"Ha sido una enorme tragedia". Así se manifestaban públicamente todas las autoridades civiles y eclesiásticas ante las consecuencias del incendio que arrasó casi por completo la Casa Salazar, sede del Obispado de Tenerife en La Laguna. "No es hora de buscar culpables", se excusaban al unísono.

Yo creo -y como yo muchos otros, que nos consideramos amantes del arte y la cultura y que nos tenemos por laicos- que, en efecto, no hay que buscar culpables (culpable, como tal, sólo lo es el fuego), sino que hay que identificar a los responsables. Responsables de que un edificio recién restaurado -con dinero público- pueda tener carencias en su instalación eléctrica que hayan podido propiciar un cortocircuito; responsables de que la instalación de bocas de riego contra incendios no tuvieran presión de agua suficiente o que sus conexiones no fueran válidas para las mangueras de los bomberos; responsables de que la madera del edificio (tea seca de facilísima combustión) no tuviera un mínimo tratamiento ignífugo; responsables de que un edificio del siglo XVII catalogado como Patrimonio Nacional haya sido pasto de las llamas por no disponer de un sistema autónomo de extinción de incendios. ¿ Y se habrá contratado la correspondiente póliza de seguros contra incendios para el inmueble? ¿Y las obras de arte se encontraban convenientemente aseguradas? Esperamos que sí, pero aún tenemos muchas dudas no solventadas. Ahora, con el dinero de todos y todas se reparará un bien inmueble de uso particular; otro más a añadir a la lista: Iglesia de Los Remedios de Buenavista, Basílica de Candelaria, Basílica del Cristo, Catedral de La Laguna...

No hay culpables: hay responsables; políticos y no-políticos. Y ellos tendrán que responder de sus acciones y omisiones. Y lo tendrán que hacer porque ellas pueden haber producido una grave pérdida histórica, patrimonial y artística (un "art-sesinato"). Y porque el erario público -al que todos y todas contribuimos con nuestros impuestos- se verá mermado y sustancialmente reducido en otros capítulos vitales y esenciales para la población como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Nunca rebajarán sus elevados sueldos ni sus prebendas, dietas o gastos de representación. Y si no, al tiempo... A nuestros políticos actuales -de uno y otro lado- siempre les ha seducido más "la foto" ante obras faraónicas de escasa y discutible repercusión práctica que invertir discretamente en seguridad para preservar (y perdón por utilizar este término cuando me refiero al clero) nuestros valores históricos y nuestro patrimonio cultural y artístico. Son así de ególatras.

Estoy -estamos- de acuerdo en que con nuestros impuestos se cubran los costos derivados de la restauración del inmueble calcinado. Pero no, como siempre, a cambio de nada. Quiero -queremos- que todo el patrimonio que "administra" (permítaseme el entrecomillado, ya que a la vista está que sólo administra, no protege) la Iglesia católica esté a disposición de la ciudadanía; quiero -queremos- que este patrimonio no nos sea escondido o escatimado en su uso, estudio o simple disfrute; quiero -queremos- que los políticos asuman sus responsabilidades de una vez y que pongan sobre la mesa una nueva fórmula de relación Iglesia-Instituciones Civiles que, desde el respeto al derecho que nos asiste, garantice un control público sobre los elementos físicos que contienen y sustentan nuestra historia documental, artística y patrimonial y que hoy por hoy están bajo la sotana eclesial. Y lo quiero -lo queremos- más pronto que tarde.

Realmente, no creo que este incendio se pueda catalogar como "una gran tragedia". Desde luego, no ha sido nada comparable a los cientos de miles de niños que mueren cada año de hambre en el mundo, ni al ascenso imparable del sida en las poblaciones africanas, hechos ante los cuales la Iglesia o bien no hace valer su indiscutible poder terrenal para forzar la ayuda humanitaria internacional o bien se limita a prohibir el uso del preservativo por "prescripción celestial". Esto sí que es una tragedia y no que se casen los homosexuales o que la religión sea optativa y no obligatoria en nuestros colegios. Y, por supuesto, es mucho más trágico a que se queme un edificio. El incendio ha sido, como mucho, un "hecho lamentable" fruto, posiblemente, de la incapacidad de unos para garantizar la seguridad de los bienes que -teóricamente- tienen en custodia y de la presumible laxitud de otros en exigir y coadyuvar a esa seguridad.

Y es que nuestra clase política, a veces -demasiadas para nuestras cansadas entendederas- olvidan para qué y por qué están donde están. Como cuando, de no haber existido la protesta popular, hubieran arrasado la casa natal del poeta Nicolás Estévanez en la Curva de Gracia para que pudiera pasar el tranvía "de la felicidad"...

Por eso, pido -pedimos- (o mejor, exijo -exigimos-) que se depuren responsabilidades, que se replantee la colaboración institucional con la iglesia y que se asuma por ésta que, efectivamente, la ciudadanía (creyente o no), a través de sus representantes legítimos, es la lícita propietaria del patrimonio histórico que aquella administra. Si no es así, les digo -les decimos- que la restauración del edificio incendiado, con mi -nuestro- dinero, NO. Y es que nunca pasa nada...