La concentración de miles de guardias civiles uniformados que se celebró el sábado en Madrid, acompañados por familiares, con la adhesión de algún que otro amigo de pescar en río revuelto, obedece a una reivindicación justa, bajo mi punto de vista, y creo que millones de ciudadanos coinciden conmigo.

Antes, la guardia civil, desde su creación por el duque de Ahumada, estaba al servicio de la oligarquía, de los caciques, de los ricachones, e incluso de la Iglesia, tanto en tiempos monárquicos como en las dictaduras que se sucedieron en este país. Lo más reciente que recuerdan los españoles es que este cuerpo formaba parte de las fuerzas represoras del régimen de Franco contra los que no comulgaban con el dictador.

Pero ahora estamos en una democracia y la guardia civil debería estar al servicio de los ciudadanos, de la Justicia y de la Constitución. Uno de sus objetivos en los últimos años es poder contar con organizaciones democráticas que defiendan sus derechos, pero esto era imposible teniendo en cuenta el carácter militar de la Benemérita y la disciplina castrense.

Por tanto, entre las reivindicaciones de la guardia civil es la anulación de su carácter militar. Como decía uno de los manifestantes el otro día: “Nosotros somos policías no soldados”. Y tiene razón.

Ahora bien, para que puedan llevar con eficacia su labor policial y no tengan que estar pensando si podrán o no llegar a fin de mes con el dinero suficiente, para sacar adelante a su familia y a sus hijos, es justo que dispongan de un sueldo holgado, teniendo en cuenta, además, del riesgo que supone esta profesión. Deberían tener los medios materiales adecuados para desarrollar su actividad y no padecer ningún tipo de precariedad, sin olvidar los estímulos necesarios para tenerlos contentos.

El gobierno de Rodríguez Zapatero se equivocaría bastante si no atendiese sus reivindicaciones. Es su oportunidad de hacerlo antes de que termine su legislatura y para no dejar en el aire una promesa incumplida.

Tampoco en los ocho años de gobierno del PP se afrontó este problema, y lo que es peor, se redujo el número de efectivos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que ha sido un craso error que propició la instalación de todas las mafias habidas y por haber en el territorio español.