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Caso Haidar.- Pérez recuerda que el Cabildo de Gran Canaria aprobó una moción de apoyo a la activista pero dice comprender a Moratinos Imprimir E-Mail
martes, 24 de noviembre de 2009

El presidente de la corporación insular grancanaria recuerda que la solución del conflicto pasa por “contribuir a que el deseo de esta persona sea cumplido”

ImageEl presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, recordó esta mañana en relación al caso de la activista saharaui Aminatou Haidar, que el último Pleno de la corporación insular aprobó una moción a proposición suya, en la que se pedía el regreso de la ‘pasionaria saharaui’ a los territorios del Sáhara Occidental y en la que solicitaban el cumplimiento de las resoluciones de la Naciones Unidas acerca de la autodeterminación de este pueblo.

Pérez, sin embargo, dijo comprender al mismo tiempo la posición del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya que según explicó ha sido “la de apoyar a esta persona cuando por determinadas circunstancias se rechazó su presencia en territorios saharauis”. Aminatou Haidar fue devuelta a Lanzarote desde El Aaiún el pasado viernes, tras ser retenida junto con un equipo de televisión que filmaba su regreso a la ex colonia española.

Pérez insistió en que las circunstancias en que se deben resolver este tipo de conflictos “están acordes con la actual posición española”, al tiempo que lamentó haber escuchado “algunas manifestaciones que no se corresponden con la realidad”, en referencia a un supuesto ‘status’ de ilegalidad de Haidar en España o a que se encuentra retenida en este país.

Por eso avisó de que "quien considere que se está produciendo una vulneración de la legalidad sabe cuál es el camino en un estado de derecho", en relación al inicio de una reclamación via judicial. Pérez dijo en todo momento que la solución del conflicto pasa "por contribuir a que el deseo de esta persona sea cumplido".

Sin embargo, desde el propio Partido Socialista hay voces -como la de Jerónimo Saavedra o la del propio Ministro de Asuntos Exteriores- que han planteado que las dos única vías para solucionar el problema consisten en que la activista se acoja a la nacionalidad marroquí o que se acoja a un régimen de asilo político en España.

 
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