SB-Noticias.- Ricardo Guerrero denuncia “la falsa defensa que hacen ahora con la presentación de una ley para evitar los derribos que es electoralista”. El PSC-PSOE asegura que tiene “todos los visos de ilegalidad”. Esta iniciativa tendría un impacto económico brutal sobre las arcas de los ayuntamientos.

El PSC-PSOE, a través de su secretario regional de Medio Ambiente, Ricardo Guerrero, recuerda a CC y PP que en el año 1998 firmaron un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Medio Ambiente para llevar a cabo las actuaciones en infraestructuras costeras en el que se incluía, por ejemplo, la demolición del núcleo de Cho Vito.

Guerrero asegura que “deberían hacer memoria y sacar del baúl de los recuerdos que en ese año el consejero que firmó el acuerdo era Antonio Castro como responsable de Obras Públicas y la ministra del PP era Isabel Tocino”.

El responsable del área de Medio Ambiente añade que “esta proposición de Ley presentada ayer por CC y PP para llevar a cabo una falsa defensa de los núcleos ilegales de Canarias es en realidad una medida electoralista porque saben perfectamente que tiene todos los visos de ilegalidad, y además, es una tomadura de pelo que los mismos que en el pasado se hacían la foto con sus socios fe Gobierno para derribar esos núcleos ahora cambien el discurso por la proximidad de las elecciones y tienen que mantener su guerra particular contra Zapatero siguiendo las órdenes del PP”.

Además, asegura que esta iniciativa “va en contra de los principios de la Ley de Costas que pretende recuperar para todos los canarios las zonas ocupadas por construcciones ilegales”. Asimismo, contradice lo manifestado por los portavoces de CC y PP en el Parlamento de Canarias sobre la proposición del Cabildo de El Hierro para legalizar una parte de las viviendas ilegales existentes en Canarias, donde se aclaraba que estaban excluidas las existentes en zonas de dominio público por servidumbres.

El PSC-PSOE pone el acento en recordar la medida tomada en El Sauzal siendo alcalde Paulino Rivero de acabar con más de 400 edificaciones ilegales que tenía en su costa.

Por último, Guerrero se pregunta cómo van a conseguir que en la modificación que plantean del Artículo 3 que añaden al decreto legislativo 1/2000 de ordenación del territorio se incluya un censo de las viviendas con el compromiso del propietario, o en su defecto del Ayuntamiento correspondiente, de hacerse cargo de llevar a cabo la instalación de los sistemas de evacuación de aguas residuales que podrían recaer en las administraciones locales, dejando en evidencia cómo le  pasan el problema a los ayuntamientos sin siquiera consultarlo con ellos ni hacer un estudio del impacto presupuestario que podría tener para las arcas municipales.