|
La memoria judicial de 2006 recoge un incremento del 5,16 por ciento en el número de asuntos incoados y un incremento del 7,69 por ciento de los procedimientos en tramitación. Además, recoge como uno de los problemas “más graves” la llegada de inmigrantes y la repercusión en los órganos judiciales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, afirmó hoy en el Parlamento de Canarias que la rotación de jueces, magistrados y secretarios judiciales es el gran problema de la Justicia en las Islas, lo que genera un “excesivo” retraso en la tramitación y resolución de procedimientos.
Antonio Castro afirmó que Canarias es “claramente deficitaria” en el número de órganos y plazas judiciales, y manifestó que no se cubren en su totalidad las plazas de magistrados, jueces, secretarios judiciales y personal de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio que una justicia ágil requiere.
Precisó que si esas plazas se cubren el tiempo de permanencia en los puestos a los que van destinados es el “mínimo establecido” para cada cuerpo, lo que genera inestabilidad en los órganos judiciales, con el prejuicio que ello conlleva para agilizar el funcionamiento de juzgados y tribunales.
Castro Feliciano, que presentó la memoria del TSJC del año 2006 ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, confió en que el incremento del plus de residencia para jueces, fiscales y secretarios que trabajan en las Islas permita dar mayor estabilidad a la plantilla y paliar la situación de “semiparálisis” que genera en los órganos judiciales el cese de jueces y magistrados.
La memoria judicial de 2006 recoge un incremento del 5,16 por ciento en el número de asuntos incoados y un incremento del 7,69 por ciento de los procedimientos en tramitación, según indicó Castro Feliciano, quien destacó que Canarias es la quinta comunidad del Estado en número de litigios y la que presenta la tasa de resolución más baja en los órganos penal y civil.
INMIGRACIÓN
Afirmó que uno de los problemas más graves que se suscitaron en las Islas en 2006 fue la llegada masiva de inmigrantes irregulares a las costas canarias, “no sólo por el drama humano que ello conlleva, sino por la repercusión que este fenómeno ha tenido en el funcionamiento de los órganos judiciales.
Preció que el pasado año se iniciaron 32.874 procedimientos como consecuencia de la llegada de inmigrantes por vía marítima, y destacó que los partidos judiciales más afectados por este fenómeno fueron los de Arona (Santa Cruz de Tenerife) y San Bartolomé de Tijarana (Las Palmas).
Castro Feliciano señaló que la atención que los juzgados de instrucción han de prestar a estas personas supone, en la mayoría de los casos, la paralización total del resto de la actividad jurisdiccional, salvo el servicio de guardia, “con el siguiente retraso de los procedimientos paralizados, “durante varios días e incluso semanas”.
En este punto, el diputado socialista Francisco Hernández Spínola precisó que de los 402.000 asuntos incoados el pasado año, un total de 32.000 estuvieron relacionados con la inmigración, lo que supone “poco más del 8 por ciento” del total de procedimientos, y destacó la reducción del 66 por ciento en el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas durante este año con respecto a 2006.
Spínola coincidió con Castro Feliciano en que uno de los principales problemas de la justicia en Canarias es la rotación de jueces y magistrados, problema que calificó de endémico.
La memoria refleja que en 2006 se crearon seis unidades judiciales de las diez que solicitó la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias al Ministerio de Justicia. Spínola resaltó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha creado entre 2005 y 2007 un total de 45 unidades judiciales, frente a las 20 creadas por el Gobierno del Partito Popular (PP) en el periodo 2001-2004.
El diputado socialista destacó esos datos para asegurar el “compromiso” del Gobierno socialista con Canarias, que actualmente, precisó es la cuarta mejor dotada del estado con 5,41 plazas por cada 50.000 habitantes.
Además, achacó la carencia de funcionarios en “múltiples” órganos judiciales al Gobierno de Canarias, así como los retrasos en la resolución de procedimientos.
Spínola hizo mención también a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de lo que culpó al PP, órgano encargado de realizar los nombramientos, establecer el régimen disciplinario o realizar labores de inspección.
El parlamentario del Partido Popular (PP) Miguel Cabrera consideró que el principal problema de la Justicia es su lentitud, con dilaciones de entre siete meses y tres años, apuntó que la solución está en el número de oposiciones que se convocan y abogó por reformar el acceso a la carrera judicial para que sobren plazas.
Además, recordó que Canarias se sitúa en el antepenúltima puesto de las comunidades respecto al interés por ocupar plazas.
Cabrera mostró su preocupación por el deber de los tribunales en hacer que se cumplan las sentencias, y demandó a los juzgados que obliguen a las administraciones a ejecutar los fallos y “no dejen que éstos duerman el sueño de los justos”.
Habló también de la excesiva prolongación de los secretos de sumario, que “es tan mala para el justiciable como para la opinión pública”, y demandó plazos más breves.
La diputada de Coalición Canaria (CC) Flora Marrero achacó el déficit de unidades judiciales al aumento de la población y aseguró que está situación se prolongará porque se seguirá produciendo un incremento en el número de habitantes de las Islas.
Además, sostuvo que las peculiaridades de Canarias, con un territorio fragmentado, hacen poco atractivo para jueces y magistrados trabajar en las Islas. Confió no obstante en que el incremento del plus de residencia logre una mayor estabilidad en las plantillas. |
