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Una vez más... En defensa de la escuela pública Imprimir E-Mail
jueves, 21 de mayo de 2009

Mary C. Bolaños Espinosa, maestra. Miembro del STEC-Intersindical Canaria.-

Soy maestra, llevo casi treinta años ejerciendo la docencia, amo profundamente mi profesión, me siento muy orgullosa de pertenecer a un colectivo, el de docentes, que, a pesar de que nos formaron, básicamente, para enseñar matemáticas, lengua, inglés…,  desde nuestro primer día de trabajo en la escuela, nos dimos cuenta de que hacer sólo eso era imposible, y que, realmente,  educar supone, enseñar a ser personas, a pensar, a decidir, a participar, a convivir;   me siento muy orgullosa de formar parte de un colectivo  que  ha tenido que adaptarse a los cambios vividos en la escuela y en nuestra sociedad, actualizando conocimientos, cambiando nuestras formas de enseñar, cumpliendo el papel de educador/a, orientador/a, trabajador/a social, agente de viajes, monitor/a, administrativo/a, enfermero… y un largo etcétera, sin demasiada ayuda por parte de nuestra empresa, la Consejería de Educación. 

Sí, me siento muy orgullosa de estar integrada en un colectivo, el de docentes, con el que he compartido “buenas escuelas”, en las que a pesar de no estar bien dotadas de medios materiales y personales suficientes, hemos proporcionado amplias experiencias educativas a nuestro alumnado, nos hemos preocupado por conseguir altos niveles de aprendizaje, hemos logrado implicar a la comunidad, y promover el desarrollo del propio centro y de su profesorado.

Y me siento impotente ante la desfachatez que la Consejera de Educación Milagros Luis y su equipo están teniendo, ante las actitudes intransigentes, faltas de verdad y respeto hacia nuestra profesión y  la escuela pública que estamos sufriendo por parte del Gobierno de Canarias.

Soy madre, tengo un hijo y una hija en la escuela pública, estoy muy satisfecha de los centros educativos y del profesorado que los ha formado a lo largo de sus años de escolarización (9 y 12 años, respectivamente), y me siento  orgullosa de las AMPAS de los centros donde han estudiado, porque he vivido de cerca su preocupación y defensa valiente del servicio público de educación. Pero me ha entristecido ver el viernes 8 de mayo al presidente de la Confederación de APAs de Canarias, en rueda de prensa con la Directora General de Promoción Educativa, bendiciendo las medidas puestas en marcha por la Consejería de Educación y haciendo declaraciones que atentan contra la imprescindible colaboración de docentes y familias para construir una escuela pública de calidad. En concreto, se refirió a las actividades extraescolares, de las que dijo que "no son función de las familias, sino que las hemos acogido por el incumplimiento de quienes tienen esa responsabilidad: el personal docente". ¡De pena!.  Quiero ser “bien pensada”, creer que le han engañado y que no se ha estudiado bien las órdenes, las resoluciones y los números que las acompañan. Pero, debo decirle, que con estas actuaciones muchas madres y padres vamos a dudar sobre su función representativa y vamos a pensar que no son conscientes de que están colaborando con el deterioro de las escuela pública a cambio de que “en la Mesa de Calidad incluso han aceptado algunas de nuestras propuestas".”. Ya me gustaría a mí saber qué propuestas, porque no alcanzo a verlas en mi escuela, ni en la de mis hijos, ni percibo que usted represente y defienda mis intereses como madre de escuela pública.

Soy ciudadana canaria, contribuyo con mis impuestos  a sustentar la Administración  del Estado y los gastos públicos. Y entiendo que la responsabilidad de los políticos que son puestos en sus cargos con los votos de los ciudadanos y ciudadanas, que están planificando con el erario público y que se supone que son servidores públicos, es defender esos servicios. Y me siento indignada ante las declaraciones reiteradas de los miembros del Gobierno Canario, en las que recalcan su objetivo de privatizar la enseñanza. Como muestra, recordemos las declaraciones de Paulino Rivero a su llegada a la presidencia del gobierno, en las que argumentaba la necesidad de conseguir al menos un 50% de privatización de la educación en Canarias, como medida de calidad.  Y las del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, durante su comparecencia en comisión parlamentaria esta semana, en las que aseguró que su departamento "sigue y seguirá" subvencionando a las escuelas privadas del Archipiélago, al tiempo que lamentó que no haya más fundaciones privadas en las Islas que impulsen "una educación de calidad".

Si permitimos que estos señores, que declaran sin ningún tipo de rubor que defienden la escuela privada-concertada, en la mayoría de los casos garante de derechos para unos pocos, sean los que establezcan las medidas de calidad de nuestro sistema público de la educación,  garante de derechos para todas y todos, podemos prever sin temor a equivocarnos, cuál va a ser el resultado final: desmantelamiento de la escuela pública.

Tenemos que parar el “negocio”  que se han montado con la educación, con lo que no debería jugarse nunca, porque, como alguien dijo muy acertadamente, sólo apostando por la escuela pública y no por los negocios de la educación, invertimos en el conjunto de la comunidad, y sobre todo invertimos en un futuro igual para todas y todos.

Por ello, escribo estas reflexiones, desde el convencimiento de que si los docentes, las madres y los padres y la ciudadanía somos capaces de distinguir las falsas verdades, los datos encubiertos, las declaraciones grandilocuentes, de los hechos objetivos… seremos capaces de detener el  importante giro que en la política educativa pública canaria;  de puntillas y por la puerta de atrás, nos están tratando de imponer.

El giro se manifiesta en la consideración de la escuela y la educación pública como una mercancía más,  en la manera de afrontar la calidad y la mejora de los «rendimientos» escolares. Llaman la atención, sobre todo, las declaraciones que hacen las autoridades educativas, que pretenden con el uso ambiguo de este término dar «barniz» de excelencia a las prácticas que realizan.

Hace tiempo que el discurso de los valores y la democracia en la educación pública ha sido sustituido por la ideología economicista de eficiencia, competencia y libertad de consumo. Se ha planificado, con toda intención, el abandono del modelo de escuela pública participativa y democrática sustituyéndola por la caricatura actual de una escuela gerencialista, entendiendo por tal y desde el modelo neoliberal, que el problema de la «calidad» de la enseñanza pública se encuentra más en la gestión pública de la misma que en otros aspectos como, por ejemplo, la desigualdad social de origen en el alumnado, los medios humanos y materiales con los que se dota a la escuela pública y a la privada, etc.

La realidad social nos muestra algunos elementos que invitan al desaliento a quienes tenemos tareas de formación, aquí y ahora,  de personas responsables, críticas y maduras. El desánimo se afianza en quienes vemos que lo público, lo que es de todos y todas y para todos y todas, se privatiza o se utiliza al servicio de los intereses de unos pocos. Pero, es importante que este desánimo no nos bloquee y nos paralice.

La situación que estamos viviendo es muy dura, es de claro ataque a los importantes logros alcanzados en el avance de la calidad educativa de la escuela pública canaria.  Citemos algunos de ellos:

Año tras año se rebajan los dineros destinados a la educación pública y se derivan muchos recursos a la privada-concertada, permitiéndoles que continúen con sus privilegios.

El número de docentes para un centro se decide desde un programa informático, que sólo contempla 25 alumnos y alumnas por grupo, llegándose con demasiada frecuencia a 28 de “movilidad de matrícula” o a grupo mixto desde que tenemos 24. Nunca se tienen en cuenta las distintas características de este alumnado, la presencia de alumnado con dificultades importantes, los proyectos que se desarrollan en el centro, las características y responsabilidades del profesorado …

La dotación de los recursos materiales a los centros está siendo prácticamente nulo. Sólo hace falta recordar que el mobiliario de algunos centros es el existente en el momento de su inauguración hace ya 25/30 años.  O que la existencia, en los centros privilegiados, de un aula de Informática, conlleva que para que un alumno o alumna pueda acceder a un ordenador una hora a la semana, hay que hacer “encaje de bolillos” en los horarios. Y a fecha de hoy, 17 de mayo, los centros no han recibido todavía la dotación presupuestaria para funcionamiento correspondiente al primer semestre del año 2009. Se vuelve a generar las situaciones de débito producidas en el segundo semestre de 2008 en el que los centros recibieron la partida para dicho semestre en diciembre.

Los profesionales que nos ayudan a afrontar los problemas diarios que encontramos en nuestras aulas y que desbordan el ámbito de ésta: déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, actitudes disruptivas… cuyo origen personal, familiar y social ha de abordarse desde una intervención más integral, cada vez cuentan con menos horario para esta labor. La realidad es que se han reducido los efectivos en los centros públicos, desviándolos a los centros concertados, a los cuales se les han ofertado subvenciones para la contratación de orientadores,  a la par que los orientadores de la enseñanza pública siguen teniendo como responsabilidad los diagnósticos del alumnado de estos centros.

La irresponsable reducción de los ciclos formativos. Según los datos denunciados por los centros educativos, sindicatos, ayuntamientos, cabildos… de llevarse a cabo lo previsto para el curso 2009-2010, desaparecerán alrededor de 60 ciclos formativos, lo que afectará a más de 1500 alumnos/as, que tendrán que, en el mejor de los casos, desplazarse a otro municipio, incluso a otra Isla, para cursar la formación que desean, o bien estarán obligados a decantarse por otro tipo de formación. Es significativo que los ciclos formativos de grado medio y superior suprimidos en centros públicos han sido mantenidos en los centros privados concertados. Es inadmisible que, partiendo de la trascendencia que la F. P. tiene para el desarrollo económico, social y cultural de Canarias, máxime en un momento de crisis económica como el actual (24% de desempleo en Canarias según la E.P.A.), se recorte la oferta, en lugar de  incrementarla  con el fin de mejorar la cualificación de los trabajadores y trabajadoras, promoviendo así sus posibilidades de encontrar empleo al terminar la crisis.  Es decir, que de aquí a unos años, tendremos una población activa mucho menos profesionalizada, lo que implicará la importación de mano de obra cualificada, relegando a los canarios y las canarias a situaciones ancestrales de pobreza y marginación social.

La supresión de una segunda lengua extranjera en primer curso de bachillerato a partir de este curso 2008-09 ha contrastado con la cacareada promoción que la Consejería dice hacer de las lenguas extranjeras, haciendo oídos sordos a demandas y propuestas de asociaciones profesionales y asociaciones de padres y madres. Nos parece incongruente que sea sólo en Canarias donde se lleva a cabo esta  suspensión del segundo idioma en primero de Bachillerato, mientras se incluye en segundo, lesionando uno de los principios básicos del aprendizaje del idioma que es la continuidad en el mismo.

A esto debemos sumar la eliminación de la oferta de algunas lenguas en la Escuelas Oficiales de Idiomas y de todos los cursos específicos, que estaban destinados a que los profesionales (sanitarios, policías, bomberos...) mejorasen su cultura idiomática.

Es evidente que estas medidas impiden que el alumnado y los trabajadores y trabajadoras canarios compitan con igualdad de oportunidades en las enseñanzas superiores y en la incorporación a la vida laboral, lo que les permitiría su progreso social en una comunidad como la nuestra, en la que su sistema productivo está basado en gran medida en la industria turística.

El drástico recorte experimentado en los recursos destinados al asesoramiento a los docentes, en los centros del profesorado y los programas de innovación educativa, condenándolos a su práctica desaparición de los centros escolares. Y a ello hemos de sumar la reducción del 54% de los proyectos de mejora de los centros educativos para el curso 2009/10, y la vinculación de éstos a sus mal llamadas “medidas de calidad”, eliminando los destinados a la innovación educativa, formación en centros y bibliotecas escolares.

La imposición de resoluciones sobre la atención educativa y la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Educación Infantil y en la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, conlleva que no podamos dar una respuesta educativa adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, dada la escasez de recursos (maestros/as) con los que se dotan a los Planes de Atención a la Diversidad y a las elevadas ratios de las aulas. Esta respuesta educativa, además, se retrasa en su aplicación debido a que se aumenta el desfase de aprendizaje a dos ciclos, para tomar dichas medidas, entrando en contradicción con la “atención temprana” y el principio de prevención, además de que se limita exclusivamente al alumnado de “necesidades educativas especiales” (discapacitados, TGD y trastornos graves de conducta).

Las bajas del profesorado, de menos de 15 días, no son  cubiertas por docentes sustitutos y en los últimos meses, en demasiados centros se está viviendo la no cobertura de bajas de periodos mayores, con el consiguiente déficit de atención educativa al alumnado afectado. Mientras no se facilitan las cifras y el tiempo de las bajas docentes, y no cumple con la obligación de cubrirlas, nuestra empresa, la Consejería de Educación, orquesta campañas de desprestigio de nuestra labor, cuestionando nuestro trabajo. Y la realidad es que los centros mantienen la atención del alumnado,  realizando no sólo el trabajo de las personas enfermas que no son sustituidas, sino además trabajando en unas condiciones laborales y profesionales pésimas.

La recarga de tareas burocráticas – puramente administrativas - derivadas de la entrega de las tarjetas electrónicas para libros, inscripciones, matrículas, adjudicación de plazas y establecimiento de cuotas de comedor, absentismo del alumnado y del personal del centro, tramitación de bajas, control de comedor, seguimiento de proyectos, organización de salidas educativas, seguimiento de actividades extraescolares, acogida temprana, inventario de material, gestión económica… no se acompaña con personal de administración a tiempo completo, que permita al profesorado y al equipo directivo dedicarse más intensamente a las tareas pedagógicas que les corresponde.

En relación a los comedores escolares, el número de plazas de comensales para el próximo curso ha sido congelado, no admitiendo ni tan siquiera las previsiones de aumento formuladas por las direcciones de los centros educativos. Tanto para la adjudicación de plazas como para la asignación de cuotas, se priman en exceso las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral, acreditadas con certificados de empresas, sobre la realidad socio económica de las familias. De esta forma, se potencia un comedor “para los que puedan pagar la cuota máxima”, dejando fuera los trabajos realizados en la economía sumergida, que la situación actual de crisis promueve (sobre todo en el caso del empleo femenino) y a todas aquellas personas (la mayoría mujeres) que tienen personas dependientes a su cargo. Por otro lado,  la renta anual solicitada por la Administración y manejada por los Consejos Escolares, a partir de la cual se establecen las cuotas de comedor, es la del 2007, que, evidentemente, en muchos casos, no refleja la situación económica actual de las familias. Y, por supuesto, no se abren comedores en los centros de secundaria, ni se permite que el alumnado de esta etapa acceda de forma regular, tal como lo han solicitado muchos equipos directivos y AMPAs, al comedor del centro de Primaria del cual proceden. Desde que pasan a Primero de Educación Secundaria Obligatoria, en la práctica, pierden el derecho a este Servicio. Para el próximo curso no hay previsión de aumento en el número de auxiliares de comedor; es decir, que continuará siendo muy difícil ofrecer una atención educativa de calidad desde los comedores escolares. 

La Acogida Temprana constituye otro importante servicio presente en nuestras escuelas y que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar. Al inicio del presente curso 2008/09, cuando la Consejera anunciaba la pretendida novedad de la Acogida Temprana como una de sus medidas de calidad, respondimos que ésta no podía recaer sobre el profesorado, que desde hacía bastantes años muchas AMPAs venían realizándola, la mayoría sin ningún apoyo institucional; y que nos alegrábamos que la Consejería asumiera esta medida – facilitadora de la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias, no promotora de la calidad educativa – pero que debía de hacerlo con sensatez y responsabilidad.

Hoy, partiendo de los datos facilitados por la propia Consejería, se confirma que la sensatez y la responsabilidad han brillado por su ausencia. El 80% de los servicios de Acogida Temprana han sido gestionados por las asociaciones de madres y padres (de 309 centros de Infantil y Primaria que ofrecen este Servicio, en 238 de ellos son las AMPAS las encargadas de la gestión y sostenimiento), sobrecargando de trabajo burocrático a las Asociaciones de madres y padres; las subvenciones destinadas a la “acogida temprana” fueron ingresadas en abril de 2009, lo que obligó a las familias a costear este servicio durante siete de los diez meses del curso escolar, adelantando el dinero que el mantenimiento puntual de este Servicio conlleva. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias se gastaba el dinero público – nuestro dinero – en campañas de publicidad engañosas sobre esta medida y reiteradamente se “apuntaba el tanto” de que las familias canarias contaban de forma gratuita con este Servicio. ¡Qué falta de honestidad, engañar de esa forma a la ciudadanía!.

Pero, más grave aún es comprobar que, de cara al próximo curso, no sólo no asume la gestión de este servicio, sino que reduce el número de grupos acogidos a la convocatoria de subvención de acogida temprana. Mientras, en las entrevistas y ruedas de prensa anuncian que ampliarán esa medida al 75% de los centros escolares (este curso llegaron alrededor del 50% de los centros de Infantil y Primaria), las partidas presupuestarias que acompañan a la convocatoria delatan una realidad muy distinta. Los datos hablan por sí solos, de los 238 centros del curso actual, con uno o dos grupos, con horarios de 1 a 2 horas, dada la partida presupuestada se pasará a cubrir, como máximo, a 217 centros con un solo grupo, de una sola hora. Es decir, o nos ocultan datos, o se verán reducidos el número de centros que puedan beneficiarse, el número de grupos en cada centro, y el tiempo de cobertura del servicio.

El recorte encubierto de la financiación de las actividades extraescolares de tarde en los centros educativos públicos, manteniendo la misma dotación que hace cuatro años y ampliando su oferta, por primera vez, a los centros privados concertados, lo que supone que hay la misma cantidad de dinero para una mayor cantidad de centros.

A ello hemos de añadir que la propia Consejería de Educación no ofertó este curso la convocatoria para subvención de actividades extraescolares de los centros gestionadas por los Cabildos; y que algunos Ayuntamientos están suspendiendo o rebajando su compromiso económico con la organización de actividades extraescolares en los centros de su municipio, lo que considero una clara dejación de responsabilidades.

La pretendida medida de calidad denominada refuerzo educativo no ha supuesto más que  una cortina de humo más ante la realidad. Sin diagnóstico de partida, sin evaluación de las experiencias realizadas en muchos colegios gracias al esfuerzo de AMPAS, profesorado y Ayuntamientos, fundamentada en el insolidario aumento del horario de trabajo del profesorado…;  la medida, irrisoria, es proclamada por parte de la Consejería de Educación como uno de los ejes centrales de su plan de calidad educativa. Esto lo hace la misma Consejería que, en el horario lectivo, potencia el fracaso escolar con ratios altas, planes de atención a la diversidad que no se pueden desarrollar por falta de profesorado…

Otro Servicio, que según la Consejería de Educación, mejora cada año es el transporte escolar. Pero, lo cierto es que, el alumnado del segundo ciclo de educación infantil sigue sin tener derecho al mismo. Es decir, que el acceso de las niñas y niños de 3 a 5 años queda siempre a criterio de la Consejería de Educación, conllevando, por ejemplo que a alumnado de 3 y 4 años de caseríos de Anaga, en los que las Escuelas Unitarias ya han sido cerradas, no se les facilite el transporte escolar por parte de la Consejería aludiendo que la “educación infantil no es obligatoria”. O que el alumnado de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, siempre esté a expensas de que el número de alumnos y alumnas de 1º y 2º dejen huecos libres en la guagua escolar.

La supuesta gratuidad de los libros de texto para todo el alumnado de primaria, en la práctica, es bastante distinta. Se entregó una ayuda a todas las familias por igual: centros públicos y centros privados concertados, familias con pocos y con mayores recursos… ¿Dónde está el principio de igualdad de oportunidades que ha de ir siempre ligado a la compensación de los más débiles?, ¿cómo hacen frente a la compra del resto de los libros de texto y material las familias que no tienen recursos para ello?. Y eso, sin hablar de la carga de trabajo que ha supuesto para el profesorado y los equipos directivos la tramitación, revisión y control de tarjetas y libros de texto: un trabajo más, que tampoco es considerado. Para el próximo curso, la novedad parece ser que estará en una campaña de información que hará la Consejería en los colegios. Más dinero público destinado a publicidad institucional.

En poco tiempo se hará realidad el decreto que modifica la función directiva. Un paso más en el desmantelamiento de la esencia democrática de la escuela pública.

En esta tierra llevamos muchos años realizando grandes esfuerzos para mantener una educación de calidad y defender la escuela pública. Es más, creemos que a pesar de no contar con demasiados apoyos, con medios necesarios, hemos avanzado de forma considerable, hemos concebido la escuela como un lugar donde todos colaboramos - profesorado, alumnado y familias -, donde aprendemos de la tarea colectiva, donde hemos ido creciendo desde la diversidad, dando hermosos frutos en nuestro alumnado, que nos enorgullecen. Las comunidades educativas hemos sabido diseñar, experimentar y poner en marcha múltiples proyectos educativos, exigiendo a la par las condiciones necesarias para desarrollar una escuela canaria de calidad.

Por ello, y ante la amenaza del presidente del gobierno de Canarias en su discurso sobre el estado de la nacionalidad de  “seguir con el mismo ímpetu el resto de la legislatura” creo que es absolutamente necesario que todas aquellas personas y colectivos que estemos por la defensa de la escuela pública aunemos nuestras fuerzas en su defensa.

La página más negra de la educación en Canarias la está escribiendo este Gobierno. Y mientras el profesorado y las familias hacen esfuerzos denodados por hacerles entrar en razón, la única respuesta que encuentran es el desprecio, el descrédito y la total carencia de voluntad negociadora.

Nuestra escuela pública, la que tenemos en todos nuestros pueblos y barrios, a la que asiste la mayor parte del alumnado, en la que conviven niñas, niños y jóvenes con los iguales y los distintos, la única escuela que garantiza la calidad real y la igualdad efectiva y que sienta las bases de una verdadera cohesión social hacia un futuro más justo y equitativo, está en peligro.

Nuestra escuela, la que se construye mediante la participación colectiva de todas las personas implicadas: madres y padres, alumnado y profesorado,  en la que enseñamos a los niños y a las niñas a leer y escribir, a razonar, a conocer su entorno, en la que nos preocupamos de desarrollar su amor por la lectura, de que conozcan bien las lenguas extranjeras, de que se alimenten de forma saludable, que cuiden su cuerpo, que practiquen deporte, que conozcan y valoren nuestra cultura canaria, que conozcan y cuiden su entorno, que sepan buscar información en libros, en Internet…, interpretarla y reelaborarla, que sepan diferenciar una información de una opinión, que aprendan a investigar, que reconozcan el valor de la familia, sean respetuosos con los demás, que asuman valores de justicia social, de igualdad, de tolerancia, de solidaridad, que resuelvan sus conflictos de forma pacífica…, está recibiendo duros ataques.

Por eso, es imprescindible que hagamos llegar a la Consejería de Educación que no estamos dispuestos a aguantar más la ineptitud de este gobierno,  que no estamos dispuestos a soportar que su gestión se base únicamente en parámetros economicistas, de contención del gasto, que decidan medidas importantes a golpe de ocurrencias, sin sopesarlas, con altísimas dosis de soberbia y sin contar con las comunidades educativas. Sólo pedimos dignidad y reconocimiento de nuestros derechos. Y eso pasa por el apoyo real a la calidad educativa en la escuela que ofrece igualdad de oportunidades a la población, a la escuela pública.

Nuestra práctica diaria deja claras evidencias de nuestro compromiso con la calidad e igualdad de oportunidades en la escuela. Otra escuela es posible y ya se está construyendo. Hay docentes, alumnado, padres y madres, que estamos haciendo realidad esta escuela en muchos sitios. El que deje de ser testimonial requiere voluntad política y compromiso social por parte de todas y todos. ¡No permitamos que se den pasos atrás!

La consecución de una escuela pública de calidad es incompatible con la actual práctica de la Consejería y, por ello,  debemos intensificar nuestra lucha. Es imprescindible la unidad, la creación de un frente común de todos los agentes implicados en la Educación para defender la calidad y la dignidad del servicio público educativo y frenar la política de recortes de la Administración educativa.

La razón nos acompaña, la unidad y la planificación realista y certera de los pasos que debemos dar nos orientará el camino, y la implicación de cada uno de nosotros, desde su responsabilidad, asegurará que consigamos nuestros objetivos.

Mary C. Bolaños Espinosa, maestra. Miembro del STEC-Intersindical Canaria

 
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