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ATAN llevará a la vía penal la urbanización de Las Huertas Imprimir E-Mail
lunes, 16 de noviembre de 2009

El colectivo ecologista ve indicios de prevaricación urbanística por no haber esperado a la existencia de planeamiento turístico, como indicaba la Ley de Directrices

laopinion.es/lunes, 16 de noviembre de 2009.-Samuel González (Ideapress), Santa Cruz de Tenerife. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, llevará a la vía penal la urbanización prevista para el Valle de Las Huertas, tal y como ha confirmado el abogado del colectivo, Pedro Fernández Arcila. Dicha denuncia se dirigirá de forma genérica contra la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, si bien podría afectar igualmente a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Fue dicha área la que emitió un informe dando el visto bueno a la modificación realizada en su día en el PGO vigente en la capital chicharrera, que es considerada por Fernández Arcila contraria a derecho. Aunque no se especifica el delito presuntamente cometido, de la denuncia se desprenderá un ejercicio de prevaricación urbanística, al vulnerar dicha modificación el contenido de la Ley de Directrices aprobada en 2003, si bien esta ley ha quedado en desuso por la aprobación de la nueva Ley de Medidas Urgentes, en abril del presente año.

ATAN ya presentó en su momento una denuncia similar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que aún no ha sido resuelta por los tribunales. Según Pedro Fernández Arcila, la modificación del PGO para dar salida al proyecto de urbanización de Las Huertas se produjo sin esperar por la determinación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo (PTT), de carácter insular, acerca de la necesidad de mantener o no el uso turístico en la trasera de Las Teresitas. Un PTT que no fue aprobado en Tenerife hasta el 26 de agosto de 2005, fecha en que se publica en el Boletín Oficial de Canarias.

Uso turístico. Dicha consideración es, según ATAN, la que incumple la filosofía de la Ley de Directrices, aprobada en abril de 2003, que obligaba a la suspensión del planeamiento hasta de la determinación del PTT. De esta forma, el colectivo ecologista deja abierta la puerta a que quizá sí se pudo haber acordado un uso turístico para la trasera de la playa, pero el Ayuntamiento ni siquiera esperó por el Plan que debió determinarlo.

De ahí que ATAN acuse a Urbanismo, y por extensión al Gobierno de Canarias, de haber actuado en base a una política de hechos consumados, algo similar a lo que viene siendo criticado en el caso del mamotreto situado a la entrada del ámbito de Las Teresitas. Un edificio de aparcamientos cuya construcción fue comenzada sin los permisos pertinentes de Costas o del propio Gobierno de Canarias.

La otra base sobre la que se sustenta la denuncia radica en la realización de un acto administrativo contrario a derecho. A saber, la modificación de un Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife que ni siquiera estaba vigente, pues se encontraba en proceso de revisión, siendo el vigente el de 1992. La aprobación inicial de dicha modificación tuvo lugar en marzo de 2003. "Hasta diciembre de 2004 no estaba aprobada definitivamente la Modificación del Plan General en el que se basaba el proyecto de urbanización", reza la demanda interpuesta hace algo más de un año ante el contencioso-administrativo.

La Gerencia de Urbanismo defendió la modificación, a pesar de un informe negativo de la Consejería de Turismo del Ejecutivo regional. El argumento utilizado señalaba que el proyecto de urbanización "tiene por objeto precisamente suprimir radicalmente la posibilidad de uso alojativo y admitir exclusivamente un hotel ciudad".

Sin embargo, desde ATAN se apela a que en ningún momento se estudió lo que convenía a la ciudad, y que la herramienta para hacerlo no se aprobó hasta dos años después, el mencionado PTT, a quien competía decidir el establecimiento de las zonas turísticas.

Requisitos esenciales. Dicha denuncia contiene además otras argumentaciones para defender que el proyecto de urbanización es ilegal. Uno de ellos es la inexistencia de un informe jurídico que avalara la concesión de la licencia para la puesta en marcha del proyecto.

Según esgrime Arcila en la demanda presentada hace un año, de haberse realizado un informe tal, se hubieran puesto de manifiesto, de forma inequívoca, los incumplimientos en que, siempre desde su óptica, incurría la modificación del PGO. Además, este hecho, en sí mismo, podría inducir a la anulación del proyecto, aduce el abogado. Durante los últimos meses se ha conocido la existencia de negociaciones entre los propietarios de las parcelas de las Huertas, una vez el Ayuntamiento los reconoció como tales tras años de litigio.

El PSC ha advertido de las peligrosas implicaciones que tendría la venta final de las parcelas a la filial de Mapfre si la vía penal abierta, bajo sumario, concluye con encarcelamientos, pues podría provocar la anulación del convenio urbanístico que permutó la edificabilidad del frente de playa por los aprovechamientos urbanísticos en la trasera.

El Consejo Insular de Aguas

ATAN incide en que el proyecto se aprobó sin que se hubieran concedido las autorizaciones que exigía el Consejo Insular de Aguas. A saber, el depósito de almacenamiento de agua de abasto urbano; la, hasta hace bien poco, polémica Estación Depuradora de Aguas Residuales o la reutilización de las aguas depuradas. Sí constaban en el expediente dos autorizaciones, las de las obras de encauzamiento y paso sobre el Barranco de Las Huertas. La depuradora, prevista inicialmente para el ámbito de Las Roseta, demostró la flaqueza del expediente, por cuanto el Consejo Insular de Aguas rechazó el proyecto el pasado mayo, toda vez que Mapfre no pudo certificar la titularidad de los terrenos. Las quejas vecinales, manifestadas también en la demanda contencioso-administrativa, se hacían eco del incumplimiento de la EDAR en lo relativo a la distancia mínima respecto al núcleo más cercano, que se sitúa en los 2000 metros.

Recientemente, Urbanismo ha vuelto a dar pie a la formación de una comisión que estudie la ubicación de la depuradora en otro lugar, pues ésta se entiende como necesaria para el proyecto de urbanización. Esa comisión dará cabida a asociaciones vecinales, que durante meses han propuesto el solar del antiguo Instituto Oceanográfico o el Polígono de Jagua como emplazamientos alternativos.

 
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