La Ley Orgánica de Educación, LOE, comienza en su Preámbulo diciendo que las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes siendo la mayor riqueza y el principal recurso de un país y sus ciudadanos.Y son tres los principios que presiden esta Ley. El primero la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos en todos los niveles educativos; el segundo es la necesidad de que toda la comunidad educativa colabore para ese objetivo; el tercero es el compromiso de convergencia con la Unión Europea para unos objetivos educativos comunes.

Por todo ello se ha marcado el objetivo de abrir estos sistemas educativos al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general para ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultos de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras actividades. Sigue diciendo en su Preámbulo la LOE que para permitir el tránsito de la formación al trabajo y viceversa, es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo y que los centro deben poseer un marco propio de autonomía que les permita adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes.

Pues para el Director del IES La Laguna, Leandro Morales, al igual que para la tutora del 2º Curso de Ciclo Superior en Administración y Finanzas, Lourdes Cabrera, parece que el espíritu que dicta el preámbulo antes citado no va con ellos. Y eso nos hace comprender a los ciudadanos canarios la razón de tener el índice de fracaso escolar más alto de todo el estado, porque con docentes como los nombrados así nos va, y les va a nuestros alumnos, en materia educativa, en abandono de sus estudios, en desmotivación académica, en la falta de calidad ofertada, que se traduce a la larga, tras la llegada al mundo laboral, en falta de competitividad y menor cualificación formativa mermando la disponibilidad de acceder a un empleo frente a otros.

Como padre de alumna matriculada en el 2º Curso de Administración y Finanzas he tenido que soportar, a través de mi hija, el atropello y discriminación, en un hecho que parece no tener precedente en la comunidad educativa canaria. Y todo, al parecer, por guerras internas dentro de la nómina de profesores y en su relación con la dirección del centro en cuestión, siendo la victima final la alumna, eslabón más débil de la cadena.

Pero como somos de la idea que cuando un ciudadano se siente agredido en sus derechos sociales y fundamentales, en este caso el derecho a la educación y a la cultura, estamos denunciado ante distintas instancias lo ocurrido en este curso académico que padece la alumna que lo único que desea es terminar el ciclo formativo, obtener su capacitación y poder emplearlo como currículo profesional. En una palabra, estudiar, aprender y titularse.

Por eso el Diputado del Común ha admitido a trámite la queja elevada ante esta institución. Por eso hemos mantenido contactos personales con los Inspectores Territoriales, con el Defensor del Estudiante y estamos a la espera del Inspector General la próxima semana y del Consejero de Educación o hasta el Presidente del Ejecutivo si fuera menester.

En un acto administrativo irregular, con defectos de forma y en plazos anormales, la alumna ha sido dada de baja de oficio en su matrícula en un procedimiento anómalo, caprichoso y con visos de abuso de autoridad y actuaciones dolosas por parte del director del centro en el intento de no concederle una evaluación extraordinaria solicitada desde el pasado mes de Octubre. Todo ello alentado por la tutora del curso, enfrentada al resto del Equipo Educativo y del Departamento de Administración y Finanzas, que valientemente y por considerarlo de justicia y legal, sí que admite la posibilidad del examen extraordinario, como marca la normativa, hasta el punto, además, de haberle realizado la primera y hasta la segunda evaluación a lo largo del periodo lectivo para ir evaluando progresivamente sus conocimientos.

Estimamos, igualmente, que el propio Inspector de Zona ha actuado de forma tibia y poco eficaz en la resolución de este problema de la alumna, por no quererlo o no tener las facultades precisas para hacerlo, evitando llegar a la raíz de lo planteado, sin conocer en profundidad datos de primera mano por parte del Departamento Docente implicado ni del Equipo Educativo, ni mucho menos de la propia afectada, la alumna, y solo arrimándose al costado del Equipo Directivo, motivo por el que hemos solicitado la apertura de una investigación ante la Inspección General de la Consejería, a modo de expediente informativo en todo el caso, para que se depuren las responsabilidades que tengan lugar, ya que tenemos fundadas sospechas de un exceso en las funciones administrativas de los responsables directivos, que ejecutan voluntariamente un acto lesivo para una alumna, con graves perjuicios de imposible reparación, como puede ser la pérdida del curso, y que nunca causaría perjuicio alguno al interés público o a terceros en el caso de realizar evaluaciones extraordinarias.

Llama mucho la atención que en todo el proceso no se haya solicitado la implicación del Claustro de Profesores, ni del Consejo Escolar, como así lo establece la norma, para, una vez oído el Departamento tome la decisión, si fuera preciso, de posibilitar la evaluación extraordinaria que proceda y según el criterio en base al proyecto curricular del propio centro.

Es, por tanto, y en opinión profesores de otros Institutos de Enseñanza Secundaria, donde se imparte el ciclo de Administración y Finanzas, una auténtica CACICADA lo que acontece en el IES La Laguna. Porque este caso ya es conocido en otros IES de la isla, además de en la propia Consejería junto con el resto de la opinión pública, a quien me dirijo para esclarecer toda esta actuación irregular de algunos que parecen dirigir los centros educativos de nuestra tierra en forma antidemocrática, despótica, y manteniendo un control absolutista sobre el profesorado y alumnado.

Algunos ciudadanos de esta comunidad no estamos dispuestos a permanecer callados ante las injusticias. Y es por ello por lo que exijo a los poderes públicos apliquen la competencia en materia de inspección del sistema educativo, asegurando las leyes y la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanzas, para depurar responsabilidades cuando existan actuaciones arbitrarias e injustas, imposibilitando que los alumnos eleven sus conocimientos académicos, impidiéndole la posibilidad de combinar el estudio con su actividad laboral como contempla la propia LOE.

Y preguntarme públicamente ¿que ocurre con nuestros profesores, con los claustros, con los que se suponen deben velar por la defensa de los alumnos y de su formación? ¿dónde están que no manifiestan abiertamente sus enfrentamientos y denuncias ante atropellos y acosos a los alumnos, que no todo hay que circunscribirlo al área del acoso entre estudiantes ya que este puede aún ser más malévolo y pernicioso para un joven en formación si proviene del estamento docente? ¿por qué ese “pasotismo” funcionarial en situaciones que son, al menos, para investigar y solucionar en defensa del estudiantado?¿ por qué en los servicios públicos, ya sean sanitarios o educativos de Canarias, por poner ejemplos conocidos, existe tanto temor a implicarse personalmente los trabajadores y funcionarios en la resolución de temas que afectan a la ciudadanía dejando en manos de directores, gerentes, tutores y otros cargos la gestión politizada , en muchos casos con extralimitaciones, injusticias, atropellos y a veces ilegales, en vez de defender los derechos de los habitantes de su comunidad?

Yo invito a hacerlo, a que demos un paso al frente en aras del interés general y ciudadano para que todos tengamos la garantía de nuestros derechos constitucionales, a la educación, a la salud, al trabajo y a tantos otros que algunos “ilustrados gestores y directores de lo público” quieren decapitar y hacer desaparecer.