Santiago Pérez denuncia que este caso es un ejemplo de “la forma perversa de actuar” de algunos responsables públicos” que contratan empresas privadas para tomar decisiones “predeterminadas” sin comprometerse y luego “se inventan recursos como artimaña para incumplir sentencias firmes, dando un pésimo ejemplo a los ciudadanos”. Alabó el "coraje de los afectados".

El presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Santiago Pérez, exigió esta mañana en rueda de Prensa a los responsables de la institución insular el “cumplimiento inmediato” de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga al Consorcio de Bomberos a repetir la evaluación psicológica con la que el tribunal de las oposiciones de 2003 justificó la calificación de no aptos de cinco de los aspirantes que habían superado con altas calificaciones las pruebas físicas y teóricas.

Pérez manifestó el “bochorno y la vergüenza” que dijo le produce “la forma en que el Gobierno insular se ha desenvuelto en este asunto”, que generalizó como ejemplo de una “forma perversa de actuar que tiende a establecerse en otras administraciones, fundamentalmente gobernadas por Coalición Canaria (CC)”. En esta línea, exigió que “este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir”.

Resumió el comportamiento de algunos responsables públicos, “virtuosos del chanchullo” en dos procedimientos. Por un lado, la contratación de los servicios de asesoramiento de empresas externas, a las que otorgan la capacidad de decisión que corresponde a organismos públicos "para eludir su deber especial de acatar la legalidad" y a las que “pagan para que hagan informes predeterminados, como forma de resolver procesos selectivos con criterios ajenos a la legalidad”. Y por otro, el recurso a “subterfugios jurídicos artificiales para ganar tiempo para desobedecer sentencias judiciales con el objetivo de agotar a los ciudadanos que están reclamando sus derechos legítimos”.

Así, en referencia al argumento de los responsables del Consorcio de Bomberos para dilatar el cumplimiento de la sentencia, que obliga a repetir la valoración psicológica de los cinco demandantes e integrarles en el Cuerpo en caso de que la superen, el consejero socialista aseguró que “está clara como el agua” y que la respuesta del presidente del organismo, Manuel Ortega, es una excusa “que me suena a (Miguel) Zerolo”. Hacía referencia así a que tanto el alcalde de Santa Cruz como la alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, han utilizado semejantes figuras previstas para la aclaración de sentencias o de su ejecución en los casos sobre la Playa de Las Teresitas o la ampliación del Centro Comercial Alcampo.

Pérez concretó que Ortega “debería saber” que cuando una sentencia anula parcialmente un proceso de selección y obliga a su corrección, “hay que restituir las cosas a como estaban antes de que se cometiera la ilegalidad”. Fue más allá al considerar “una broma de mal gusto que Ortega pretenda sugerir que quienes fueron admitidos a costa de los que quedaron fuera, obteniendo mejores calificaciones, tengan algún derecho adquirido”. Y añadió que prefiere “no pensar en que la eliminación de estos cinco aspirantes fuera para dar entrada a otros opositores que obtuvieron peores calificaciones en las pruebas físicas y teóricas”.

Consideró que con este proceder “se está dando un pésimo ejemplo a los ciudadanos, que van a acabar asumiendo que la justicia tiene dos varas de medir, en función de si se tiene dinero o no –o es público- para alargan indefinidamente un proceso para desobedecer una sentencia e incumplir la legalidad”. Para él, ésta es una “escandalosa forma de entender la política, patrimonialista, como si fuera una finca privada, gastando el dinero público en triquiñuelas para desobedecer sentencias, cuando las administraciones deben dar ejemplo de cumplimiento de la legalidad”.

EL ASUNTO LLEGA AL PLENO

El presidente del Grupo Socialista anunció igualmente que ha presentado una pregunta para formular en el próximo Pleno acerca de las medidas que va a tomar el Gobierno insular para cumplir la sentencia, puntualizando que son miembros del mismo quienes “ostentan la presidencia del Consorcio y llevan la voz cantante en un organismo que gestiona un servicio insular”. De esta forma, rechazaba también la negativa de los responsables insulares a asumir la capacidad de actuar en torno a este asunto, que han dejado en manos del Consorcio, argumentando que en él, además del Cabildo, están representados el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de la Isla.

Santiago Pérez comenzó su intervención elogiando el “coraje, la dignidad y la resistencia cívica” de los cinco opositores que “se niegan a ser atropellados en sus derechos y expectativas legítimas por una actuación de la Administración declarada ilegal”. Consideró este asunto concreto una muestra de la dificultad de los ciudadanos para “hacer valer sus derechos ante las administraciones que los representan y de su estilo arbitrario e ilegal de hacer las cosas”, así como un “símbolo ejemplificador del tipo de ciudadano propio de una sociedad democrática”.

Recordó que los cinco afectados obtuvieron “brillantes calificaciones en las pruebas físicas y teóricas”, siendo eliminados en la última fase “por la decisión de una psicóloga a la que se le dio el papel decisorio que corresponde al tribunal evaluador, debido a que no tiene el estricto deber de acatar la legalidad que los funcionarios”.

El TSJC pone de manifiesto este “cambio de papeles” en el que el tribunal se limita a asumir la decisión de la psicóloga y considera que las actuaciones llevadas a cabo en el proceso generan “un cúmulo de inseguridad jurídica en la declaración de no aptos de los recurrentes”, que “debe ser corregido” mediante la realización de una nueva prueba de aptitud psicológica por parte de un gabinete independiente y distinto del anterior, que debe realizar una nueva valoración que, de ser positiva, implicará el ingreso en el cuerpo de los demandantes, con la restitución de sus derechos económicos y de antigüedad. La sentencia estipula también el nombramiento de un nuevo tribunal evaluador.