La Plataforma de Organizaciones de Mujeres de 8 de Marzo de Tenerife organiza distintos actos en protesta contra la gravedad de los últimos acontecimientos que rodean al tema del aborto. Así, el próximo jueves 31 de enero a las 18:00 horas se producirá la entrega de autoinculpaciones de aborto y una concentración en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, en la entrada principal del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, en la Avenida Tres de Mayo. A continuación, adjuntamos el manifiesto titulado "Por el derecho de las mujeres a decidir", firmado por la misma organización.

Cuando en el año 1985 se despenalizó el aborto en los tres supuestos actualmente existentes, el Movimiento Feminista denunció que  esta despenalización no recogía la realidad del aborto: se trata del derecho a decidir de las mujeres (y como tal debe ser considerado) a dar continuidad o no a un embarazo no deseado. Denunciamos, así mismo, que bajo esta despenalización parcial, las mujeres quedábamos expuestas a la arbitrariedad de jueces y policías, como hoy sigue sucediendo. A pesar de que esta ley despenalizadora supuso una concesión a los sectores más conservadores, la Ley estuvo más de dos años sin poder aplicarse debido a un recurso de Alianza Popular (hoy Partido Popular). Las presiones por parte de estos sectores ultraconservadores desde entonces, no han cesado, aunque han tenido momentos de mayor auge, como el actual, quizás por la proximidad de las elecciones.

La despenalización, además,  contempla  la objeción de conciencia médica, cuestión que lesiona gravemente el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública, ya que en la práctica se favorece la privatización. La realidad muestra que en Canarias, del total de abortos realizados, sólo un 3,5% se ha llevado a cabo a través del Servicio Canario de Salud.

Esto evidencia la necesidad urgente de un cambio legislativo que garantice el aborto como un derecho sujeto a regulación, como cualquier otro. Es necesaria una ley que contemple el aborto como un derecho libre y gratuito dentro de la sanidad pública, realizado en las condiciones sanitarias adecuadas y que respete escrupulosamente el derecho a la intimidad y confidencialidad de las mujeres. Derecho, que no obliga a quienes por su conciencia o su moral rechacen esta práctica. Este avance legislativo nos equipararía  con países de nuestro entorno político como Bélgica, Francia, Noruega, Alemania, Dinamarca…

Evidencia, también, la necesidad de una apuesta decidida por la educación sexual de las y los jóvenes, ya que en Canarias el 40,7% de las jóvenes menores de 25 años han abortado, de las cuales el 26% lo han  hecho en varias ocasiones. Recordamos que el único programa de educación sexual en la escuela existente en Canarias fue suprimido por la Consejería de Educación desde hace años, no existiendo desde entonces ninguna propuesta educativa al respecto apoyada por este organismo, quedando relegada la educación sexual a la buena voluntad de las y los profesionales de la enseñanza. Experiencias al respecto de otros países, como Holanda, que contemplan la educación sexual en los programas educativos y tienen muy bajas tasas de abortos entre jóvenes, pueden ser un ejemplo a seguir.

Exigimos del Gobierno de Canarias una implicación clara y una apuesta decidida por la educación sexual en los programas educativos y por la prestación pública de la interrupción voluntaria del embarazo dentro del Servicio Canario de Salud, así como que ejerzan su responsabilidad en la protección de la intimidad de las mujeres que han hecho uso de las posibilidades que les brinda la actual legislación.

Exigimos al Gobierno Estatal una actitud más valiente y decidida en la defensa del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo que no desean, lo que implica, no hacer concesiones a los sectores más conservadores y a la jerarquía eclesiástica, para que no se lesione este derecho.