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La denunciante original, Victoria Casas, cree que todo esto no ha sido más que el detonante de unas irregularidades que van más allá y que podrían estar relacionadas con delitos urbanísticos, como refleja la propia Guardia Civil en un comunicado, ya que asegura que sus denuncias no tenían que ver con el Urbanismo.
Las detenciones este martes de seis personas en el marco de la Operación Brisan en Santa Brígida, han destapado oficialmente cuatro años de sospechas en torno a la gestión del ex alcalde satauteño, Carmelo Vega (PP), a raíz de las denuncias que la concejal de la oposición, Victoria Casas (CC) presentó ante la Audiencia de Cuentas.
El 11 de octubre de 2004, Casas presentó ante la Audiencia de Cuentas, acompañada por Los Verdes, el grupo que hoy gobierna el municipio junto al PP, una denuncia por diversas irregularidades que había observado en la gestión de los entonces responsables municipales.
En principio, la documentación que presentó Casas ponía la voz de alarma sobre supuestas contrataciones irregulares de eventos municipales a empresas del entonces alcalde, Carmelo Vega, ya que, como explicó a ACN Press Casas, “él mismo desviaba a sus empresas las contrataciones de eventos oficiales”.
Esas contrataciones irregulares también afectaron al entonces responsable de Urbanismo, Luis Troya, que según denunció la concejal de CC, encargaba compras de material de construcción a su propia ferretería. Además de eludir la Ley de Contratos, Casas denunció la utilización de vales municipales con arbitrariedad o la prestación de servicios sin contratos entre otras cosas. Todo ha sido corroborado por la Audiencia de Cuentas.
Estas denuncias han hecho que se les imputen a los ex alcaldes Antonio Díaz y Carmelo Vega, así como ex concejal de Urbanismo, Luis Troya y otros tres técnicos municipales los presuntos delitos de Exacciones Ilegales y Fraude, Falsedad Documental, Negociación Prohibida de Funcionarios, Tráfico de Influencias, Prevaricación y Malversación de Caudales Públicos.
Junto a la Operación Faycan (Telde), Góndola (Mogán) y Paraíso (San Bartolomé de Tirajana), Brisan, en Santa Brígida, es la cuarta operación contra la corrupción política que surge en Gran Canaria desde 2006.
AUDIENCIA DE CUENTAS
La Audiencia de Cuentas ha llegado a reflejar en su informe que el Ayuntamiento de Santa Brígida realizó entre los años 2000-2004, 12 contratos menores de los que no se ha dejado constancia de la aprobación del gasto y cuyos pagos se fraccionaron “con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda”.
Entre ellos se cuenta con la instalación de cámaras de control de tráfico, adquisición de material de ferretería, reparación y mantenimiento de vehículos, suministro de envases e instalación eléctrica, iluminación de Navidad, trabajos de impresión, suministro de revistas y programas de fiestas.
Por otro lado, quedó reflejado en dicho informe que el Ayuntamiento de Santa Brígida gastó entre 2003 y 2004, 29.472 euros en gastos por atenciones protocolarias que se abonaron a las empresas Las Casillas Servicios Hosteleros S. A. Y a Empresa Hostelera Carmelo Vega S. A., propiedad del alcalde de la villa en el momento en el que se produjeron dichos abonos.
La concejal cree que todo esto no ha sido más que el detonante de unas irregularidades que van más allá y que podrían estar relacionadas con delitos urbanísticos, como refleja la propia Guardia Civil en un comunicado, donde apunta que la operación se inició "tras la denuncia presentada hace unos meses por varios concejales de esta corporación municipal, según la cual algunos de los anteriores alcaldes habrían cometido diversas irregularidades relacionadas con el urbanismo", Pero Casas corrige: “mis denuncias no tenían que ver con el Urbanismo”.
PREVARICACIÓN
Hay que recordar que ya el juzgado de lo Penal nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria condenó al entonces primer teniente de alcalde de Santa Brígida, Luis Troya Ramírez, y al ex alcalde Carmelo Vega, a la pena de nueve años de Inhabilitación especial para empleo o cargo público, como autores penalmente responsables de un delito de prevaricación administrativa, por el derribo de un paterre de una particular, un fallo en el que se absolvía a la concejala de Hacienda, Patrimonio y Presidencia, Maria Teresa Vega Núñez, al consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, y al entonces alcalde Antonio Díaz Hernández. |
