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La sentencia destaca la "amplia discrecionalidad" en la actitud de los miembros del tribunal y no es recurrible. Los afectados critican la "negligencia" de la Administración tras el fallo y se enfrentan ahora a un nuevo test psicológico a pesar de haberlo "superado perfectamente". Son los cinco jóvenes que se mantuvieron en huelga de hambre frente al Cabildo.
Los cinco bomberos tinerfeños que denunciaron irregularidades en las oposiciones al cuerpo de Bomberos expresaron hoy su "amplia felicidad y alegría" por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que estima íntegramente su demanda sin posibilidad de recurso. Los afectados han sido declarados 'aptos' después de que se haya "demostrado ampliamente" la "discrecionalidad" de los miembros del tribunal evaluador, según explicó la abogada Almudena Viota en rueda de prensa.
La letrada resaltó que lo que se ha enjuiciado es la actitud del tribunal y ha quedado de manifiesto que la psicóloga María Ángeles Hernández Rodríguez, durante la fase de evaluación psicológica, "hizo y deshizo lo que le dio la gana y teniendo ella la última decisión en vez del propio tribunal, lo que se agrava al tratarse de una oposición pública". Asimismo, precisó que otras acciones relacionadas con las pruebas están siendo objeto de estudio actualmente en otras jurisdicciones, aunque no quiso adelantar de qué se trata.
Respecto al resto de opositores que ya ejercen como bomberos, Viota mostró la "indignación" de los cinco afectados, "porque a pesar de que nunca se intentó quitar el trabajo a nadie ni poner en duda su capacidad, han sido también parte adversa, intentando ensuciar la verdad, en vez de ser compañeros, lo que ha brillado por su ausencia". En este punto, la abogada deseó que esta sentencia sirva de precedente y como ejemplo para quienes ven en la Administración a un "gigante"
"Se le puede ganar con justicia, justicia que con perseverancia existe. Es sorprendente y difícil lo que hemos conseguido", insistió, remarcando que después de que se publicase la sentencia el pasado 27 de septiembre, los afectados esperaban "un mínimo de clase de la Administración por lo escandaloso de los hechos, pero está haciendo lo contrario, está actuando negligentemente".
Los cinco bomberos afirman que han sido declarados aptos pero deben realizar un nuevo test de personalidad, a pesar de que los anteriores se demostró que estaban "perfectamente aprobados". Una vez se ejecute la sentencia, se realizará esta prueba, ya que, según explicó, los afectados no quieren "tumbar" la oposición, "ya que la inmensa mayoría no tiene nada que ver con esta basura".
Por otra parte, la restitución se realizará en antigüedad y sueldo, mientras que la cuestión de las plazas será "problema de la Administración, que se busque la vida", dijo la abogada, "porque el órgano judicial manda". También señaló que el TSJC "va a velar" por que la prueba se haga de manera profesional "y deje de haber irregularidades en las oposiciones".
DOS HUELGAS DE HAMBRE Y 1.395 DÍAS DESPUÉS
En la rueda de prensa estuvieron presentes también los cinco afectados: Tamarán Brito, Carlos Martínez, Conrado Villoslada, Santiago Tomás Báez y Alberto Álvarez. Éste último recordó que hace cuatro años, se les "robó" su puesto de trabajo para "enchufar al primo hermano del oficial jefe de Bomberos". Al respecto, indicó que se cometió "todo tipo de falsificaciones e irregularidades que van de graves a verdaderos delitos". En esta línea, Álvarez subrayó que 1.395 días después, el TSJC ha dictado esta sentencia.
En su intervención, aseguró que los cinco superaron "brillantemente" las doce pruebas físicas y el examen teórico, quedando sólo el test de personalidad, prueba para la que se contrató a Hernández Rodríguez, "compañera de facultad y amiga del oficial jefe". Según dijo, ésta "violó los contratos, falsificó los resultados de los tests, los informes psicológicos y hasta su propia firma, con lo que, curiosamente, el primo del oficial jefe pasó a ocupar la última de las plazas fijas".
También destacó que los cinco bomberos finalizaron la huelga de hambre cuando el Cabildo se comprometió a investigar, pero Vladimiro Rodríguez, presidente del Consorcio y presidente del tribunal, "faltó a la verdad al decir que todo se había hecho de forma perfecta y transparente. A su juicio, "lo increíble no es sólo que los hechos apuntaban a lo contrario, sino que el gerente y el secretario del Consorcio, en escrito privado a la psicóloga, calificaron la situación de grotesca, de falta de ética y de mala fe, y que los informes psicológicos no tenían validez jurídica por no estar firmados".
Los cinco bomberos tardaron un año en recopilar pruebas que demostraban que se les había "robado" su puesto de trabajo "de forma escandalosa". Así, emprendieron la segunda huelga de hambre. A continuación, el juez de primera instancia, Plata Medina, "impidió declarar a ninguno de los responsables de los hechos, incluida la psicóloga, dejó pasar la fecha para que no se aportase un informe clave y no permitió la declaración de un testigo fundamental".
Posteriormente, en el TSJC, una serie de profesionales "serios y honestos" realizó un trabajo "escrupuloso y bien fundado". Durante las testificales, continuó Álvarez, "se vio que todo había sido una farsa" y, de forma paralela, a la vía judicial, los afectados interpusieron demanda en el Colegio Oficial de Psicólogos, aportando "87 pruebas contundentes". Al comportamiento del Colegio se refirió, asimismo, como "verdaderamente incalificable", especialmente al de su presidente, Lorenzo Gil, el presidente de la Comisión Deontológico, Abimael Clavijo, y el instructor del expediente.
Para concluir, los cinco bomberos hicieron hincapié en tres puntos: sus tests de personalidad están "perfectamente aprobados", no quieren anular la oposición y son conscientes de que "se ha hecho, se está haciendo y se hará todo lo posible" para que entren en el Cuerpo Insular. |
