El letrado advirtió de que esta recalificación no sólo es “ilegal”, pues va en contra del PIOT, el odenamiento insular que indica dónde se puede crecer y dónde no y que constituye una norma vinculante, sino que su vulneración, además, se extiende por todo el planeamiento municipal.

De esta forma, señaló que el Plan recalifica, además, una parcela de 45.000 metros cuadrados con protección ambiental en Las Teresitas; otra de 30.000 metros cuadrados, en San Andrés; una de 14.000 metros cuadrados en Cueva Bermeja; una de 32.000 metros cuadrados con protección territorial en Valleseco; y otros 50.000 metros cuadrados con protección ambiental y económica en Valle Tabares.

Todas estas recalificaciones están expresamente prohibidas en el PIOT, según Campos, que recordó, además, que se trata de una norma vinculante para la redacción de los planes generales de los municipios, aunque “está claro que para algunos no tiene ningún valor”. El abogado denunció las similitudes que en su opinión existen entre el planeamiento capitalino y el de Arona, pues afirmó que en ambos se justifica la vulneración del ordenamiento insular en base a una “mera decisión política del Ayuntamiento”.

Sin embargo, la “dudosa legalidad” del planeamiento, a la que se refieren los miembros de la plataforma vecinal, no acaba ahí. Denuncian todo tipo de irregularidades que se extienden por prácticamente todos los barrios del municipio y que van desde la legalización de un edificio ubicado en la Ninfa-Ifara que vulnera usos, alturas, impacto y con “todo tipo de ilegalidades”, hasta la “falsificación de una parecela en Ifara” para evitar cumplir una sentencia firme del Tribunal Supremo que obligaba al derribo de cinco alturas de un edificio, también en Ifara, pasando por la “desaparición de cuatro plantas en La Florita a la vez que se conceden 15 a la parcela de Celgán”, la construcción de edificios y parques urbanos en laderas con más de un 60 y un 70 por ciento de pendiente, la legalización de un edificio de 16 plantas rodeado de viviendas de 6 y 8 alturas y un largo etcétera de presuntas irregularidades.

EL TOSCAL

El barrio de El Toscal es, para la plataforma, el ejemplo del “urbanismo arbitrario” que se está desarrollando por los redactores del plan, donde se han dejado muchos áticos fuera de la planificación, mientras que a otras parcelas se les conceden más alturas de manera injustificada y desparecen las zonas verdes.

“Este plan apesta y lo razonable sería tirarlo a la basura porque huele faltal”, afirmó Felipe Campos, que recordó que los redactores del planeamiento son arquitectos privados, que cobran más de 1.000 millones de pesetas y yo sí sospecho de ellos”, dijo. Campos anunció, asimismo, que estudiará todas las posibles vertientes penales de todas estas irregularidades.

Precisamente esa dudosa independencia del equipo de arquitectos fue uno de los aspectos más criticados por José Antonio Ramos, presidente de la Comisión en Defensa de El Toscal y miembro de la nueva plataforma. Ramos señaló, en este sentido, que “no se puede ser juez y parte en este asunto” y menos “cuando hay un equipo de arquitectos que tiene abierto un despacho que tiene compromisos y, sobre todo, información privilegiada”, subrayó.

Ramos hizo referencia también a la falta de información que tiene el plan y que constituye uno de los principales objetivos de la nueva plataforma. “Sabemos que hay mucho vecinos que no conocen el plan y por eso nuestro primer objetivo es informar al mayor número de ciudadanos”, explicó

AGENDA

Para ello, la plataforma, que aspira a tener carácter insular y proeguir su lucha contra otros planes municipales, además de reunirse hoy con los grupos de la oposición, llevará a cabo un primer encuentro informativo mañana miércoles, a las 20.00 horas en el Edificio Sindical, en Méndez Núñez.

De esa reunión con los grupos de la oposición, Felipe Campos se mostró optimista y dijo tener una “convicción moderada” en que no lo aprueben. En el caso de que el PGO vea la luz, no obstante, Campos ve motivos suficientes para impugnar el acuerdo plenario, especialmente por la vinculación del concejal Ignacio González, cuyos intreses empresariales y económicos, son para Campos, muy evidentes.