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 SB-Noticias.- José Pérez Ventura, abogado y miembro de la asociación Justicia y Sociedad, explica que el levantamiento parcial que se ha hecho del secreto de sumario del “caso Teresitas”, tal y como esta asociación había pedido, era necesario, pues se estaba impidiendo que como acusación particular pudieran estudiar “al detalle y con el rigor jurídico necesario” el proceso y participar de una manera más activa en el mismo. Asimismo, hizo referencia a determinados aspectos del sistema judicial español, en el que encuentra “aspectos en los que todavía es necesario profundizar en su concepción democrática”.
El pasado 28 de diciembre, la asociación Justicia y Sociedad presentaba un recurso contra la última prórroga del secreto de sumario, pues entendían que éste no se puede mantener de forma indefinida. Aclara el jurista que el objeto principal del secreto de sumario es que los imputados no conozcan las investigaciones que se están llevando a cabo y así no puedan interferir en las mismas. Es por ello que la petición de alzamiento del secreto de sumario pedida por Justicia y Sociedad como acusación popular se limitaba a aquellas actuaciones y diligencias conocidas por los imputados. Es el caso del expediente tramitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre las actuaciones urbanizadoras en el entorno de la playa de Las Teresitas. Expediente que los imputados ya conocían. Reconoce el abogado lo necesario que resulta mantener el secreto respecto de las labores de investigación que aún hoy continúan, especialmente en lo que se refiere al patrimonio de los imputados. “La investigación no está exenta de cierta complejidad”, afirma Pérez Ventura. Asimismo, entiende que del hecho de que las indagaciones continúen se desprende “que los indicios son sólidos”. Declara respeto hacia las actuaciones que se llevan a cabo y espera que de las mismas se obtengan resultados y se vaya así levantando el secreto que pesa sobre el resto del sumario. Así, Justicia y Sociedad podría, llegado el caso y como acusación pública, formular nuevos escritos de acusación. Si procede, se abrirá juicio oral, “y que se siente en el banquillo quien tenga que sentarse”, comenta Pérez Ventura. “En nuestro sistema judicial hay aspectos en los que todavía es necesario profundizar en su concepción democrática” Opina José Pérez Ventura que en nuestro país aún no se ha dotado de manera suficiente a la policía ni a la fiscalía para que puedan “atacar” con la energía necesaria los delitos de tipo económico o de corrupción. El aparato represivo del Estado (policía, fiscalía y poder judicial), se encuentra muy orientado a la lucha contra delitos contra la propiedad, el narcotráfico y otros delitos comunes. Según el jurista, es necesario desarrollar mayores y mejores unidades de especialización contra “la delincuencia de cuello blanco”, muy vinculada con el poder político y económico, cuyos efectos asegura Pérez Ventura que pueden ser “devastadores”. La falta de especialización y de recursos humanos hace que este tipo de procedimientos se instruyan e investiguen con ciertas dificultades, hecho que considera el abogado que favorece en gran medida a los imputados. En esta misma línea, afirma Ventura que cuando Justicia y Sociedad ejerce la acción popular, lo hace por un doble objeto: En primer lugar, que prevalezca el interés público, el interés general, y se depuren las responsabilidades en que se haya podido incurrir; en segundo lugar, como una forma de ejercer cierto control social, como colectivo ciudadano y de juristas, respecto de la función de la administración de justicia en este tipo de delitos. Es decir, como forma de garantizar que el proceso judicial sea “riguroso” y los mecanismos del estado de derecho funcionen correctamente. Señala que últimamente han detectado resoluciones en las que las costas de los procesos judiciales se determina que deben ser asumidas por quienes hacen uso de su derecho constitucional a ejercer la acción popular. Lamenta el abogado esta circunstancia y observa que habría que establecer mecanismos que permitieran que la ciudadanía practicara la acción popular “sin que esto represente un quebranto económico” y, al mismo tiempo, sin que se pueda hacer un uso abusivo del mismo. “En nuestro sistema judicial hay aspectos en los que todavía es necesario profundizar en su concepción democrática”, comenta el abogado. “Todavía hay indicios de épocas anteriores que siguen marcando y lastrando la actuación del poder judicial en nuestro país”, lamenta Pérez Ventura. En este sentido, estima que queda aún “mucho terreno que ganar” a la hora de “configurar la justicia como un verdadero servicio público” y como un “mecanismo de garantía de los derechos de los ciudadanos”. Asimismo, afirma percibir en ocasiones una interpretación “mecánica” de la ley por parte de los jueces, entendiendo él que ésta “tiene que estar animada por el respeto de los derechos fundamentales”. Noticias relacionadas: |
