“El conflicto jurídico está servido” y además será de “cierta entidad” si no se tramitan las modificaciones sobre la Ley de Farmacias y sobre la Ley de Ordenación Territorial de La Palma, La Gomera y El Hierro como proyectos de ley por separado, según denunció hoy el portavoz parlamentario de los socialistas canarios, Santiago Pérez.

El diputado socialista recordó que Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han “aprovechado” la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo para adaptarla a la conocida como directiva Bolkestein de liberalización de servicios para, a través de enmiendas a dicha ley, hacer cambios legislativos en tres leyes distintas, la de Transportes Terrestres, la de Farmacias y la de Ordenación Territorial de La Palma, El Hierro y La Gomera en materia turística.

Estas dos últimas modificaciones tienen especial calado desde el punto de vista de Santiago Pérez ya que suponen regularizar situaciones que en estos momentos no tienen cobertura legal. En el primer caso, se intenta atender a una sentencia firme sobre la situación de muchas farmacias en el Archipiélago y en el segundo caso se intenta regularizar la oferta ilegal de camas turísticas en el ámbito rural.

Así las cosas, el PSC presentó a la Mesa del Parlamento un escrito para que se reconsidere la admisión y tramitación de las enmiendas de CC y PP que no se refieren al objeto de la ley y de turismo y como quiera que no se ha podido llegar a un acuerdo, se ha solicitado la necesidad de un informe jurídico.

Mientras CC y PP defienden su derecho a presentar enmiendas a un proyecto de ley, el PSC sostiene que “con la apariencia de enmiendas se presentan varias iniciativas legislativas y el grupo que se queda sin su derecho a enmienda es nuestro”.

La Ley de Farmacia, la Ley de Ordenación Territorial de La Palma, La Gomera y El Hierro, a efectos turísticos y de la Ley de Transportes Terrestres, sin que los socialistas tuviéramos capacidad de presentar enmiendas

El Gobierno ha propuesto que el PSC retire el escrito y los grupos de PP y CC retirarían las enmiendas sobre farmacia, pero mantendrían las otras dos. “A esa propuesta le he hecho una contrapropuesta -indicó Pérez- que mantengan las enmiendas al transporte terrestre, porque puede tener una conexión con los temas turísticos, y que presenten dos proyectos de ley sobre el resto”. No se llegó a ningún acuerdo.

“En caso de que no retiren esas enmiendas va a producir un conflicto jurídico de cierta entidad”, aseguró el portavoz parlamentario socialistas. “Está servido un conflicto jurídico, porque se está aprovechando una adaptación de una ley a una directiva de servicios para modificar tres leyes distintas sin que podamos enmendarlas y sin conocer el alcance jurídico, se trata de legalizar situaciones sin respaldo legal en estos momentos”, añadió.

“Si estas enmiendas se aprueban se producirá con el voto en contra del PSC y supone un quebranto importante del procedimiento parlamentario y de derechos de sus diputados, derechos fundamentales”, subrayó Pérez, quien advirtió que se “le haría muy flaco favor a la imagen del Parlamento que ya de por sí no está en su mejor momento” y que, de hecho, “tratándose de un asunto sobre el cauce legislativo hay cauces procesales para defenderlo, porque debe respetar el cuadro constitucional, y por tanto también hay cauces constitucionales, las enmiendas tienen que guardar una coherencia con el objeto de la ley”.

LEGAL

Por su parte, CC, en boca de su portavoz parlamentario, José Miguel Barragán, y la diputada Belén Allende, han defendido la legalidad de esta “técnica parlamentaria” y que de hecho el propio Congreso de los Diputados la ha utilizado. Allende aseguró además que es falso que el PSC no haya podido ejercer su derecho a enmendar porque lo podía haber hecho en el trámite de Ponencia.

Barragán argumentó que el procedimiento elegido “no es lo más estético pero es legal”. “Es una práctica que todos los grupos parlamentarios intentamos hacer lo menos posible pero es una técnica parlamentaria totalmente legal”, dijo.

Barragán admitió que “no tienen nada que ver las farmacias con los servicios turísticos” y que lo que se hace es “aprovechar una modificación de una ley para meter esta iniciativa”, que, dijo, pretende dar respuesta al cumplimiento de la sentencia firme que ponía en cuestión la situación legal de un gran número de farmacias del Archipiélago.