SB-Noticias.- El abogado de reconocido prestigio, miembro de Justicia y Sociedad, José Manuel Rivero, afirma que del análisis de la querella de la fiscal delegada en el “caso Teresitas”, María Farnés, y respetando la presunción de inocencia de los imputados, se entiende que éstos poseían “grandes dotes adivinatorias” que les permitieron saber cuál iba a ser el fallo de una sentencia antes siquiera de que se produjera la deliberación y votación sobre la misma.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias había anulado la aprobación definitiva de la revisión del Plan Parcial de Las Teresitas, resolución que fue recurrida en superiores instancias judiciales. Así, estaba previsto que el 17 de junio de 1998, la sección 5ª de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo procediera a la deliberación, votación y fallo de la sentencia que, como se conocería el 29 de junio del mismo año con la publicación de ésta, revocaría la anulación del plan parcial que pesaba sobre la playa.

El 16 de junio de 1998, un día antes de que se produjera la deliberación, votación y fallo del Tribunal Supremo, empiezan a gestarse los compromisos de compraventa de los terrenos de Las Teresitas, la constitución de la sociedad “Inversiones Las Teresitas” y la concesión del crédito de CajaCanarias a esta sociedad, de tal manera que, el 26 de junio del mismo año, tres días antes de que se conociera la sentencia, “ya tenían todo hecho”, dice el abogado.

En base a la presunción de inocencia, explica Rivero que se debe presumir que estas personas poseían “unas dotes de adivinación” que les habrían permitido conocer que el Tribunal Supremo iba a resolver favorablemente a los intereses que tenían en mente.

Añade el jurista que hay numerosos hechos en la querella que merecen ser investigados. Cita como ejemplo las conclusiones de los dos peritos designados judicialmente por la instructora Carla Bellini, que afirman que el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó un sobre precio que tasan en 37 millones de euros, en el mejor de los casos. Es decir, la valoración de los peritos es de unos 15 millones de euros, mientras que el precio que pagó el consistorio fue de 52. Entiende José Manuel Rivero que esto ya constituye por sí sólo indicios suficientes para pensar que se ha cometido una malversación de caudales públicos, además de la prevaricación.