Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncia que el ejecutivo canario permitirá a los canarios más adinerados no pagar 200 millones de euros de sus impuestos, a cambio de prestarle al Estado esos 200 millones, que luego recuperarán con fondos provenientes de los ciudadanos que sí pagan sus impuestos. Este es el significado de la emisión de deuda pública, por valor de 200 millones de euros, materializables en la Reserva de Inversiones de Canarias, que se han previsto en la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para el año próximo.

Según Ramón Trujillo, coordinador insular de IUC, hemos convertido en ley lo que debiera ser delito y así vamos desdibujando las fronteras sobre qué es y qué no es corrupción. En opinión de Trujillo, la corrupción consiste en instrumentalizar las instituciones públicas para el lucro privado y ello puede ser legal o no. Y, cuando quienes quieren lucrarse a costa de las instituciones públicas, influyen en partidos y dirigentes políticos, lo lógico es que legalicen más y más mecanismos para acaparar recursos económicos, en vez de arriesgarse a realizar actos ilegales.

Desde IUC, se denuncia la inmoralidad intrínseca de permitir que se puedan prestar impuestos no pagados al Estado, para que éste los devuelva más tarde con dinero recaudado a ciudadanos con menos recursos. Y esto ocurre en la comunidad autónoma en que el 65% de asalariados que cobra menos de mil euros al mes no podrá prestar al Estado impuestos no pagados, mientras que muchos de los 16.749 canarios que poseen un patrimonio financiero de unos 150 millones de las antiguas pesetas sí podrán hacerlo.