La consejera canaria de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, replicó que "todos" los dependientes de las islas reciben atención "incluso antes de aprobarse la ley estatal" y que el presupuesto previsto para la materia en 2008 será de unos 115 millones de euros.

Luengo manifestó la "fundada preocupación" de su grupo ante el "retraso" de la puesta en marcha en el archipiélago de la ley estatal de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

"Hay razones para pensar que los dependientes no serán atendidos este año, a pesar de que la ley consagra como un derecho exigible ante la ley las ayudas a quienes resulten como grandes dependientes de la valoración que debe hacer la Administración".

La diputada del PSC apuntó que "de unos 6.400 dependientes, sólo 420 han sido valorados". La consejera replicó que su departamento "sí está efectuando las valoraciones", que ya alcanzan a más de 4.000 dependientes de las que unas 700 han recibido el carácter de grandes dependientes. De los incluidos en esa categoría, "el Gobierno de Canarias ya está atendiendo unas 1.600 personas mediante la aplicación de los planes canarios de atención a los mayores y de atención a los discapacitados".

Luengo también critico la "lentitud" en la publicación de las convocatorias para el reparto de los fondos del sistema, "que es competencia de los cabildos, ayuntamientos y ONG, entidades que se ven afectadas por la actitud del Gobierno regional". Además, lamentó la "desorientación" existente en las islas que "se evidencia ante las 7.000 solicitudes de ayudas cuando en la región hay unas 40.000 personas en situación de dependencia, lo que lleva a pensar que algo falla". La consejera negó esos extremos y explicó que se trata de una ley "compleja" que "hay que implantar bien".

También se refirió al "efecto llamada" que ejerce sobre la población extranjera y los canarios retornados en situación de dependencia. "Una de cada diez personas mayor de 65 años residente en España vive en Canarias, de los que el 80 por ciento son extranjeros comunitarios secundados por los retornados".

Luengo contestó que "Coalición Canaria (CC) es proclive a culpar la población extranjera de los problemas de la región". Puntualizó que "los retornados, por ser españoles, tienen derecho" a recibir las prestaciones de la ley, mientras que "los extranjeros que han residido cinco años en las islas tienen el mismo derecho, pues también pagan impuestos".