IUC afirma que la justicia debería hacer lo que no han hecho los votantes de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, "debería recuperar dineros públicos gastados en contra del interés público y garantizar que, quienes no tienen conciencia de haber vendido sus casas, las conserven".

Izquierda Unida Canaria (IUC) califica de "absolutamente coherente" la respuesta de Coalición Canaria (CC) al auto del Tribunal Supremo de ayer, que obliga a dos empresarios a devolver a las arcas municipales de Santa Cruz de Tenerife 8.750 millones de las antiguas pesetas, más los intereses. Además recuerda que el Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para que Santa Cruz "no recupere los más de 51 millones de euros, del dinero de todos, pagado ilegalmente a dos empresario, lo que demuestra que Zerolo seguirá defendiendo a la persona jurídica Inversiones Las Teresitas, en contra de las personas físicas, de los ciudadanos".

En un comunicado, IUC señala que Coalición Canaria (CC) "está batiendo todos los récords en su compromiso con la creación de una Zona de Libre Corrupción de facto, en Santa Cruz de Tenerife".

En ese sentido, subraya que se ha pagado casi el triple de lo que indicaba la tasación municipal por el frente de playa; "se ha pagado a particulares por terreno público adscrito al dominio marítimo; se ha obligado a vender por debajo del precio de mercado a particulares para que otros particulares hagan negocios privados; se ha permitido que ciudadanos de San Andrés encuentren lo que consideran sus casas inscritas a nombre de una empresa privada", etc.

Además, afirma que últimamente "tenemos el espectáculo, propio de una dictadura bananera, de supuestos no propietarios (Inversiones Las Teresitas), ofreciendo supuestamente comprar a otros supuestos no propietarios (los dueños originales de ciertas fincas en San Andrés), ante el silencio de supuestos propietarios(Mapfre)".

IUC afirma que la justicia debería hacer lo que no han hecho los votantes de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, "debería recuperar dineros públicos gastados en contra del interés público y garantizar que, quienes no tienen conciencia de haber vendido sus casas, las conserven".