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SB- Noticias.- Manuel Marrero, representante de STEC-IC, analizó en Radio San Borondón el llamado «Pacto por la Educación», afirmando que «ya estamos por un tercer o cuarto borrador. En cada uno de ellos se han ido añadiendo cosas anteriores. El último es del día 27 de enero, cuando fue presentado al Consejo Escolar del Estado, producto de una Conferencia de consejeros de las distintas comunidades autónomas con el Ministerio de Educación.»

«Lógicamente todos los pactos, todos estos documentos tienen luces y sombras y por lo tanto, no los podemos descalificar en su totalidad», afirmó Marrero, quien señaló que «el fondo del asunto es que hay grandes males en la educación, como por ejemplo la gran cantidad de chicos y chicas qu no titulan en cuarto de la ESO. Hay un gran fracaso, un gran abandono de jóvenes que no llegan a cuarto de la ESO, que no llegan a obtener el título de graduado escolar y que se quedan luego como obrero no cualificados.»

Según el representante de STEC-IC, «las perspectivas para 2020-2025 es que la necesidad de este tipo de personas sólo será de un 10-15%. El 85-90% tendrá que tener estudios de nivel de grado medio (Formación Profesional, Bachillerato) o titulación superior universitaria. Esas son las demandas que parece que se prevén socialmente en la Unión Europea. Lógicamente, España está muy atrasada respecto a eso.»

Marrero reconoció no parecerle mal «que se planifique con una perspectiva de 10-15 años porque aquí no se suele planificar a tan largo plazo. No me parece mal el que se puedan frenar la proliferación de leyes educativas cada cuatro años, como ha pasado en las últimas tres décadas. Es insostenible para un páis. Me parece bien que hay un pacto para que la Educación no sea objeto electoral.»

Entre los problemas del Pacto por la Educación, Marrero explicó que «el artículo 27 de la Constitución entre otras cosas hace una serie de reconocimientos y corresponde a la situación de la sociedad española del año 1978, que no es la situación actual. Por tanto, lo que yo creo que no se puede hacer es mantener ahora como inmutable ese principio. Frente a las posibilidades de que ya hayan tenido tiempo suficiente aquellas empresas que han estado recibiendo subvenciones públicas para mantener el negocio privado de la educación, debería haber un tiempo de carencia y darles un plazo de cinco o diez años más, pero en este tiempo deben tomar la decisión de si quieren pertenecer a la Escuela Pública financiada exclusivamente con fondos y control público, o si prefieren pertenecer a la red privada total, que también existe en este país. Es decir, una empresa más, dedicada a la educación pero sin recibir subvenciones.»

Para Manuel Marrero, es «insostenible que después de 30 años se siga manteniendo y se fortalezca el negocio privado de la educación. El PP está tirándo, lógicamente, para hablar mucho de libertad de enseñanza, pero ellos cuando hablan de libertad de enseñanza es libertad para tener negocios privados de educación financiados con fondos públicos. Eso es a lo que ellos llaman libertad de enseñanza [...]. Parece que el PSOE no se va a oponer a ese asunto.»