, excede las previsiones que marca la Constitución, que establece en el texto las competencias exclusivas del Estado en materia de Seguridad sin prejuicio de la creación de policías autonómicas, cuya misión es la de que sus miembros vigilen edificios de la comunidad autonómica, garantizar la seguridad de sus cargos públicos y la coordinación con las policías locales, entre otras.

Para el portavoz del grupo parlamentario socialista, Francisco Hernández Spínola, el proyecto de ley rebasa también el artículo 34 del Estatuto de Autonomía y significará un "despilfarro" en las arcas canarias porque, advirtió López Aguilar, si los socialistas revalidan tras las elecciones generales del 9 de marzo, la Policía Canaria no contará con ningún apoyo del Estado porque entiende que este cuerpo no "aporta nada a la seguridad del archipiélago".

Hernández Spínola destacó que la Policía Canaria producirá descoordinación con las funciones asignadas por la Policía Nacional y Guardia Civil, e instó a que el Gobierno regional retire un proyecto de ley porque con los socialistas gobernando en España, la seguridad en las islas está garantizada. "Es una ley que los canarios no desean", afirmó Hernández Spínola, "no es prioritaria" reiteró al tiempo que recordó que "nos costará a los canarios 18 millones de euros los 300 agentes previstos inicialmente; y 160 millones de euros cuando esté desplegada en su totalidad".

Para Francisco Hernández el verdadero trasfondo de esta iniciativa es el negocio y el clientelismo, los dos pilares a través de los cuales se sustenta el actual Ejecutivo canario, dijo.

El portavoz del grupo parlamentario socialista lamentó que en la sesión de mañana no se produzca debate sino un "fiasco de debate" en el que el PSC-PSOE sólo tendrá 15 minutos para defender su posición mientras el Gobierno tiempo ilimitado. Criticó, además, que no tengan derecho a réplica porque CC y PP "se han negado" tras solicitarlo en junta de portavoces. Hernández Spínola, quien recordó que es la tercera vez que la Cámara acoge este debate, el primero data de 2002 y el segundo de 2006, y sí hubo réplicas, señaló que, a su juicio, esta nueva postura significa que en el 2008 las libertades han retrocedido en el Parlamento de Canarias.

"Es un retroceso democrático", apostilló. Recordó, además, que tanto en 2002 como en 2006 el proyecto de ley fue retirado porque entonces contó con los votos en contra de socialistas y populares, aunque ahora el PP respaldará la iniciativa contradiciendo la posición de este partido en otras comunidades autónomas porque "quiere seguir aferrado al poder". Para Juan Fernando López Aguilar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha apostado "claramente" por la seguridad al asignarle el 0,63 por ciento del gasto público.

En Canarias, indicó, ha puesto en marcha un Plan de Seguridad al que se ha dotado de 900 y 600 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, respectivamente, y ha logrado que descienda la tasa de criminalidad en las islas un 7 por ciento en apenas cuatro años.

El secretario general del PSC-PSOE recordó que paralelamente se han creado unidades policiales, como la Unidad contra Redes, Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) y los Grupos de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO), que cuentan con sedes en las dos capitales canarias, así como se han incrementando los efectivos de policía judicial, entre otros, lo que ha logrado transmitir el mensaje de que Canarias es una comunidad tranquila. Por ello, la iniciativa del Gobierno canario es "inoportuna" porque no responde a una demanda social, y sí otros servicios públicos del archipiélago que en estos "mismos instantes arden en conflictos", según López Aguilar.