El director de la organización en España exigió además al Estado y al Ejecutivo autonómico que “cese el peloteo” en la responsabilidad de los menores no acompañados.

El director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, solicitó esta tarde al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que el Archipiélago sea el primer lugar del país en el que se ponga en marcha un plan autonómico contra el racismo y la xenofobia. Esta decisión, dijo, “sería un gran ejemplo para España y para Europa”.

Beltrán, que esta tarde participa en una mesa redonda en la capital grancanaria junto con el periodista ganador del Premio Pullitzer Javier Bauluz y Ricardo Redondas, integrante de Médicos del Mundo, recordó que “sobre el papel” ya existe una iniciativa estatal parecida enmarcada dentro del Plan Nacional de Derecho Humanos impulsado por el gobierno español.

Impulsar este plan permitiría “luchar contra la invisibilidad de los derechos humanos”, y según dijo no la solicita al presidente del Archipiélago porque se produzcan más incidentes que en otros puntos de España en relación a esta cuestión. España es uno de los cuatro países europeos que no contabilizan oficialmente este tipo de incidentes, al contrario que en la mayoría de los estados miembros.

“Este plan debería incluir medidas de carácter legislativo, social, educativo y de sensibilización para luchar contra la xenofobia”, indicó. Beltrán recordó que este plan es necesario “a nivel global” ya que “ocurren actos racistas y es necesario que dejen de tener invisibilidad”, finalizó.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

El responsable español de Amnistía Internacional recordó al Gobierno canario que los menores no acompañados que se encuentran en la comunidad “son responsabilidad del Gobierno central y del propio gobierno de la comunidad”, por lo que exigió a ambas administraciones “que debe cesar el peloteo” sobre quién debe hacerse cargo de los derechos y atención de los niños.

Amnistía Internacional calificó como de “honda preocupación” el sentimiento acerca de la decisión del Parlamente canario el pasado mes de enero en relación a la cesión al Gobierno de España de la tutela de los menores no acompañados”. Esta decisión fue calificada de “discriminatoria” así como de “injusta” ya que según explicó el representante de la ONG “vulnera la convención de los derechos del niño”.