La ONG presentaba este jueves su informe Violencia sexual y trata, informe en el que se ha detectado que la Ley Integral contra la Violencia de Género, pese a mejorar lo que antes había, sin embargo no ha generado un freno a este problema, porque la realidad demuestra que lejos de lo que se pretende, el número de víctimas se ha incrementado, destacando además que el número de mujeres inmigrantes que han sufrido agresiones sexuales es nueve veces superior al que se produce contra mujeres españolas.

Fuentes dijo que la Ley tampoco está implantada en Canarias como debería, donde, además, existen desigualdades de trato en función a las islas, algo que se puede comprobar consultando la página de la Consejería de Bienestar Social donde expresamente señala que todas las islas tienen centros de acogida temporal a excepción de El Hierro, cuando  un centro de acogida temporal es un lugar al que acude la mujer que es víctima de violencia de género, que puede ser un centro de atención permanente o de atención inmediata; sin embargo, en El Hierro no existe ningún centro de este tipo, por lo que la atención a la víctima se debe tramitar en otra isla, de manera que la protección que se le da a una herreña no es igual a la que se da en otras islas.

En el informe de Amnistía Internacional se detalla casos de víctimas de violencia sexual sobre mujeres inmigrantes y niñas, colectivos más vulnerables de esta lacra y que en Canarias, no son considerados de forma específica dentro de los planes contra la violencia machista, teniendo especial énfasis en el caso de los menores, ya que tienen mayores dificultades para acceder a cualquier tipo de recurso porque no saben cómo moverse, o bien porque esta agresión es ejercida por una autoridad paterna, o tutores o mayores encargados de su tutela en centros de acogida.

Además, desde el punto de vista jurídico, incidió en que los casos de agresiones sexuales a menores se resuelven en la mayoría de los casos con indemnizaciones que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros, no hay separación física entre el agresor y el agredido durante la celebración del juicio e, incluso, no se le retira la patria potestad al agresor.

Fernando Fuentes aseguró que se ha detectado un caso de agresión sexual en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) por parte del personal que tiene que custodiar a estas personas y señaló también que la ONG tiene documentados varios casos de mujeres inmigrantes que han sido expulsadas del país pese a haber denunciado un caso de violencia de género.

Afirmó en dicho acto informativo que la preocupación del Gobierno en relación a la violencia sexual es nula, ya que no cuenta ni con recursos ni con planes para combatir este lacra social, mientras que el cabildo de Tenerife sí tiene plan relativo a igualdad y violencia sexual, por lo que exigió al ejecutivo autonómico que se ponga las pilas al respecto y elabore un plan contra la violencia sexual a nivel autonómico, porque a día de hoy AI no tiene constancia de que el Gobierno prepare nada en este sentido, de manera que no se podrá poner solución a un problema para el que no existe un protocolo específico de actuación.

Fuentes dijo que sin embargo Bienestar Social del Gobierno sí tiene un protocolo de actuación a nivel sanitario, pero la paradoja es que existen centros de salud en los que aún no está implantado, por lo que el personal sanitario no sabe cómo actuar cuando les llega una persona que ha sufrido una agresión sexual.